A 40 años del golpe de Estado, Chile aún mantiene archivos con impedimento de acceso respecto a represiones, violaciones, delitos y crímenes de Derechos Humanos, gracias al carácter de secreto con que los selló la dictadura. Hoy Londres 38 dio inicio a la campaña que exige su apertura, 1500 firmas fueron entregadas al Presidente Sebastián Piñera en un llamado a la verdad, justicia y libre acceso a la información de todos los chilenos.
Esta mañana el colectivo Londres 38 llegó hasta la Plaza de la Constitución para hacer entrega de las primeras 1500 firmas de su campaña “No más Archivos Secretos”, la cual busca relevar la necesidad y derecho de la ciudadanía a tener acceso a determinados documentos que desde hace más de 20 años han sido acallados por gobiernos democráticos que nada han hecho por modificar su situación confidencial sentenciada por la dictadura.
La iniciativa que oficialmente comienza hoy, llama a la responsabilidad del Estado frente a los casos de crimen, delito y violación de Derechos Humanos ocurridos en dictadura militar, estableciendo exigiendo su derecho a la disponibilidad y acceso de toda información existente, sin amparo de restricciones que sólo llevan a la impunidad.
Erika Hennings, presidenta de Londres 38, expresó “Como sitio de memoria desde el comienzo hemos pensado en la necesidad de levantamiento de la sentencia de secreto a la que han sometido estos archivos, ya que por un lado es una transgresión al derecho de información, siendo absolutamente necesario que la sociedad entera conozca lo que pasó, como por otro lado el hecho de que también es una fuente muy valiosa para las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en tribunales”.
De la misma forma, Paulina Bravo, responsable del área de archivos de Londres 38, explica que la apertura de estos archivos restringidos sería un primer paso para la develación de la desprotección que tienen los ciudadanos frente a las denominaciones de acceso que se arrastran desde la dictadura. Al mismo tiempo, Paulina hizo alusión a la importancia de darle alcance público a estos documentos, “la presión por justicia y verdad sería aún mayor”.
La misiva, dirigida directamente al Presidente Sebastián Piñera, apunta al siguiente conjunto de documentos:
Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech) que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso arbitrariamente 50 años de secreto a pesar de ser información necesaria para esclarecer lo sucedido, hacer justicia y castigar a los culpables. Archivos de la ex Colonia Dignidad incautados en 2005, que podrían ser claves para develar casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se trata de miles de documentos y fichas producidas por esta organización criminal y que, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, han sido calificadas como “secreto de Estado” por el juez Jorge Zepeda.
Archivos aún en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia. Considerando el tiempo transcurrido y que estos organismos construyeron archivos y produjeron gran cantidad de información, demandamos al Estado su desclasificación y, en caso de haber sido destruidos, dar a conocer los elementos que lo acreditan.
La iniciativa también contó con la presencia de las figuras estudiantiles, Melissa Sepúlveda, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Naschla Aburman, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc) y Andrés Fielbaum, ex Presidente de la Fech. Todos ellos hicieron énfasis en el carácter transversal de este emplazamiento.
Por María Jesús Ibáñez Canelo
El Ciudadano