Un nuevo preso mapuche se suma en Valdivia a la huelga de hambre iniciada el pasado lunes 12 de julio, con lo que ya son 21 presos políticos mapuche protestando de esta forma a escala nacional.
El nuevo integrante, Ignacio Andrés Gutiérrez Coña, de 19 años, lleva más de 1 año y 4 meses de prisión preventiva y denuncia “excesivo tiempo de investigación” como una de las razones de su adhesión. Además, han comenzado a surgir expresiones de solidaridad, tanto nacionales como internacionales, en apoyo a la lucha indígena y sus reivindicaciones.
Gutiérrez Coña, fue detenido el pasado 9 de marzo del 2009 acusado de “incendio, homicidio frustrado y lesiones de carácter terrorista”, además de “hurto e incendio simple”, en lo que él y otros militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) han catalogado como un “montaje político-ideológico” por parte del Estado chileno.
En una declaración emitida el pasado lunes, Gutiérrez sostiene que “con esta medida de carácter pacífico y de justa demanda, comienzo una resistencia ante este Estado opresor por las injusticias y abusos que el estado chileno ha cometido en contra del Pueblo-Nación Mapuche”. Entre los principales abusos que menciona, sobresalen la “violación de derechos humanos” y la “preparación de montajes” para enjuiciar cívico-militarmente a los mapuches que luchan por las reivindicaciones territoriales.
Por otro lado, el petitorio esgrimido en su huelga coincide plenamente con el de los otros presos políticos, los que principalmente abogan por la “no aplicación de la Ley Antiterrorista (18.314), a las causas del Conflicto Mapuche”, “desmilitarización de las comunidades en conflicto territorial mapuche” y “fin al doble procesamiento civil y militar”, que a pesar de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2005, se sigue implementando en nuestro país.
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
En el mundo, la protesta ha comenzado ha recibir atención. La Comisión Ética contra la Tortura de Europa, CECT, ha llamado a las autoridades chilenas a que “tomen inmediatamente una actitud de respeto a los derechos humanos fundamentales del pueblo mapuche, por los cuales ha establecido luchas sociales por la recuperación de sus tierras ancestrales, de su cultura y derechos históricos”, y agregan que “la persecución del pueblo mapuche, el uso de la violencia militarizada contra las comunidades, juventud, ancianos y niños debe cesar”.
Desde Italia, la Asociación para los Pueblos Amenazados (APA), se ha manifestado en completo respaldo de las acciones de los presos mapuches y recomendó al actual gobierno que “aplique correctamente y sin condiciones la Convención 169 de la OIT, así como a la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Además, hace unos días, viajó una delegación mapuche, representada por Antonio Cadín y Víctor Ancalaf, a Ginebra para interponer una demanda en La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en contra del Estado chileno. La demanda está centrada en la implementación, en numerosas ocasiones, de la ley antiterrorista, además de haber procesado en la justicia militar a los presos políticos.
En una entrevista a Radio Bio-Bio, Cadín afirmó que «hemos estado denunciando todos los atropellos que han habido con los comuneros mapuche, los presos políticos mapuche, la violencia policial en contra de las comunidades y los niños mapuche». El dirigente también se refirió a la existencia de montajes en contra de los luchadores, denunciando las irregularidades cometidas por parte de “fiscales antimapuche y grupos corruptos de policías».
Por Sebastián Fierro
El Ciudadano
Fotografía: www.mapuexpress.net
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