Putaendo: Resistencia a proyecto minero Andes Cooper surte efectos

El pasado 17 de abril la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) resolvió formular cargos en contra de la Compañía Minera Vizcachitas Holding por una serie de infracciones calificadas como gravísimas, pudiendo ser sancionada con la revocación de la resolución de calificación ambiental, su clausura o una multa de hasta 10 mil unidades tributarias anuales (UTM).

El proyecto, conocido como Andes Cooper, corresponde a sondajes exploratorios, con el fin de concretar eventuales explotaciones mineras en el sector de Los Patos, en Putaendo, región de Valparaíso.

Se estableció que se habían realizado 82 plataformas de sondaje, es decir, 62 más que el máximo exigido por el DS N° 40 de 2012, y que además obliga el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En el texto del fallo de la SMA se señala que “a consecuencia de las obras asociadas al desarrollo de la actividad de prospección de la minera, se generaron diversas transgresiones a la normativa, que afectaron seriamente a la flora y fauna nativa, así como la alteración y contaminación de los cursos de agua de los ríos Rocín y Putaendo”.

El alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes, calificó de “importante y oportuna» la sanción fruto del trabajo de la entidad fiscalizadora y señaló que “esperamos que los canadienses que vienen a destruir el medio ambiente se vayan al más breve plazo: no los queremos en nuestra cordillera y no queremos que dañen el medio ambiente”.

El papel de la sociedad civil

Ítalo García, vocero de Putaendo Resiste, agrupación integrada por la Coordinadora 3 Ríos, Frente de Trabajadores por el Socialismo, Juventud Revolucionaria por el Poder Popular, Putraintu, Movimiento Socioambiental Valle de Putaendo, Movimiento de Temporeros, Aldeas Sin Sargento y Asamblea Popular, afirmó que “Chile es el Nº 1 del mundo en problemas socioambientales, por lo que faltan muchas cosas más allá de la resolución del Servicio de Medio Ambiente. Es una batalla más dentro de todas las luchas que hemos llevado adelante”.

La preocupación de las putaendinas y putaendinos se reflejó en un cúmulo de denuncias de parte de estas agrupaciones de defensa del territorio, así como de una junta de vigilancia, por las supuestas obras de sondaje que, en realidad, escondían trabajos de prospección minera sin contar con evaluación de impacto ambiental.

«Nos hemos jugado la vida en generar actividades. Tenemos comunicación con la mayoría de los movimientos que están en los diferentes valles y, gracias a ellos, hemos delineado forma de trabajo. Hemos podido generar mejores formas de gestión”, afirmó García.

Gracias a este trabajo de denuncia, la Dirección General de Aguas (DGA) pudo establecer el robo de agua, la modificación de cauces y destrucción de una napa. Además, se logró acreditar la influencia que pueden tener las labores de la minera en los glaciares de roca, la contaminación muy sobre la norma del Río Rocín y del Embalse Chacrillas con metales pesados.

Luego de realizar esta acción, el siguiente paso era concurrir hasta la PDI para concretar la denuncia. No obstante, la fiscalía de San Felipe señaló que no habían cargos penales, “siendo que un abogado ambientalista nos había dicho que sí los habían, porque cualquier persona que vierta elementos al agua que es de consumo humano, está sujeta a persecución penal”, señaló el vocero de Putaendo Resiste.

El dirigente denunció además el actuar del municipio: “Por ley, tenían 45 días para presentar un recurso de protección y no lo hicieron, sólo emitieron una declaración que, para nosotros, no es válida porque creemos que los comunicados públicos deben ir acompañados de gestión, sino son puras palabras. No se está actuando como debiera frente al riesgo a la salud de las personas de Putaendo”.

No obstante, tanto el edil como las agrupaciones ambientales coinciden en que la empresa nunca ha trasladado sus aguas industriales desde la cordillera. “No ha subido ningún camión que le haya prestado el servicio de transporte de aguas servidas. Todo el material de su trabajo de exploración ha quedado arriba, en el lugar llamado “puntilla del viento”. Por tanto, cualquier deslizamiento lleva a los elementos de sus perforaciones directamente al río. La contaminación es real”, remató Ítalo García.

El proyecto

Gonzalo Delaveau Swett

Si bien la Compañia Minera Vizcachitas Holding tiene hasta este jueves 27 de abril para apelar los cargos en su contra, es probable que los intentos por abrir un yacimiento de cobre-molibdeno, proyectado a cielo abierto y con una planta concentradora con una vida útil de 28 años, no lleguen a buen puerto.

El territorio escogido está ubicado en un cinturón rico en metales, vecino a Los Pelambres por el norte, y Andina y Los Bronces por el sur. Contiene un recurso indicado de 1.038 millones de toneladas, conducentes a un estimado de 8.5 millones de libras de cobre y 281 millones de libras de molibdeno. Si bien ha albergado a otras empresas desde los años ’80, ninguna ha podido pasar la etapa de prospección. “Falta de licencia social” es el eufemismo con que las publicaciones ad-hoc catalogan la dura batalla que ha librado la comunidad de Putaendo.

De ir adelante con el yacimiento, se requerirían 330 litros por segundo de agua. Hoy sólo poseen derechos de agua por 250 litros por segundo de la cuenca vecina del río Aconcagua. En el río Rocín, la empresa desea instalar una central de pasada de 28-30 MW, para la cual inscribió los derechos hídricos. En el estero de Chalaco, la comunidad teme que se instale el yacimiento a rajo abierto y un tranque de relaves.

Cabe mencionar que el director de Los Andes Copper Ltd. es el ex presidente de Chile Transparente, el abogado Gonzalo Delaveau Swett, quien tuvo que renunciar a su cargo luego de verse asociado a la investigación denominada ‘Papeles de Panamá’, que reveló sociedades en paraísos fiscales. Al menos cinco sociedades con domicilio en Bahamas fueron vinculadas a Andes Copper: Turnbrook Corporation, DK Corporation, Heatlhey International Inc., Turnbrook Mining Ltd. y Vizcachitas Ltd.