¿Qué despenalización queremos?

Cada vez son más quienes se suman a despenalizar el cannabis. Presidentes, jueces y analistas concuerdan que la guerra contra las drogas fracasó y se allanan a discutir el modelo de acceso a la marihuana y, porque no, a otras drogas. La discusión plantea abrir espacio al uso medicinal y generar las condiciones para un mercado regulado.

A fines de mayo, 21 efectivos de la PDI ingresaron durante la noche a conocido un centro cultural de Valdivia. En la operación detuvieron a un actor y un gestor de cooperativas, a quienes acusaron de tráfico de cannabis. Las pruebas de la policía fueron  6 plantas y unos gramos de marihuana incautadas.

Los jóvenes se suman a las 22.708 personas detenidas el primer trimestre de este año por infracción a la Ley de Drogas. Un 75,4% de ellos es detenido por porte o consumo. La cifra es un saldo más de la guerra a las drogas que libran la mayoría de los Estados del mundo, desde que en 1961 la Convención Unida sobre Estupefacientes decidiera juntar en un mismo saco sustancias con efectos muy diferentes y declararlas ‘drogas prohibidas’.

El resultado de décadas de prohibicionismo lo resume el integrante de la Corte Suprema argentina, juez Raúl Zaffaroni: “empresas mafiosas formidables, más muertos por balas que por sobredosis, chicos usando porquerías que los matan y que circulan sin ningún control. O sea, un desastre con muchísimos muertos”.

Un informe reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, que monitoreó la cruzada contra las drogas de las últimas cuatro décadas concluye que ésta creó una “amenaza para la seguridad internacional”. El documento ‘Drogas, inseguridad y Estados fallidos: los problemas de la prohibición’,  acusa que la prohibición no han impedido la producción, el tráfico y el consumo de drogas, en cambio, aumentó la violencia y la inestabilidad en el planeta.

Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia, clarifica que “las drogas pueden causar daño y dolor -y lo hacen-, pero también las políticas para su control. La meta es minimizar ambas clases de daño”.

LO QUE OBAMA NO QUERÍA OIR

Pese a no estar en la agenda, la discusión sobre políticas de drogas se tomó la VI Cumbre de las Américas, realizada en abril pasado en Cartagena de Indias. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Medina, propuso discutir el enfoque prohibicionista y el mandatario anfitrión, Juan Manuel Santos, reconoció que  es necesario “explorar nuevos enfoques y fortalecer esta lucha para ser mas efectivos”.

Ya el 2008, el más tarde derrocado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, propuso la legalización de las drogas, llamado que no tuvo eco entre sus pares. El mismo año se difunde una carta firmada por los ex presidentes César Gaviria (Colombia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Ernesto Zedillo (México) quienes reconocen que la guerra contra las drogas es una guerra perdida con nocivos efectos para toda la región.

Con los años se han sumado los ex presidentes Jimy Carter (EEUU), Vicente Fox (México) y, recientemente, Ricardo Lagos, quien sostuvo que “la guerra contra los estupefacientes se está perdiendo y hay que buscar nuevas alternativas”, las que a su juicio tiene que concordarse a nivel regional.

Ricardo Vargas, director de Acción Andina de Colombia, plantea que “América Latina continúa huérfana de una estrategia regional frente a la economía ilegal de las drogas. Por ahora prevalecen iniciativas aisladas, incoherentes, contradictorias, y sin apoyo notorio en la región, lo que facilita que los intereses de los Estados Unidos marquen el rumbo”.

LOS QUE PAGAN EL PATO

En 1998, la sesión especial de Naciones Unidas se propuso para la década “un mundo libre de drogas”. Diez años después el tráfico no ha sido reducido, sino que se ha expandido en sus rutas y en el control del mercado negro a través del globo. Y es que el estímulo es dadivoso. Según cálculos de INTERPOL y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sólo el mercado ilícito de cocaína en el mundo tiene un valor de más de 80 mil millones de dólares.

Sergio Sánchez, médico salubrista y docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, detalla que un grave efecto de la prohibición es que “fomenta el narcotráfico, disminuye la calidad del producto y obliga a los consumidores a meterse al  submundo de las mafias de las drogas”.

El 2011 en Chile fueron arrestadas 77.987 personas por infringir la ley de drogas. Un 66,5% de ellos fue por porte y un 11,9% por consumo. Ambos suman 78,4% frente al 17,3% que son los detenidos por tráfico. O sea, de cada 10 infractores, ocho son consumidores.

Ese año las policías se concentraron en la marihuana. El Plan Cannabis propuesto por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, hizo que aumentaran un 78,8% los decomisos de marihuana procesada y un 54,1% los de plantas. A la vez el decomiso de fármacos descendió un 57% y el de cocaína 30,9%.

Ibán de Rementería, secretario ejecutivo de la Red Chilena de Reducción de Daños, opina que “antes de la actual legislación, los detenidos eran unos 20 mil, de los cuales terminaban en los tribunales unos 6 mil y al final eran sancionados unos 3 mil. Con la aplicación de la actual legislación, los detenidos llegan a 80 mil. Si lo comparo con el robo con fuerza, que es el delito más repetido en Chile, donde las denuncias son 200 mil, los detenidos son 17 mil. Respecto de las denuncias por drogas, no alcanzan las 2 mil. O sea, hay una desproporción de los recursos policiales para perseguir las infracciones a las leyes de drogas. Esto es perjudicial para la aplicación general de la ley y tiene efectos bien desastrosos”.

Pedro Mendoza, abogado de la revista Cáñamo, considera que la prohibición “funciona para generar estadísticas policiales, detenciones y condenas; hechos sin ninguna importancia para el sistema penal. Hay miles de procedimientos por cantidades ridículamente pequeñas. Pero como a los fiscales les miden el rendimiento en condenar personas, los marihuaneros son presa fácil y los policías tienen asegurado el chancho”.

Zaffaroni agrega que se procesa a “miles de consumidores que ni siquiera son adictos. Esto genera  papeleo que casi nunca termina en condena y desvía esfuerzos de la tarea de perseguir el tráfico. Todo para nada. Sobre los condenados, se trata de pequeños vendedores o auxiliares menores. Casi nunca empresarios del tráfico”.

Patricio Souza, presidente metropolitano de la Asociación Nacional de Magistrados, reconoció a El Ciudadano que “entre microtráfico y consumo debe ser el 80 por ciento de los procesados por estas leyes. El gran tráfico, el que hace importaciones o exportaciones de drogas a gran escala, es lo que menos se ve en tribunales”.

Otro efecto es el daño a los usuarios al consumir productos adulterados debido al régimen de mercado negro en que funciona el mercado de las drogas declaradas ilícitas. Sánchez comenta que “el consumidor de una sustancia prohibida termina accediendo a un producto de mala calidad y perjudicial. Un caso conocido es el prensado de marihuana, que en algunos casos llega a tener bencina, pegamentos y solventes para que vuele. Si la sustancia fuese con control sanitario no generaría estos problemas”.

LAS PUERTAS DE SALIDA

Los estereotipos difundidos sobre el uso de drogas tras décadas de prohibicionismo nublan las salidas del desastroso escenario que ha provocado la guerra a las drogas, pese a los optimistas resultados de los países que se han atrevido a implementar políticas más sensatas sirven de experiencia.

Holanda en 1976 despenalizó la venta y consumo de marihuana y, si bien, en un principio los niveles de consumo aumentaron, al pasar los años se estabilizó y hoy exhibe cifras de consumo más bajas que los países vecinos que mantienen la prohibición.

Según datos del 2009, mientras el 5% de los holandeses (entre 15 a 64 años) fumó cannabis, los franceses alcanzan el 9% y los italianos del 14.6%. Holanda está por debajo de la media europea, estimada en un 6.8%. Respecto de la cocaína, también Holanda tiene índices menores que sus pares, situado en un 0.6%, comparado con la media del viejo continente que es de un 1.2%.

El país bajo también exhibe una tasa de mortalidad por drogas más baja que Europa (uno entre 8 millones de habitantes).y mucho menor que Estados Unidos.

Portugal desde el 2001 también ensaya un modelo de despenalización regulada. Se permite portar dosis de hasta 15 gramos de cannabis y en caso de detectarse algún consumidor problemático, se le deriva a un tratamiento de una agencia estatal, el que no es obligatorio. Portugal hoy tiene tasas de consumo menores a cuando penalizaba y ha reducido radicalmente las tasas de infección de VIH entre los usuarios de drogas. Hubo incluso una reducción en un 36% de los usuarios de heroína el 2010.

En Uruguay se anunció recientemente un proyecto de ley presentado por el gobierno de José Mujica del Frente Amplio, destinado a “legalizar y regular” el cultivo y consumo privado de cannabis.

MEDIDAS EN LO INMEDIATO

En Chile están sobre la mesa tres vías: permitir el uso medicinal, la despenalización del cultivo y consumo personal, un mercado regulado o un libre mercado bajo las leyes de la oferta, la demanda.

Pese a que mudar las políticas de drogas implica acuerdos a nivel internacional, hay propuestas para terminar con el flagelo de la prohibición. De Rementería propone en lo inmediato “acortar la extensión penal. No puede ser esta cantidad enorme de detenidos, que en su mayoría son usuarios y no narcotraficantes”. Además propone aplicar medidas alternativas.

“Esto exige que la Fiscalía fije una postura de lo que se persigue y lo que no. Ellos tienen atribuciones suficientes para definir eso. Tenemos el principio de oportunidad de la acción penal y eso podría ser aplicado determinando que el fiscal se abstenga de perseguir el cannabis”- sostiene el investigador.

Mendoza concuerda con esto, y exige que la Fiscalía determine con claridad los montos de consumo.  Además propone “la modificación del reglamento de la Ley de Drogas, que permita que en menos de 2 mts2, no sea necesario contar con permiso para plantar cannabis. Una extensión superior que exista una reglamentación para agrupaciones cannábicas o para usos medicinales”.

USOS MEDICINALES

El cannabis tiene usos terapéuticos en enfermedades como el cáncer, el VIH, glaucoma ocular y otras dolencias más. Un proyecto de ley presentado por la diputada Laura Soto el 2009 permite su uso terapéutico previa prescripción de 3 médicos y constancia en la comisaría más cercana al domicilio del usuario; claro que a cambio de aumentar las penas por microtráfico a 15 años.

Para De Rementería, la propuesta es “altamente discriminatoria. Si yo tengo un médico amigo que me recete cualquiera de los psicofármacos que disfruto, podré acceder a ellos, a diferencia de quienes por relaciones sociales no tienen médicos amigos o no tienen plata para pagar a estos médicos que aparecen en la tele. Es una propuesta selectiva y discriminatoria”.

Sánchez exige que “el Ministerio de Salud saque un reglamento que por lo menos lo permita para usos terapéuticos”. En Estados Unidos ya son 17 los estados que han legalizado el uso medicinal del cannabis a través de votaciones locales.

UN MERCADO REGULADO

El horizonte de un mercado de cannabis regulado parece ineludible, por lo que la discusión está en qué régimen se le podría dar a sustancias que tienen riesgos en una sociedad dominada por el libre mercado y mecanismos publicitarios sofisticados para ampliar los consumos de los productos. Por ello se vislumbra un mercado de drogas regulado para adultos y diferenciado según los riesgos de las sustancias.

Para Sánchez “hay que reglamentar el autocultivo. Se podrían establecer estancos a cargo de organizaciones sin fines de lucro supervisadas por el Estado, que se encargaría de verificar la calidad de la sustancia. La producción podría quedar en la manos de los mismos consumidores que sean capaces de organizarse y autoabastecerse, como lo permite el modelo español”.

Mendoza pide una “legislación similar a la del tabaco y del alcohol a largo plazo y por mientras podemos aceptar el cultivo para uso personal y tender a fortalecer las agrupaciones de usuarios”. Respecto de la publicidad, Mendoza propone una ley más restringida.

La propuesta que Guatemala puso en la mesa en Cartagena de Indias plantea despenalizar el consumo de cannabis, intensificar los esfuerzos de control del narcotráfico y generar un mecanismo que haga que los países de destino de las drogas aporten a los países productores. La propuesta exige además crear un Tribunal Penal Centroamericano para delitos de narcotráfico.

Desde que en agosto del 2009, la Corte Suprema de Justicia argentina declarara inconstitucional un artículo de la ley de drogas debido a que viola la ‘autonomía personal’, el país trasandino es el que más ha avanzado en la región hacia la despenalización del consumo de drogas y por estos días propicia un intenso debate para modificar la Ley 23.737 con 8 proyectos de ley presentados que apuntan a permitir el cultivo personal y la tenencia para uso personal.

Pero la apertura regional no alcanza para Chile. Hace un año el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, consultado en la materia por El Ciudadano, nos respondió que “nuestro gobierno no va a legalizar ninguna droga (…) consideramos que los países no deben legalizar las drogas y, por lo tanto, en Chile no vamos a legalizar”.

Entre consumidores y estudiosos del tema hay consenso en que se hace indispensable regular canales legales de producción y distribución de las sustancias hoy ilegales. Recientemente el diputado Guillermo Teillier se manifestó dispuesto a apoyar “la legalización del consumo de la marihuana para uso personal y privado”.

El parlamentario propone “eliminar medidas represivas y persecutorias, contar con una nueva calificación de drogas, profundizar en los estudios y conclusiones de médicos y científicos, y en políticas educativas respecto a este tema”.

Los argumentos sobran y el debate está abierto. Sólo falta dejar que el humo se lleve los prejuicios.

 Mauricio Becerra R.

@kalidoscop

El Ciudadano

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Especial Política de drogas de El Ciudadano

Ricardo Soberón, abogado peruano: “Hay que sentar las políticas de drogas en el respeto a los derechos humanos”

*Reportaje publicado en la Edición Nº 128. Julio, 2012.