¿Qué espera del Estado el movimiento de minorías sexuales tras el terremoto?

Chile cambió de golpe. Terremoto, tsumani y nuevo gobierno son parte de la nueva cara del país. Pero desde antes otro rostro venía conociéndose. El de un país con una mayoría ciudadana más progresista o menos conservadora que el pasado. El movimiento LGBT espera que la autoridad no pierda de vista ello.

Siempre las autoridades chilenas han tenido excusas para torpedear o aplazar sin fechas la igualdad de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

«Que no es el tiempo o el momento», «que no estamos de acuerdo aún», «que hay consenso, pero dejémoslo para más adelante» o «que simplemente no», son las frases típicas escuchadas a nivel público o privado, mientras la población LGBT carece de políticas públicas o leyes que hagan realidad uno de los más básicos principios constitucionales, aquel que garantiza a chilenas y chilenos nacer libres e iguales en deberes y derechos.

Ahora con el terremoto y el tsunami del pasado 27 de febrero, una de las más graves tragedias en la historia del país, el tema ni siquiera es una excusa. Constituye, por donde se mire, una urgencia humana y material de tipo nacional que requiere del concurso de todos y todas para la reconstrucción y, en especial, para paliar el brutal daño vivido por las víctimas de la catástrofe.

Nadie duda sobre lo que ahora es prioritario para el país y el movimiento chileno de minorías sexuales no es la excepción.

«No sólo estamos conscientes de lo urgente, sino también sufrimos por lo padecido por miles de personas en nuestro país. Como gran parte del país, hemos recalendarizado nuestras actividades o cambiado unas por otras que cumplan el mismo objetivo, pero privilegiando acciones o ayudas para quienes más lo necesitan.», sostiene el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Pero recalenderizar no significa bajar los brazos frente a las violaciones a los derechos humanos que aún persisten en Chile y que tienen como una de sus víctimas precisamente a la diversidad sexual. «Podemos actuar en frentes distintos. Podemos caminar y masticar chicle, y lo que uno espera del Estado es que haga lo mismo, en especial porque son quienes tienen el poder para potenciar los cambios», explica el presidente del Movilh , Rolando Jiménez.

Esta consideración ya fue, en alguna medida, advertida por Amnistía Internacional, cuando el pasado 4 de marzo resaltó «la importancia de implementar planes y acciones coherentes y consensuadas con el fin de asegurar que se sostenga una efectiva protección de los derechos humanos durante estas próximas etapas. Los esfuerzos y las acciones para abordar los problemas de derechos humanos deben comenzar durante la fase de ayuda humanitaria y estar en el centro de los trabajos de reconstrucción»

Y las justificaciones de eso son múltiples en el caso de las minorías sexuales y de otros muchos sectores sociales que aún no sienten en carne propia los significativos avances experimentados por Chile desde la recuperación de la democracia.

SIN COSTOS

Junto a las 800 personas fallecidas por la catástrofe natural, sin duda el saldo más cruel, uno de los graves problemas advertidos por el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha sido el daño material, que ya suma más de 1.460 millones de dólares sólo en la red vial y obras de infraestructura, dijo ayer el ministro del MOP, Hernán de Solminihac.

Como consecuencia Piñera busca una reestructuración del presupuesto anual, al tiempo que ha anunciado modificaciones en su programa presidencial, sin precisar en detalle cuáles tópicos sufrirán transformaciones.

Sea como sea, la verdad es que la implementación de garantías para el respeto integral a los derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo, no implica costos económicos para el Estado y, en caso de haberlos, son escasos.

Por ejemplo, en relación a las minorías sexuales una de las demandas y necesidades más urgentes es la ley contra la discriminación. Dicha norma, que incluye como categorías protegidas a la orientación sexual y al género gracias a una lucha de casi una década impulsada por el Movilh, está estancada en el Congreso Nacional desde el 2005, sin fechas para la votación final donde será aprobada o rechazada.

En tanto, los proyectos de ley que derogan normas homofóbicas y transfóbicas (artículos 365 y 373 del Código Penal), el Pacto de Unión Civil o la Ley de Identidad de Género, todos redactados por el Movilh y ya ingresados a tramitación parlamentaria, tampoco tienen luz verde, más bien su luminosidad es roja.

Aunque en el programa presidencial de Sebastián Piñera sólo se hacen escasas referencias a las minorías sexuales, que bien pueden vincularse al menos a la ley contra la discriminación y el Pacto de Unión Civil, lo concreto es que por ahora esos no serán temas ni centrales, ni tangenciales.

El cuestionamiento es hasta cuándo estos tópicos serán irrelevantes para la autoridad, si siempre ha habido una excusa para boicotearlos.

No hay respuesta clara, pero la verdad es que estos proyectos en nada entorpecen o dificultan la reconstrucción de país, son temas paralelos que en el corto plazo bien puede no discutirse dada las urgencias del país, pero sí en el mediano plazo.

«No somos desubicados, ni insensibles para hacer exigencias en estos momentos, donde las fuerzas requieren estar concentradas en un mismo fin. Es así como hemos modificado, porque así lo sentimos y queremos y no por estrategia, el calendario que teníamos previsto antes del terremoto», indica el Movilh.

Añade, sin embargo, que «al mismo tiempo tenemos la convicción de que nada explica postergar a largo plazo y sin fechas las necesidades de los discriminados y eso así ocurre sólo explicitará una incoherencia con los discursos electorales de las pasadas elecciones y una discordancia con los cambios socio-culturales experimentados por el país».

CHILE CAMBIÓ

Al 11 de marzo del 2010 es posible concluir que Chile cambió de golpe y desde diversos frentes. Por un lado está el terremoto y tsunami del fatídico 27 de febrero y por otro la llegada de Piñera al sillón presidencial que terminó con 20 años de gobiernos de la Concertación.

Hay otra transformación que fue más lenta, la sociocultural, que inició a comienzos de los 90 y que ya al 2010 da cuenta de ciudadanas y ciudadanos más progresistas, gran parte de los cuales pasó la cuenta a la Concertación, una coalición que mientras más pasaban los años, más se distanciaba de los discursos aperturistas.

«Durante 20 años se produjo una disociación entre los partidos de la Concertación y los movimientos sociales», donde las demandas y propuestas de cada uno se fue diferenciándose cada vez más. «Se consolidó (así) rápidamente la estabilidad política, económica y social del país. Pero el costo social y político de este proceso ha sido devastador» , advirtió el presidente de la Asociación Chilena de Ong´s Acción, Álvaro Ramis, en Le Monde Diplomatique.

Los movimientos sociales y gran parte de las sociedad civil organizada, son en otras palabras, uno de los principales termómetros de la situación país. No en vano, la mayoría de los chilenos y chilenas es favorable a una ley antidiscriminatoria y a otra de unión civil para homosexuales y heterosexuales, mientras que la aceptación hacia el matrimonio o la adopción de hijos o hijas por parte de parejas constituidas por personas del mismo sexo, aunque sigue siendo minoritaria, va en ascenso.

«Siempre advertimos que las instituciones estaban atrasadas y que una de las principales batallas impulsadas por nuestro movimiento, la sociocultural, estaba ganada en varios frentes. No en vano, vimos durante las elecciones que todos los sectores políticos e ideológicos debieron pronunciarse sobre nuestra realidad», señala el secretario general del Movilh, Juan Hernández.

El aprendizaje debe entonces ser asumido en forma real por todas las fuerzas políticas del país y no sólo en lo referente a una mejor comprensión de los derechos humanos, sino también a la postura ciudadana cada vez más crítica contra aquellas fuerzas políticas que no cumplen lo que prometen.

Es claro que ante estas constataciones; terremoto, cambio de gobierno y transformación socio-cultural, los movimientos sociales deben adecuar sus acciones para contribuir a la generación de sociedades más justas, sin pasar por alto las urgencias del momento.

En el Movilh el análisis y el debate sobre estas materias es continuo y por eso ya ha adelantado que centrará gran parte de sus acciones del corto plazo en acentuar aún más las transformaciones socioculturales, a objeto de cristalizarlas y/o impedir que se diluyan con lo sucedido en las últimas semanas en Chile.

Y también es claro que cuando sea necesario y oportuno, y sólo cuando estrictamente así lo sea, se recurrirá a la movilización política y social, «algo que en todo caso siempre hemos hecho, pues nunca una protesta ha surgido del instinto, una sensación o un prejuicio, sino que sólo luego de haber agotado otras vías, siempre con autonomía de toda corriente política ideológica o partidaria», apunta el Movilh.

Ello en ningún caso significa la «elaboración de shopping list» para presentar a los partidos o autoridades, explica Ramis. «Esto significa avanzar en una articulación social más fuerte, antes de anunciar manifestaciones improvisadas o que se limiten al activismo del día a día», puntualiza el presidente de la Asociación Chilena de Ong´s, Acción.

Por OpusGay

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Fuente: www.opusgay.cl