Un gran número de personas protagonizaron el jueves manifestaciones contra el régimen de Al Jalifa en diferentes ciudades de Bahréin. Además de condenar las agresiones del régimen de Baréin contra los ciudadanos, los residentes de la isla de Sitra (este) y la aldea de Al-Diraz (costa noroccidental), exigieron la caída del régimen dictatorial que dirige este pequeño reino.
En otra manifestación, que tuvo lugar en el pueblo de Sanabis, al oeste de la capitalina Manama, los participantes condenaron el rechazo de las autoridades a entregar el cuerpo de Abdul-Aziz al-Abbar a su familia. Fue el 18 de abril, cuando la dinastía Al Jalifa, durante una marcha opositora en el barrio de Saar ordenó el asesinato de Al-Abbar. El rechazo de las autoridades del país árabe a devolver el cadáver del joven ha provocado una ola de indignación entre los opositores.
Al- Abbar, de 27 años, murió el 18 de abril, después de 55 días en estado de coma debido a las lesiones que sufrió durante la represión de una manifestación celebrada a finales de febrero en Saar, una zona residencial al oeste de la capital. Decenas de miles de bahreiníes asistieron al funeral del, celebrado recién a principios de julio. La ceremonia fúnebre tuvo lugar en el pueblo de Sanabis, al oeste de la capital, Manama. El funeral fue autorizado con 75 días de retraso, pues para no hablar de la verdadera causa de su muerte, las autoridades del régimen se negaban a expedir un certificado de defunción. Aun así, mediante una fuerte presencia policial en el lugar, las fuerzas del orden impidieron el paso de los participantes. Los congregantes, por su parte, condenaron la continua matanza de los manifestantes bahreiníes que reclaman cambios democráticos dentro del sistema del país árabe.
El pasado martes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) criticó al régimen bahreiní por la violación de los derechos humanos y expresó su profunda inquietud por la represión de las manifestaciones pacíficas a manos de fuerzas gubernamentales.
Por otro lado, la oficina del fiscal público de Bahréin informó este jueves que el líder del partido opositor Al-Wifaq, Ali Salman, y su asistente, Khalil al-Marzouq, fueron acusados de violar las leyes del país sobre contactos en el extranjero para la celebración de una reunión con Tom Malinowski, subsecretario adjunto de Estado de Estados Unido, los derechos humanos y el trabajo el 6 de julio. La información otorgada por la fiscalía asegura que los dos acusados deberían haber obtenido el permiso antes de conocer a Malinowski en la embajada de Estados Unidos en Manama. El líder de la oposición y su ayudante fueron interrogados en el Departamento de Investigaciones Criminales un día antes de ser convocados a la oficina del fiscal público el jueves. Los dos quedaron en libertad después de dar la garantía de sus lugares de residencia.
Malinowski fue expulsado de Bahréin, sede de la 5 ª Flota de la Armada de Estados Unidos, a principios de esta semana después de ser acusado de intervenir “flagrantemente” en los asuntos internos del estado. El funcionario estadounidense abandonó el país el 8 de julio después de haber sido declarado persona non grata por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahréin.
En este sentido, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Jen Psaki dijo que Washington está “profundamente preocupado” por la expulsión de Malinowski de Bahréin, y agregó que su visita “se había coordinado con mucha antelación y una cálida bienvenida y alentada por el gobierno de Bahréin”. El Partido Al-Wifaq de Salman confirmó los cargos y los tildó de injustos. El partido chiíta afirma no hay regulaciones para prohibir los extranjeros reuniones nunca se habían aplicado antes, y nadie había sido procesado por estos casos.
Según el argumento de las autoridades, Salman y Al-Marzouq violaron un edicto del ministerio de Justicia, Asuntos Islámicos y Legado que estipula la comunicación de partidos de este reino árabe con organizaciones políticas, embajadas, consulados y representaciones foráneas. La ley bahreiní fija que dichos contactos deben ser coordinados con el ministerio de Relaciones Exteriores para que, si se autorizan, sean en presencia de un representante de esa cartera y con el visto bueno del ministerio de Justicia, al menos con tres días de antelación, apuntó BNA. Al-Wifaq describió la acción como una forma de amedrentar a la oposición bahreiní, integrada básicamente por miembros de la mayoritaria población chiita, y desalentar las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos y falta de democracia por parte de la dinastía Al-Jalifa.
Fuente: NoticiasPia