Luego de varios meses de espera y en un escenario de baja participación de los actores del movimiento estudiantil, el comprometido proyecto de reforma a la educación superior finalmente ingresa hoy al Parlamento.
Así, la presidenta Bachelet cumple con uno de sus más importantes promesas de campaña, el lema protagonista de su camino de vuelta a La Moneda, aunque en un escenario complejo, donde la decepción del movimiento social se hace sentir luego de las expectativas que generó el compromiso de realizar cambios profundos al modelo educativo en Chile.
Fin al lucro, gratuidad y fortalecimiento de la educación pública fueron algunas de las demandas centrales levantadas por el movimiento estudiantil en más de una década de movilizaciones. En el proyecto que llega al Congreso Nacional de la mano de la ministra Adriana Delpiano, no obstante, no todas esas exigencias son recogidas como los estudiantes lo exigieron.
“Desmontar un sistema de mercado (…) es muy difícil hacerlo en un año o en dos años, ya que es un sistema que lleva muchos años, es muy complejo muy heterogéneo. No estamos escribiendo en un papel en blanco”, recalcó Delpiano en declaración a T13.cl.
Las principales interrogantes apuntan esencialmente al escaso fortalecimiento y expansión de la educación pública que contempla la iniciativa, además de la ambigüedad para sancionar el lucro y la incertidumbre que existe respecto a consignar la gratuidad en favor de un derecho social universal.
Patricio Medina, el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago es enfático: «Bachelet habla sobre un sistema mixto y eso deja de lado el fortalecimiento de la educación pública. No señaló nada sobre un nuevo sistema de financiamiento o mejoramiento de los planteles estatales, ni de la creación de nuevas instituciones públicas, que era algo que se había conversado».
La educación pública, gran ausente
Uno de los legados de la movilización estudiantil desde 2006 hasta estos días es la férrea defensa de la educación pública y su rol en la consagración de un derecho. Por ello, la demanda figura como el principal ausente de un proyecto que plantea un sistema mixto que, para los estudiantes, continúa profundizando la privatización creciente de la educación chilena.
«Analizando la realidad, tanto en educación superior como secundaria, más que un sistema mixto, es un sistema privado con apéndices públicos», consigna Recaredo Gálvez, ex dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y actual investigador de Fundación Sol.
En efecto, las cifras evidencian que Chile es uno de los países en el mundo con la tasa más baja de matrícula pública. Por ello, la consagración de un sistema mixto consolida los peores temores de los actores sociales de la educación, lo que incluso ha motivado las críticas claras de los rectores del CRUCH.
«La privatización de la educación es un hecho: un 80% estudia en instituciones privadas versus el 20% de quienes están en las instituciones del Estado. No hay ninguna planificación para revertir esa situación en lo que plantea el gobierno, más bien está la idea de profundizarlo», critica la ex dirigenta de la FECh, Melissa Sepúlveda.
Para los actores que integraron y encarnan actualmente el movimiento social por la educación, la ausencia del fortalecimiento de la educación es decidora del verdadero espíritu de la reforma. «Ha sido una demanda transversal y el gobierno ha desistido de incorporarla con nitidez», consigna el ex dirigente y actual vocero de Izquierda Autónoma, Andrés Fielbaum.
Por otra parte, aunque el proyecto habla de un trato preferente a las instituciones del Estado, hasta hoy no se ha aclarado cuáles serán los criterios de crecimiento que impulsará el Estado, sin nuevos mecanismos de financiamiento.
El lucro y su expresión en los créditos universitarios
La regulación del lucro tampoco es uno de los aspectos más aplaudidos del proyecto. Pese a las exigencias, el Ejecutivo decidió no tipificar el lucro como delito, aunque la iniciativa establecerá penas de cárcel de hasta 5 años para quienes desvíen fondos institucionales.
«La reforma parece consagrar un rol del Estado enfocado en regular el mercado. Es evidente que no hay voluntad para sacar el lucro de todo el sistema educativo», señala Fielbaum. Patricio Medina, actual dirigente de la Feusach complementa: «No se hace mención a una regulación específica del lucro en instituciones privadas ni tampoco cuáles serán los criterios para recibir fondos públicos».
La continuidad del endeudamiento universitario es otro punto de conflicto, ya que una de las demandas del movimiento apuntaba a la disminución progresiva del CAE.
Así reflexiona al respecto el ex secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Sebastián Farán: «El lucro continúa y no se escapa sobre todo a través del lucro de los bancos con los estudiantes y cómo esos recursos se transfieren a universidades mayoritamente privadas«.
Desde los 90 en adelante, expresan los estudiantes, la postura de los gobiernos ha apuntado a legitimar la acumulación por parte del empresariado a costa de la educación. Así, se han visto favorecidas empresas que forman parte de holdings internacionales, como es el caso del Grupo Laureate y su presencia en la formación superior. «Ellos reciben un importante aporte del Estado por el CAE», consigna Gálvez.
«En el traspaso de fondos que se ha realizado por CAE a la banca privada nos damos cuenta que la intención del gobierno es financiar a la banca. Esos recursos se podrían haber destinado a gratuidad y con eso haber avanzado en la transformación de la estructura del esquema de la educación superior y en general», apunta el investigador de Fundación Sol.
No bajar las banderas: el desafío del movimiento estudiantil
Además de omitir otras demandas de los estudiantes en cuanto a las condiciones de pluralismo y democracia universitaria, la propuesta de la Nueva Mayoría tampoco convence en una de sus máximas promesas: la gratuidad universal. En este sentido, la crítica de los ex y actuales representantes se enfoca en las pocas garantías que existe acerca de la consagración de la educación como derecho.
«La gratuidad no se puede ir estableciendo en en relación al PIB. No se plantea ningún plazo y todo queda en la medida de lo posible o al arbitro del mercado», cuestiona Medina. Andrés Fielbaum agrega: «Si la gratuidad es solamente una beca que va a financiar el mismo sistema que tenemos ahora, no tiene ninguna lógica. Es sumamente irracional porque significa meter un montón de plata a un sistema que no funciona».
En adelante, los ojos estarán puestos sobre lo que ocurra en el debate parlamentario y en los próximos pasos del movimiento estudiantil tras el ingreso de la reforma al Congreso Nacional. Para la ex dirigenta Melissa Sepúlveda, la experiencia de la Nueva Mayoría con el resto de sus reformas no asegura un buen trámite: «Los proyectos tienen a retroceder en sus principios, en el financiamiento y en las posiciones políticas. Los sectores más conservadores han impuesto su opinión«.
A juicios de los ex voceros de la lucha estudiantil, el movimiento se enfrenta en un buen momento de agitación a la tarea de recuperar el respaldo ciudadano y transformarlo en presión activa hacia el Ejecutivo. «El movimiento no puede renunciar a ganar», recalca Fielbaum. Farfán lo apoya: «No se deben bajar las banderas y esto debe servir como impulso para llegar a más actores sociales. El gobierno de Bachelet engañó a la ciudadanía porque este era uno de los motivos de su reelección. Creo que están las condiciones para que se exprese un rechazo mayoritario a la reforma».
En la última reunión del Confech, los estudiantes proyectaron los pasos del movimiento para el segundo semestre y acordaron que necesitan volver a aglutinar apoyo masivo.
«Queremos radicalizar, lo que para nosotros es volver a tener 300 mil personas en la calle y un 80% de apoyo ciudadano. Estamos súper seguros de que la gente sigue apoyándolos, pero hoy deben saber se nos propuso algo y no se cumplió», finaliza el dirigente de la Feusach.
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