Cerca de las 10 horas de este miércoles comenzaron a reunirse en la Alameda los manifestantes convocados por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES). La marcha, denominada el “Pingüinazo”, ha sido autorizada por la Intendencia Metropolitana, aunque por la comuna de Recoleta, decisión rechazada por los organizadores, puesto que uno de los objetivos de la movilización es pasar frente a las dependencias del Ministerio de Educación, ubicado a pasos de La Moneda.
Pasadas las 11 horas, comenzó la marcha por la principal avenida de Santiago, interrumpiendo el tránsito vehicular de la calzada sur. “Esperamos una movilización pacífica”, había dicho la vocera de la CONES, Amanda Opazo, en la antesala. Sin embargo, a la altura de calle Dieciocho comenzó la represión de Carabineros con los carros lanza agua y lanza gases. Acto seguido, efectivos de Fuerzas Especiales comenzaron a detener manifestantes.
A pesar de las maniobras de dispersión desplegadas por la policía uniformada, los estudiantes continuaron en la Alameda. “¡Paco, farsante, tu hijo es estudiante!”, ha sido uno de los cánticos entonados, ante el numeroso contingente policial presente en el centro de Santiago. La concentración dio paso a un tira y afloja, que incluso empujó a los manifestantes hasta el sector de avenida Ricardo Cumming, al poniente del punto de reunión.
Las demandas estudiantiles
Previo al inicio de la marcha, Amanda Opazo habló con los medios de comunicación y explicó cuáles son las demandas del movimiento secundario. La primera exige la “revitalización de la educación pública”, dado que –argumenta– algunos “establecimientos se están cayendo a pedazos”.
Además, piden el fin de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) como mecanismo de acceso a la educación superior. Los estudiantes plantean que dicho examen “segrega por nivel económico”.
En el ámbito de los contenidos, la vocera de la CONES expuso que demandan una “democratización de la malla curricular”, una educación no sexista y la implementación de un programa de educación sexual. “Vivimos violencia de género dentro de nuestros establecimientos”, advirtió.
Además de este petitorio, anunciaron que solicitarán una nueva causal dentro de la Ley de Aborto, referida a que menores de edad puedan someterse al procedimiento, puesto que -según explicó Opazo- «parte de los embarazos no deseados son en parte por falta de educación sexual”.
Tomás Henríquez en la mira
Los estudiantes exigen además la renuncia de Tomás Henríquez, actual jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación. El Ciudadano informó hace unos días que el abogado ejerció como director ejecutivo de la ONG ultraconservadora Comunidad y Justicia. En su representación interpuso una querella contra el juez Luis Fernández, quien aprobó el cambio legal de sexo y nombre, previa petición formulada por su familia, de una niña transgénero de 5 años.
Como si fuera poco, respaldó al ultraderechista José Antonio Kast en un recurso presentado ante Contraloría, para solicitar que se declarara ilegal el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), mediante el cual el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se comprometía a implementar una agenda que concretaría una serie de demandas del mundo LGBTI, incluido el matrimonio homosexual.
“Es un hombre que incita al odio. Hizo que echaran a una estudiante por ser transexual”, afirmó al respecto Amanda Opazo.