Tras las condenas aplicadas a los Servicios de Salud de Concepción, Arauco y Viña del Mar-Quillota por parte de la Corte de Apelaciones del Biobío y la Corte Suprema respectivamente, la justicia está considerando los reclamos de los usuarios por negligencias en diagnósticos y mala atención en centros asistenciales.
El lunes pasado causó revuelo en la Octava Región el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción contra los Servicios de Salud de esta ciudad y Arauco, quien los condenó a cancelar una indemnización de 50 millones de pesos a los familiares de una menor, a quien tras una serie de deficiencias en su atención, le provocó una paraplejia.
La resolución determina que todos los hospitales donde recibió atención la niña –Curanilahue y Cañete, dependiente del Servicio de Salud de Arauco y el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción– son responsables.
En tanto, el máximo tribunal estableció que el Servicio de Salud de Viña del Mar–Quillota deberá cancelar una indemnización total de 80 millones de pesos a los familiares de una mujer a quien no se le detectó a tiempo un tumor canceroso.
El caso se remonta al 20 de junio de 2003 cuando la mujer acudió al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar a extirparse un lunar en la zona del esternón, cuyo diagnóstico de biopsia indicó que no había presencia de células cancerosas.
En agosto del 2004 la mujer nuevamente acudió al centro asistencial por un aborto espontáneo y al realizársele los exámenes de rigor, se detectó la presencia del cáncer. El médico a cargo solicitó el resultado de la biopsia realizada un año antes, y al ser reestudiada, se confirmó la presencia de los melanomas negativos.
Ambos casos han llamado la atención de la ciudadanía por las graves faltas cometidas por los centros asistenciales y por las fuertes condenas aplicadas a los Servicios de Salud.
Para el abogado especialista en negligencias médicas, Gustavo Mella, el fallo de los tribunales es un importante golpe contra el deficiente sistema de atención y tratamiento de la salud pública. “Por años hemos sido testigos cómo los malos tratos, humillaciones e incluso abandono de labores han perjudicado a miles de pacientes que por no contar con recursos, deben acudir al sistema público”.
“El sistema de salud público hace rato que está en crisis y necesita una cirugía mayor para sanarlo. No hablo de privatizar ni de externalizar los servicios, sino de hacernos cargo tanto autoridades, como ciudadanos de mejorar la salud pública que es un derecho esencial de todos”, argumenta Mella.
Actualmente, existen más de mil querellas y acciones judiciales contra centros asistenciales por diagnósticos errados, mala atención y negligencias médicas y administrativas.
Por Claudia Pedreros
El Ciudadano
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