«Si el pueblo fuera consultado, votaría Asamblea Constituyente y renacionalización del cobre»

Entrevista a Gustavo Ruz Zañartu, coordinador del Comité de Iniciativa por la Asamblea Constituyente

Veterano de las luchas estudiantiles de enseñanza media y universitaria en los años sesenta, Gustavo Ruz también participó activamente en las campañas presidenciales de Salvador Allende en 1958, 1964 y 1970.

Como Secretario General de la Juventud Socialista recorrió el país en 1970 aportando al triunfo de la Unidad Popular. A los 24 años asumió como Subsecretario Nacional del Partido Socialista, encargado de las relaciones con el Gobierno de Salvador Allende. Tras el Golpe Militar encabeza la dirección clandestina del socialismo, junto a Exequiel Ponce y Ricardo Lagos Salinas, ambos detenidos desaparecidos. En su breve exilio, se desempeñó como Secretario de Relaciones Internacionales de la Unidad Popular y luego como periodista en la Nicaragua sandinista.

En 1983 inició un segundo período de clandestinidad, al que pone fin en 1987 para volver a la legalidad, sin militancia partidista, “habiendo constatado que EEUU ya tenía cocinado el recambio de Pinochet por Patricio Aylwin para evitar el triunfo de la resistencia democrática”, explica. Desde entonces impulsa procesos unitarios, pluralistas, desde la base social, para recuperar el cobre y los recursos naturales, por la unidad e integración latinoamericana, por el reencuentro de los pueblos de Bolivia y Chile y en especial, para que las chilenas y chilenos generemos la mayoría social capaz de instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución.

“Este movimiento se desarrolla horizontalmente, desde abajo, sin rigideces burocráticas, superando el sectarismo partidista, a fin de que los chilenos volvamos a tener soberanía y seamos constructores de nuestro propio destino”, subraya.

-¿Qué es una Asamblea Constituyente? ¿Para qué sirve?

-La Asamblea Constituyente es una reunión de personas que representan al pueblo, que es el soberano, el que decide. Tú y yo, tu vecino, mi compañero de trabajo, todas las chilenas y chilenos, sea que vivamos en el país o en el extranjero, pertenecemos al poder constituyente originario. Somos soberanos para determinar el país que queremos, cómo vamos a organizar la economía, la institucionalidad y todo lo que tiene que ver con nuestra convivencia social. Pero como no podemos deliberar todos en un mismo espacio físico, entonces elegimos representantes para una Asamblea Constituyente, la que debe responder, siempre, ante el poder constituyente originario.

-Y el resultado de la Asamblea ¿Cuál es?

-Una Nueva Constitución que ha de regir hasta que el pueblo decida convocar a una nueva Asamblea Constituyente, que es la única facultada para cambiar la Constitución. Ningún grupo de parlamentarios o militares o empresarios puede usurpar esa potestad. Cualquier cosa distinta es una estafa. Ninguna generación tiene el derecho a imponerle a las generaciones venideras su propio esquema constitucional. Los poderes fácticos no tienen derecho a decidir nuestro destino, ni el de nuestros hijos y nietos.

-Hay quienes aceptan la Constitución de 1980 por puro pragmatismo…

-Así como tú tienes derecho a tener nombre, a caminar, a tener hijos, también los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación. Y el Estado chileno, es signatario del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esos dos instrumentos fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1966. Ambos establecen que la base de las relaciones internacionales está en el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Pero en la práctica el Estado chileno incumple dicho compromiso porque nuestra población está “determinada” por el “bando 3.464” que es el decreto mediante el cual cuatro generales nos obligan a obedecer la actual Constitución. “La honorable Junta de Gobierno, en uso de su potestad constituyente, decreta…”, dice en su primera línea. Toda una inmoralidad.

De ahí para adelante, todo el edificio institucional chileno está podrido, es ilegal. No sólo por razones jurídicas, sino por razones éticas y políticas, deberían declararse nulas tanto la mal llamada “Constitución” de 1980 como las Leyes Orgánicas Constitucionales y las Leyes Secretas emanadas de la Dictadura ¡que todavía están vigentes!, es decir, debemos acatarlas pero no tenemos derecho a conocerlas, porque son secretas…

-¿Por qué la Concertación aceptó aquello e incluso en 2005 le puso la firma del Presidente Ricardo Lagos?

-Porque los poderes fácticos –empresariales y militares, internos y externos– saben que el modelo económico actual es inaceptable para la mayoría de los chilenos. Representa el programa de aquella ultraderecha que gobernó con mano de hierro hasta 1920, cuando el estallido social obligó a las reformas de Arturo Alessandri. Que el Estado no se meta en la economía, que los ciudadanos no tengan derecho a participar, que sólo están obligados a obedecer, como mero rebaño, y que las decisiones fundamentales sean monopolizadas por el 1% más rico y poderoso. Por eso temen a la democracia, porque si los chilenos pudieran decidir libremente, jamás, en ningún caso, aceptarían entregar el cobre y demás recursos naturales; jamás aceptarían este modelo educacional, el centralismo de Santiago, ni menos esta Constitución. Por eso en 1988 el gobierno de EEUU intervino abiertamente para reemplazar a Pinochet por un civil de su plena confianza como Patricio Aylwin, abortando el triunfo de la resistencia democrática que había logrado un alto desarrollo en esa década. No crearon la Concertación para democratizar el país sino para conservar este tipo de capitalismo (Juan Pablo II lo denominó “capitalismo salvaje”), entregar el cobre al capital extranjero y garantizar la impunidad para Pinochet, todo lo cual implicaba conservar la esencia de la Constitución de 1980, que es lo que ha ocurrido. Toda una conspiración para engañar al pueblo, eficazmente coordinada por el embajador de EEUU en Santiago, Harry Barnes, recientemente fallecido.

-Hay un plebiscito poco recordado en la transición, ¿Puede recordar de qué trato?

-Se realizó en el año 1989, y fue impuesto por las fuerzas conservadoras, los grupos económicos, El Mercurio, el Opus Dei y el alto mando militar. Aquí es muy fácil echarle la culpa de todo a Pinochet, pero este ya había sido derrotado el 5 de octubre del 88. Imponen una maquinaria, y ponen fin a la Asamblea de la Civilidad, y hacen una alianza excluyente que es la Concertación con elementos altamente golpistas. Con el llamado a votar por el Sí en ese plebiscito, se legitimó la Constitución dictatorial y se elevó el quórum que inicialmente contemplaba para su modificación en el parlamento, a un nivel que la hace, en la práctica, inmodificable.

-¿Qué motivación podría tener un ciudadano para luchar por una Asamblea Constituyente?

-Primero que nada que es vergonzoso que seamos el único país de América Latina que conserva una constitución dictatorial. Es ilustrativo que en aquellos países donde se derrumbó el modelo neoliberal tuvieron lugar procesos democratizadores que culminaron en asambleas constituyentes.

La institucionalidad actual nos fue impuesta en un plebiscito fraudulento. Hace pocas semanas ofreció público testimonio de ello un ex agente de la Dina que reconoció que en el mal llamado “Plebiscito de 1980” todos los miembros de su destacamento votaron más de 20 veces, con distintas cédulas de identidad. Se hizo en Estado de Sitio, sin libertad de prensa. Un tongo.

Debiese motivarlo el que en una Asamblea Constituyente -y en el proceso político social que le antecede- podremos escucharnos y discutir con seriedad y altura de miras. Para que sepamos qué piensa el obrero, el empresario, el militar, el cura, el católico, el masón, el protestante, el islámico, el quechua, el mapuche, el aymara, el rapa nui. La Asamblea Constituyente es necesaria para restablecer el espíritu de un proyecto histórico nacional -que encarnaron los padres de la patria hace 200 años- que represente a los habitantes de este vasto territorio y no a los poderes foráneos que sólo se motivan por las ganancias del capital.

-¿Y por qué es tan complejo avanzar hacia una Asamblea Constituyente?

-Es lógico que los poderosos círculos empresariales, militares y políticos -que se transformaron en elite dominante en los últimos 39 años- sientan pánico ante la posibilidad de que aquella mayoría social excluida y aplastada por cuatro décadas, pueda entrar en la escena institucional e impulsar los cambios que Chile necesita. Por muchos años nos aplicaron la “Ley del Hielo” aprovechando el control totalitario que aún mantienen en los más grandes medios de prensa escrita, radio y televisión.

Pero las sucesivas y ascendentes movilizaciones de pueblos originarios, estudiantes, trabajadores, padres y apoderados, tanto en regiones como en Santiago, no sólo apuntaron al gobierno de turno sino contra el régimen económico y social en su conjunto. Nos han saqueado, desnacionalizado, reprimido y dividido para transformarnos en una neo colonia. Para que nos resignemos a que las compañías del cobre nos roben 35 mil millones de dólares anuales, libres de impuestos. Como si fuera lo más normal del mundo.

Y aquí está la madre del cordero. No quieren Asamblea Constituyente porque si el pueblo fuera soberano, si fuera consultado, lógicamente cambiaría la Constitución, cambiaría el modelo económico, el modelo educacional, el modelo de salud, el régimen de Administradoras de Fondos de Pensiones, los privilegios de las elites, reconocería los derechos de los pueblos mapuche, aymara, quechua, rapa nui, afrodescendientes, protegería la naturaleza, etc.

De ahí que en los últimos meses las fuerzas conservadoras – después de cuatro editoriales de El Mercurio y otros tantos de La Tercera– cerraron filas contra la Asamblea Constituyente. Pero no estaban preparadas para el debate y han recurrido a escandalosas falsedades y anuncios apocalípticos que obedecen a la típica partitura de la guerra psicológica programada por la CIA y el Pentágono de EEUU. Ningún argumento serio. La cuestión de fondo es que le temen al pueblo y harán todo lo necesario para mantenerlo excluido. Lo dijo claramente el ex ministro Edmundo Pérez Yoma: “Me opongo a todas las asambleas constituyentes, en cualquier parte”. También Carlos Larraín: “Imagínate Ramón, si hay Asamblea Constituyente cualquiera puede venir a opinar”. Esa era la postura de Luis XVI, Rey de Francia, hace 223 años.

-¿Qué crees que les pasó a los partidos políticos de nuestro país que, supuestamente, en un orden democrático, están para representar los intereses de los ciudadanos?

-Es que no estamos en un orden democrático. La colusión entre el poder del dinero y la política cupular partidista es un hecho incuestionable. Hay excepciones, por cierto, pero sólo son excepciones y no la norma. Están contaminados, mandados. Hoy el grupo Angelini solo o el Luksic, manda más que una mitad completa de todo el Congreso Nacional.

-Y mandan porque les financian las campañas.

-Y no solo eso, sino porque estos tipos son socio del grupo Bildelberg; mira cómo Luksic vende el Banco Chile a un consorcio transnacional y Piñera le vende el canal a un consorcio internacional y se van aliando al capitalismo financiero internacional que es el más criminal, el más voraz, que no respeta ni dios ni ley, ni nuestra bandera, ni nuestra aduana. Es decir, los aliados que tiene la oligarquía chilena son espantosamente antichilenos. El secretismo de las cúpulas está encadenado con la entronización mayoritaria de los capitales extranjeros, que no respetan nuestros derechos soberanos.

Lo confesó hace pocos días Paul Craig, brazo derecho del ex Presidente Reagan, quien declaró:

“En EE.UU. el gobierno ya no es responsable ante la ley ni ante el pueblo. Quienquiera es elegido a la presidencia o al Congreso responde ante los poderosos grupos de intereses privados que suministran los fondos para la campaña política. Después de comprar el gobierno, los intereses especiales cuentan con que serán servidos por el gobierno. El complejo militar/de seguridad obtiene miles de millones de dólares en beneficios con las guerras, sean calientes o frías. La paz no interesa al complejo militar/industrial.”

Aunque la cita está referida a EEUU, en Chile no estamos lejos de aquello.

-Frente a esto, ¿Qué se puede esperar de las Fuerza Armadas chilenas?

-Ellas no deberían olvidar que una potencia extranjera diseñó, organizó, financió y ejecutó la conspiración que llevó al asesinato de los ex comandantes en jefe del Ejército, René Schneider y Carlos Prats. Que para dar el golpe de Estado en 1973 el almirante Merino traicionó y destituyó al almirante Montero, jefe de la Armada; que el general Mendoza traicionó y destituyó al general Sepúlveda y a otros 15 generales de Carabineros que estaban por sobre su nivel jerárquico. Tampoco pueden ignorar que en los acorazados estadounidenses anclados en el puerto de Valparaíso, durante la Operación Unitas, operó la dirección efectiva del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Y que la crisis que enfrentamos hoy es producto de ese proceso. Nuestros soldados no pueden secundar la postura sorda e intransigente del 1% que realmente se enriqueció con el golpe militar de 1973 y que ahora pretende que la ciudadanía no participe en política manteniendo las instituciones elitistas y autoritarias impuestas en dictadura. El clamor popular es concluyente: es el pueblo quien tiene que decidir y la Constitución actual no lo permite. Se los ha dicho la masonería, se los ha representado la Iglesia católica, el 90% de las organizaciones sociales y culturales… pero el grupito del 1% permanece impertérrito, ciego, sordo y mudo.

Las Fuerzas Armadas, precisamente por el rol que jugaron en la entronización de este régimen, deberían favorecer el proceso democratizador que se abre con una Asamblea Constituyente, en la cual será necesario discutir el nuevo rol de los institutos militares, que no pueden continuar siendo un Estado dentro del Estado. Sólo la Asamblea Constituyente –por su apertura al diálogo sin exclusiones- abre las puertas a un Estado Social de Derecho, a la seguridad y la paz interior, y por sobre todo, a la soberanía nacional.

-¿Ve que ese sentir sea mayoritario en la FF.AA?

-No puedo afirmarlo, pero sí puedo decirte que cuando el Presidente Allende nacionalizó el cobre recibió el total apoyo de todos los altos mandos. Y que incluso en el seno de la Junta Militar, cuando se discutió la Constitución de 1980, prevaleció la idea de mantener la nacionalización del cobre, en los mismos términos que la aprobó por unanimidad el parlamento en 1971, contrariando la tesis de Jaime Guzmán y los Chicago Boys que pretendían privatizarlo.

-¿Cómo piensan lograr mayoría parlamentaria para que se acuerde un plebiscito sobre Asamblea Constituyente?

-Cuando Allende lanzó la idea de nacionalizar el cobre, no tenía mayoría parlamentaria. Fue por presión social que la derecha cedió y así se alcanzó la unanimidad. No les pedimos nada a los partidos políticos, les exigimos que cumplan con su obligación de escuchar al pueblo. Cualquiera que se niegue a un plebiscito para que el pueblo decida si quiere seguir con esta Constitución o quiere cambiarla, terminará en el basurero de la Historia.

-¿Se puede decir que el proceso constituyente ya comenzó en Chile?

-Así es, incluso los hermanos mapuche, en su trawun del cerro Ñielol en 2010 y en el de Tirúa, en 2011, acordaron una Asamblea Constituyente para que el Estado chileno se declare plurinacional e incorpore en su Constitución todos los avances que las Naciones Unidas han hecho en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Tal es el sentido del Pacto Social, que pretendemos firmar, representantes de todos los pueblos de Chile, en las próximas semanas. A ello súmale los acuerdos logrados por amplia mayoría en los encuentros nacionales de la Anef, del Colegio de Profesores, de la mayoría de las federaciones estudiantiles, CUT, federaciones campesinas, la Asamblea de Magallanes, la de Aysén, de Calama, etc.

En este proceso está madurando la fuerza del poder constituyente originario que más temprano que tarde permitirá ganar un plebiscito. Después tenemos que ganar las elecciones de delegados a la Constituyente. Luego el texto que emane de la Asamblea deberá ser sancionado por el pueblo en un nuevo plebiscito, que debemos ganar por abrumadora mayoría.

El concepto de Proceso Constituyente es esencial. Es lo que nos permitirá mejorar la correlación de fuerzas para aislar y doblegar la resistencia de las fuerzas conservadoras del status quo. A esos sectores les gustaría resolver “por arriba”, sin pueblo. Por eso presentaron, a comienzos de 2012, un proyecto de ley para que una comisión de senadores y diputados redacte la “nueva” constitución, la que sería sancionada por el actual Congreso Pleno.

-¿Qué iniciativas hay en el Chile actual para una Asamblea Constituyente y una Nueva Constitución?

-Diversas organizaciones sociales promueven una consulta ciudadana que se realizará en marzo próximo con la ayuda de votociudadano.cl. Claramente no es un plebiscito vinculante pero sí un importante ejercicio de soberanía que demostrará que la demanda por una Asamblea Constituyente es mayoritaria en Chile.

A su vez, como en Chile no se acepta la Iniciativa Popular de Leyes, varias organizaciones sociales redactamos un proyecto de ley que contó con el patrocinio de varios senadores y diputados para ingresarlo a trámite parlamentario. En él se propone que en las próximas elecciones de 2013, además de la urna para Presidente, Diputado y Senador, el Servicio Electoral provea una Cuarta Urna (tercera en las circunscripciones en que no se elige senador) que permita a los electores pronunciarse por una Asamblea Constituyente o por conservar la actual Constitución.

Hay numerosos candidatos a concejales y alcaldes de diversos partidos: Humanistas, PPD, PR, PS, PDC, Igualdad, verdes, comunistas e independientes, que promueven la necesidad de una Asamblea Constituyente.

El nuestro es un movimiento horizontal, abierto a todas las iniciativas, para que florezcan todas las flores, generando sus propios métodos de organización, sus propios liderazgos. No obstante lo mucho que se avanzó en los últimos años, aún falta para que el clamor ciudadano se haga ensordecedor, indesmentible, imposible de ignorar. Ya ocurrió en otros momentos de la Historia.

Por Bruno Sommer Catalán

El Ciudadano Nº134, octubre 2012