Sindicalista venezolano acusa que gobierno no respeta autonomía de las organizaciones laborales

Orlando Chirino, un dirigente laboral –y militante trotskista- venezolano, ha denunciado recientemente al gobierno bolivariano como «antiobrero y antisindical». Eso no obsta para que asegure que volvería a defenderlo ante un ataque imperialista o de la oligarquía.

A Chirino difícilmente se le podría acusar de «golpista» o «aliado del imperialismo». En el año 2002 condenó el golpe de Estado, movilizándose para defender la industria petrolera estatal de la paralización impulsada por su cúpula gerencial. En cada ocasión que se presentó, apoyó y acompañó los intentos de control obrero de fábricas cerradas por sus patronos. Su raigambre entre los trabajadores es tal que fue promovido como uno de los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la central obrera promovida por el propio presidente Chávez.

Si Orlando ha sido parte del llamado movimiento bolivariano por tantos años, ¿qué ha sucedido para que en el 2009 realice este tipo de afirmaciones acerca del gobierno que en algún momento defendió? Gran parte de la respuesta es: porque Chirino es un férreo defensor de la autonomía de las organizaciones sindicales.

El intento por controlar desde arriba el movimiento de los trabajadores comenzó tan pronto Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela. En 1999 inició un enfrentamiento con la tradicional Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), una central creada en 1947 por la influencia de Acción Democrática (AD), y convertida, a partir de 1959, en el principal interlocutor de las políticas laborales desarrolladas por el Estado.

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos del chavismo acerca de las irregularidades y vicios de esta organización, a falta de un movimiento laboral propio participan en sus elecciones internas en octubre del 2001, siendo derrotado el candidato bolivariano, Aristóbulo Isturiz, por el adeco Carlos Ortega, a la postre presidente de la CTV. Año y medio después, repitiendo la propia historia cetevista, el gobierno crea por decreto la que denomina «la verdadera central de los trabajadores»: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la cual rápidamente reproduce las perversiones que afirmaba combatir.

Una organización marxista que participó en su fundación, Opción Obrera, lo dice más claramente que nosotros: «La UNT nació bajo acuerdos por arriba, y se montó un show para las bases; en la dirección convergieron pocos dirigentes auténticos con trayectoria sindical (…) La UNT nació con el amparo gubernamental, quien la aupó. Las prebendas criticadas al sindicalismo cetevista de otrora, ahora se practican otorgándoselas a lideres de la UNT incondicionales del gobierno».

Paradójicamente, ante la limitada aceptación de la nueva central entre la masa obrera, y la resistencia de algunos sectores de la misma a su cooptación, desde el poder bolivariano se promocionan nuevas organizaciones para que a su vez desplacen a la UNT, como es el caso del Frente Socialista Bolivariano de los Trabajadores (FSBT).

Un segundo hito, justificado con el argumento de debilitar la burocracia cetevista, fue la promoción del llamado «paralelismo sindical» desde la casa de gobierno, creando artificialmente y desde afuera organizaciones sindicales en las principales empresas del país. De esta manera el chavismo podía publicitar que con casi 700 sindicatos registrados, el proceso bolivariano había promovido como nadie la organización de los trabajadores. Sin embargo este aumento de los gremios no significó su mayor incidencia en las políticas laborales.

Un indicador lo constituye la paralización de la discusión de los contratos colectivos en las empresas públicas, contabilizándose a finales del 2007 la cifra de 243 contratos caducos, paralizados y sin firma, en un sector que para mayo del 2009 emplea a 2.244.413 personas, una cuarta parte de las contratadas por el sector privado. Las decisiones en materia de salarios, condiciones laborales y leyes que norman el mundo del trabajo son tomadas unilateralmente por las instituciones del Estado, tras lo cual, mecánicamente, son ratificadas por los voceros de la UNT.

Además de la fragmentación y pérdida de capacidad de presión y negociación, el paralelismo sindical ha exacerbado las disputas por el control de los puestos de trabajo en las áreas petroleras y de construcción -en donde el sindicato puede ubicar el 70 por 100 de las personas contratadas-, con lo que han aumentado escandalosamente los casos de sicariato contra sindicalistas y trabajadores por pugnas intergremiales. Desde junio de 2008 hasta cuando este texto se escribe se han contabilizado 59 asesinatos que proliferan entre la mayor de las impunidades.

Un tercer elemento lo constituye la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un cuerpo partidista que, en las propias palabras del primer mandatario, debería absorber a todas las iniciativas orgánicas que apoyan el proceso bolivariano, incluyendo a las organizaciones sindicales. Pocos fueron los que defendieron la independencia de los órganos de los trabajadores, pero el disenso a la línea oficial no fue tolerado.

«DECLARACIÓN DE GUERRA CONTRA LA CLASE TRABAJADORA»

En marzo del 2007 Chávez afirmaba en un discurso «Los sindicatos no deben ser autónomos (…) hay que terminar con eso», lo cual fue seguido por declaraciones sucesivas en la misma línea, llegando al cénit, en marzo del 2009, cuando tras ridiculizar las reivindicaciones de las empresas básicas de Guayana -el cinturón industrial más grande del país- amenazó con utilizar los cuerpos policiales para reprimir cualquier intento de realizar movilizaciones o huelgas en las mismas.

Para un revolucionario como Orlando Chirino aquello era insoportable, declarando en su momento que aquello «constituía una declaración de guerra contra la clase trabajadora».

Actualmente se desarrollan diferentes iniciativas para intentar aumentar el control sobre los trabajadores y trabajadoras del país. Por una parte se han venido aplicando artículos de leyes que limitan y penalizan la realización de protestas, con lo cual las personas se ven en la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales, además de serles prohibido la participación en reuniones y manifestaciones, como ocurrió el pasado 13 de julio a 5 dirigentes sindicales de la refinería de petróleo de El Palito, al occidente del país.

Por lo menos, según cifras difundidas por voceros de los colectivos afectados, un total de 2.200 personas estarían actualmente sometidas a dicho régimen. Hay que resaltar que, curiosamente, más del 80 por 100 de los afectados son parte del movimiento de apoyo al gobierno nacional. Este detalle es significativo en tanto desde el año 2008 ha venido aumentando el malestar social ante las miserias y limitaciones de la vida material para los trabajadores de a pie.

Las protestas por derechos sociales han desplazado a las movilizaciones por derechos políticos, que protagonizaron el panorama durante los años 2002 al 2006. El incumplimiento de las expectativas generadas por el discurso bolivariano, el debilitamiento de las redes clientelares por la disminución de los ingresos petroleros así como el estancamiento y retroceso de las políticas sociales efectistas, conocidas como «las misiones», han catalizado el malestar acumulado por la ausencia de transformaciones profundas que hayan mejorado significativamente la calidad de vida de las mayorías en el país.

Otra iniciativa en camino es, nuevamente por decreto desde arriba, sustituir a los sindicatos por «consejos de trabajadores» para la discusión de las condiciones laborales dentro de las compañías, una propuesta inscrita dentro de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), un reglamente que ha venido siendo discutido en secreto en la Asamblea Nacional, dentro de un tren ejecutivo que se promociona en todos los confines del mundo como paladín de la «democracia participativa y protagónica».

Otras leyes, que parecieran no tener relación directa con el mundo del trabajo, han venido restringiendo los derechos de los trabajadores. Es el caso de la reformada Ley de Tránsito Terrestre, la cual en su artículo 74 prohíbe el cierre de calles que obstruyan el tránsito peatonal y de vehículos, lo cual ha sido la práctica histórica de protesta de los sectores populares, especialmente en la demanda de sus derechos laborales.

Por su parte, el 15 de agosto se aprobó una Ley Orgánica de Educación, la cual ha motivado la protesta de los grupos opositores por su carácter laico y por establecer normativas estrictas para las instituciones educativas privadas. Sin embargo, lo que esta oposición de centroderecha y socialdemócrata no cuestiona, y mucho menos el chavismo, son las limitaciones al derecho a la asociación, sindicalización y negociación del contrato colectivo que la misma no garantiza.

Una muestra del carácter reaccionario de dicho ordenamiento lo constituye el literal 5.f de la disposición transitoria primera, la cual establece que los maestros, maestras, profesores y profesoras incurren en falta grave «por la agresión física, de palabra y otras formas de violencia» contra sus superiores jerárquicos.

Como si fuera poco, la disposición transitoria quinta reglamenta la utilización de esquiroles «por razones de necesidad comprobada» para doblegar huelgas y paralizaciones, una práctica que se ha hecho habitual en la denominada «Venezuela Bolivariana».

Además, el movimiento chavista ha impulsado una arremetida contra los medios de comunicación no complacientes con el gobierno, cuya motivación principal es la visibilidad de los conflictos y las protestas que éstos suministran, en contraste con la escasa cobertura que ofrecen los medios estatales y paraestatales, autodenominados «alternativos y comunitarios», pero sin independencia editorial y financiera de ninguna índole.

Los socialistas libertarios de Venezuela afirman que su papel en este momento de fractura de la hegemonía bolivariana es participar, acompañar y radicalizar los conflictos, desde abajo y junto a la gente, así como estimular la recuperación de la autonomía beligerante de los movimientos sociales.

Por otra parte involucrarse activamente en la construcción de una alternativa, revolucionaria y diferente, al conflicto interburgués por el control de los ingresos petroleros que ha copado la escena política en los últimos años, combatiendo con el mismo empuje a la burguesía bolivariana en el poder como a los posibles rearticulamientos de los partidos políticos que han sido desplazados del mismo.

por Rafael Uzcategui

Tierra y Libertad