Sociedad Civil se manifiesta contra decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de negar el voto a privados de libertad

El 30 de septiembre en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se resolvió favorablemente, en una audiencia de cautela de garantías, la petición de 22 internos del Centro Penitenciario Santiago Uno, todos imputados sin condena sujetos a la medida de prisión preventiva, quienes exigen se garantice su derecho constitucional a sufragar en las elecciones municipales del próximo 23 de octubre.

A la audiencia, que resolvió favorablemente la posibilidad de sufragar de los presos, fueron citados abogados representantes de Gendarmería de Chile, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Servicio Electoral, en atención a la naturaleza de la solicitud, más el INDH y otras organizaciones relacionada al tema. Pero el día lunes 3 de octubre pasado, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, actuando de oficio y de forma muy poco transparente, y sin que ninguno de esto organismos citados a audiencia hubiese manifestado su oposición a la resolución, decide revocar la decisión del Sr. Juez Urrutia, además de abrir un sumario investigativo en su contra. Por estos motivos alrededor de una treintena de organizaciones ciudadanas y una veintena de personas naturales decidieron realizar una declaración en rechazo a esta medida de la Corte de Apelaciones.

En la declaración se afirma que esta decisión lesiona derechos humanos comprometidos por el Estado en tratados ratificados y vigentes, desoye lo planteado por la propia Corte Suprema el 2011 en un informe al Parlamento donde indicó que debía ser garantizado el voto a los presos sin condena y es además reprobable desde varios puntos de vista que detalla en la misma.

Finalmente, en la declaración se indica que este tipo de acciones, destinadas a restringir y limitar aún más los derechos de las personas privadas de libertad, lesionan la democracia y están lejos de ser un avance en materia penitenciaria. Por el contrario, vienen a acentuar con mayor fuerza la vulneración de derechos a la que día a día se ven sometidas las presas y presos de esta sociedad, que los margina y excluye, dejándolos en la completa indefensión como personas.