La jornada del pasado miércoles fue distinta para la nueva audiencia en el caso Luchsinger Mackay, puesto que al defensa de los 11 imputados decidieron pararse en el estrado y exigir que el fiscal Alberto Chiffelle muestre todas las pruebas que dice tener para incriminarlos y mantenerlos por más de cuatro meses bajo prisión preventiva.
La defensa de los comuneros solicitó a Fiscalía dar a conocer la prueba a propósito de las llamadas telefónicas que involucraría en el incendio a la machi Francisca Linconao y los demás imputados. Tras el requerimiento, el fiscal en juicio reconoció no poseer, ni haber poseído dicha prueba.
El que Chiffelle asumiera la falta clara de pruebas que incriminen a los Presos Políticos Mapuche, da cuenta el fallido intento por criminalizar a las comunidades en resistencia de La Araucanía, considerando que las dos razones más poderosas que tenía el organismo de Estado para hacer efectivas las medidas de cautela eran la declaración de José Peralino -quien luego se desdijo acusando presiones indebidas por parte de la PDI y Fiscalía- y una supuesta geolocalización, es decir, un reporte por comunicaciones telefónicas que involucra a cuatro de los imputados la mañana del 4 de enero del 2013, desde el domicilio de la machi Linconao, la cual se respaldaba en un supuesto CD entregado por la empresa Movistar, el cual determinaba la ubicación exacta de la antena.
Otra extraña situación es la del imputado Luis Tralcal, quien la noche del incendio durmió en un motel de Temuco, quedando registrado en la recepción. Sin embargo, a pesar de tener esa prueba, el comunero continúa en prisión preventiva ya que desde Fiscalía señalaron que «faltan unas hojas en el libro de visitas del hospedaje».
Cabe consignar que abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa CID SUR, encabezados por Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, habían solicitado recientemente que el Fiscal Chiffelle se inhabilite del caso Luchsinger Mackay, luego de las denuncias del ex Fiscal de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien declaró que en su calidad de Fiscal Regional Subrogante, Chiffelle cometió varios actos de discriminación e indebidas presiones para inculpar a comuneros Mapuche.
La abogada Karina Riquelme conversó con El Ciudadano y señaló que existen reiteradas faltas al debido proceso y una mala utilización del Derecho Penal y declaró que el juez a cargo del caso, le dijo a Chiffelle que si no tenía pruebas claras tenía que rectificar cualquier información antes declarada. Además, manifestó que lo más probable es que Fiscalía continuará la inútil lucha por acusar y criminalizar a los imputados, inventando o no pruebas que afirmen sus decisiones.
“Siempre lo han hecho así. Hace 6 años Cheffelle hizo exactamente lo mismo con otro grupo de comuneros que estuvieron casi 24 meses en prisión preventiva, los cuales al llegar a juicio salieron todos absueltos”. Finalmente, Riquelme reiteró la necesidad de establecer una medida de sanción que no deje impune todos los actos de violencia hacia los DD.HH provocados por el Fiscal y reiteró que con esta situación, la defensa cada vez tiende a acercarse más a su objetivo: libertad para todos los Presos Políticos Mapuche inculpados en el Caso Luchsinger Mackay.