Subsidios y otras políticas del Estado para la segregación de los damnificados por el 27 F

Título original: Subsidios de arriendo y otras políticas del Estado para la súper segregación de los pobladores damnificados por el 27/F

Un nuevo anuncio hizo el gobierno antes de fiestas de Navidad y Año Nuevo, y cuando nos acercamos al segundo año de la catástrofe del 27 de febrero de 2010. De la mano de Felipe Kast, que ha asumido la función de “Encargado para la erradicación de campamentos”, se dio partida a la implementación de un fondo de 1200 millones de pesos para el pago de subsidios de arriendo, los que durarán sólo tres meses para cada familia. En su presentación, el gobierno señala que ésta será una medida paliativa a la espera de reconstrucción, la que empezaría en 2012 (ahora sí que sí, dice).

El anuncio sucede mientras el gobierno declara cerrada (el 29 de diciembre) la postulación a subsidios para damnificados por el terremoto/maremoto y antes de que se den a conocer las asignaciones definitivas de subsidios, cuyo plazo termina este 20 de enero. Según ello, la respuesta a los problemas de vivienda de los damnificados queda de esta forma definitivamente resuelta, aunque solamente en una fase nominal.

A la prisa y sin previo aviso por parte del gobierno, se utilizará esta política de subsidios de arriendo dirigida a los damnificados en campamentos. Esto puede crear ilusiones de avance, al menos como una buena solución momentánea para quienes viven en mediaguas. De hecho, es difícil encontrar a algún político que haga críticas a su implementación. Sin embargo, ésta como otras iniciativas del Estado, operan bajo la lógica de las políticas capitalistas de acumulación.

Con la intención de abrir una discusión que ayude a esclarecer el sentido de esta violencia y segregación contra la población por parte del Estado, entregamos un análisis de esta medida en el marco de la reconstrucción pos terremoto. El artículo se propone revisar el concepto de reconstrucción y su estado de avance; luego, aporta algunas reflexiones sobre el propósito de la política de arriendos, la utilización de la catástrofe como oportunidad para agudizar la “guerra” por la tierra del capital contra la población, que incluye la política de seguridad-represión.

I. “Política de Reconstrucción”, un concepto contradictorio

Antes de referirnos al tema de arriendos, es necesario esclarecer algunas ideas respecto de la política de reconstrucción, traducida en un financiamiento y en un programa de emergencia. Los dineros en uso actualmente para reconstrucción, no resultan de un fondo tan “especial” ni son el producto de una auténtica legislación que se ponga a la altura del impacto de uno de los terremotos más grandes del mundo. Queremos decir más: al Estado actualmente no le interesa implementar verdaderas políticas de emergencia social para afrontar esta ni cualquier otra catástrofe. En general, podemos afirmar que la política de reconstrucción del gobierno en vivienda no es más que la administración de los fondos sociales ya existentes, es decir, que son relativamente los mismos fondos (las mismas instituciones y más o menos el mismo número de funcionarios) que cada año destina el Estado a vivienda social en condiciones de normalidad.[1] No ha existido en rigor una “política de catástrofe”, sino que se han adaptado los procedimientos para asignar recursos a este efecto. Sus “Programas de Reconstrucción” son financiados con el fondo de reconstrucción, creado a partir de un decreto y de tres leyes.[2]

Quizás es por esta misma liviandad que el gobierno pareciera estar constantemente improvisando, como ocurrió con el puente peatonal de Curanipe, exhibido como símbolo de la reconstrucción y que tuvo un valor de algo más de 47 millones, pero que se cayera literalmente soplado por el viento en diciembre pasado, antes de ser inaugurado.

Pero, al contrario de esta suerte de indolencia, podemos asegurar que el evento sísmico del 27 de febrero sí fue una catástrofe: causó un daño masivo a una extensa población que abarca varias regiones (tres al menos) y, sobre todo, a los más desvalidos; daños que se expresaron en obras viales, servicios, producción y, sobre todo, vivienda. Los que hoy alojan en campamentos, pertenecen a la población más vulnerable y, a la vez, eran los que habían sido llevados a vivir a los sectores más inseguros, como en este caso resultaron ser algunos barrios sociales construidos en bordes costeros. Lo absurdo es que, sin embargo, estas verdaderas trampas mortales permitieron a las empresas inmobiliarias amasar buenas y seguras sumas por concepto de construcción de viviendas sociales, financiadas por el Estado.

Por ejemplo, a fines de los ’90 en Talcahuano, tuvo cierta repercusión una discusión municipal acerca de la inconveniencia medioambiental de autorizar la construcción en el borde costero del sector Las Salinas. A pesar de las opiniones científicas que advertían lo inapto del suelo y el gran riesgo de inundaciones, pudieron más los proyectos de barrios sociales junto al mar, los que finalmente se transformaron en poblaciones como San Marcos y Santa Clara, arrasadas por el tsunami con el costo de decenas de vidas. Otra vez los más pobres justificaban y pagaban a los más altos costos esos malos proyectos habitacionales que, en cambio, solamente arrojaban ganancias extras a un sector ya enriquecido. ¿Y qué hizo el Estado al respecto? Nada.

El terremoto deja muchas dudas acerca de la política del Estado en materia de protección de los más pobres, puesto que no queda claro si la “política de reconstrucción” reconoce de manera efectiva a las víctimas y, en particular, a esa parte significativamente dañada que son los erradicados pos terremoto en campamentos de emergencia, que según cifras oficiales son casi tres mil trescientas familias, que se suman a las aproximadamente 25 mil familias ya existentes en campamentos.

Y es que la nula existencia de una política completa y excepcional para reconstrucción tiene un significado concreto en la definición de “damnificado”. Considerando la debilidad de esta política, más allá del discurso formal del gobierno y de la implementación de ciertas medidas de reconstrucción, podemos concluir que el damnificado del 27 de febrero es un individuo cuya condición particular no necesariamente implica la mayor responsabilidad del Estado.

Las cifras

A partir de esta especie de “leve” política de reconstrucción, el gobierno ha abordado hasta aquí el problema ofreciendo subsidios para dos tipos de soluciones: reparación de viviendas (a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, PPPF) y la construcción de viviendas (a través del Fondo Solidario de Vivienda, FSV, y del Subsidio Habitacional D.S. 40).

La información del Plan de Reconstrucción del MINVU, indica que el número de viviendas dañadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero, fue de 370 mil, pero el número de familias inscrito en el Registro de Damnificados del SERVIU es 288 mil. De ellas, a la vez, han sido validadas o habilitadas para acogerse a los programas de reconstrucción, solamente 220 mil. Para resolver el problema de damnificados por el terremoto del 27 de febrero, el gobierno ha reconocido a estas 220 mil familias como su meta, las que debían postular al proceso (hasta diciembre pasado) y recibir su asignación de subsidio (hasta el 20 de enero próximo).[3]

El proceso de reconstrucción se puede dividir en dos etapas: la asignación de subsidios, que vendría siendo la incorporación de los afectados al proceso; y la reparación y reconstrucción de viviendas, según sea el caso. Siguiendo los datos de Reconstrucción Cómo Vamos (RCV), de las 220 mil habilitadas, a octubre de 2011 solamente habían recibido su asignación de subsidios algo más de 180 mil familias, que representan el 82% de los damnificados habilitados por el gobierno para postular a programas de reconstrucción. Sin embargo, este número de familias sería el 63% de los damnificados totales inscritos (esto es, de los 288mil).

Específicamente en la provincia de Concepción, de una población de algo más de 302 mil familias, se cuenta un total de 47.860 familias damnificadas, de cuyo total las propietarias con inmuebles inhabitables suman 10.463; las inhabitables arrendatarias, 1.219; y allegadas, 7.650, haciendo un total de 19.332 familias damnificadas en condiciones de viviendas inhabitables. Las familias que perdieron la vivienda representan un porcentaje provincial de 6,4%.[4] Por otro lado, las familias damnificadas en calidad de viviendas reparables suman 28.528. De ellas, se cuenta en propietarias la cantidad de 25.963, en arrendatarias, 484, y en allegadas, 2.081. Ahora bien, de todas ellas se reconocen como damnificadas inscritas hábiles (que pueden postular) a 40.051, es decir, el 83,7% de familias inscritas. Y si consideráramos que aún falta que se inscriban 6.191 familias damnificadas en la provincia, este porcentaje sería aún menor. En este último recuento oficial, para la provincia se han asignado 37.362 subsidios (el 93% de las familias habilitadas y el 78% del total de inscritas).

Por otra parte, se han iniciado 23.548 obras en la provincia. El gobierno afirma que las obras iniciadas en el total de subsidios corresponden al 63%, pero lo que no dice es que esta cifra se sustenta sobre las reparaciones y no en construcción de viviendas. Y, por cierto, si de reparaciones se trata, RCV considera relativas estas cuentas, pues no hay información de cuánto representa de los costos totales en daños (reparables) sufridos por los damnificados.[5]

II. La “política de reconstrucción”: un diseño para la expoliación social

La implementación del subsidio

De mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000.-) que el gobierno destinaría a subsidios de arriendo, se asignaría a cada familia hasta 111 mil pesos. De acuerdo a lo anunciado, los beneficiados potenciales serían el 33%, es decir, una de cada tres familias en campamentos, esto es, 1.087 familias de las 3.293 familias que el gobierno reconoce en los campamentos de damnificados. La medida se pone en marcha el 2 de enero con la postulación para acogerse al beneficio, el que se extiende entre marzo de 2012 a marzo de 2013. ¿Quiénes son, específicamente, los beneficiados? Según el gobierno ha dispuesto, serán beneficiadas las familias que entre sus integrantes cuenten con familiares menores de dos años, de la tercera edad (mujeres sobre 60 u hombres sobre 65), y/o que cuenten entre sus integrantes algún discapacitado o enfermo grave.[6]

Una vez asignado el monto de arriendo, será el gobierno el encargado de cancelar los pagos. Pero algo que llama la atención profundamente es cómo puede estimarse una disposición que fija la duración del subsidio en solamente tres meses. ¿Qué condiciones de vida pueden ser resueltas en tres meses para un proceso de reconstrucción de viviendas que literalmente todavía no empieza?

Pero, más aun, ¿a qué viene la medida del gobierno, la misma que negara por “irrealizable” durante casi dos años?[7] Y ¿cómo se expresa su implementación en la realidad de los afectados?

Dividir para gobernar

Un aspecto del análisis de la política de arriendos, nos lleva a observar que ésta consigue separar a los grupos de damnificados, disgregándolos y dejándolos sin capacidad de afrontar su problemática de manera colectiva. Ya ha habido críticas desde algunos dirigentes de campamentos en cuanto a que perderían todo el trabajo de redes que han desarrollado, en organización propia y en apoyo externo, así como perderían algunos avances logrados por sus propios medios en la mejora del lugar en que se encuentran viviendo.[8]

Aunque es evidente que los damnificados no tienen todavía plena claridad de cómo enfrentarán la reconstrucción, sí existe en diferentes lugares una conciencia de que lo fundamental es la tierra. La política de erradicaciones permitiría evitar que los pobladores damnificados tomasen acciones, se apropiaran del suelo donde se encuentran acampados y decidieran levantar sus propios proyectos reclamando que el suelo (en general de propiedad fiscal o municipal) les sea concedido. En tanto madurase la idea de un mejor hábitat, con un entorno urbano más acondicionado para el acceso al trabajo y a los servicios, el gobierno se vería obligado a enfrentar a grupos organizados con sentido reivindicativo y ya no a solas víctimas pasivas y dóciles al asistencialismo. Esta política de arriendos parece apresurarse, sin claridad de cuál será la salida verdadera para quienes se vean “beneficiados”, pues –para la gran mayoría de los campamentos- apenas o con suerte se ha asignado subsidios (papeles), pero sin que se sepa en dónde y cómo se construirá, sin saber exactamente si al término del subsidio de arriendo de 3 meses existirá ya la prometida vivienda (lo que es muy difícil si seguimos la trayectoria de acciones de esta reconstrucción).

La lucha por los terrenos: el suelo como botín de guerra

La medida anunciada sería una imitación del modelo usado en Illinois (Estados Unidos de Norteamérica), donde el huracán Katrina dejó gran número de damnificados, tratándose casi en su totalidad de gente de barrios obreros y pobres. Pero que un modelo sea “gringo” no quiere decir precisamente que sea bueno. Por ejemplo y coincidentemente con el terremoto del 27/F, tras la catástrofe en Illinois también se creó un clima de pánico e inseguridad, donde se aplicaron políticas represivas y de terror, las que costaron la vida a decenas de personas; enseguida, se impulsaron políticas de privatización de servicios de salud y educación, pérdida de seguridad y, a la vez, lentitud en la solución para los afectados de la catástrofe. Hay un área particularmente común en todo esto: el papel que juega la expansión inmobiliaria.

¿Cuál es el impulso principal en los países del capitalismo “neoliberal” bajo circunstancias de una catástrofe social? Parece que estaremos de acuerdo en la siguiente respuesta: el principal impulso desarrollado por el Estado “neoliberal” tras una catástrofe consiste en ampliar el espacio del mercado, entendiendo por ello la acumulación de propiedad privada y la reducción del área dominada por el Estado, lo que implica entregar los servicios sociales al deterioro o a la desaparición, para facilitar su privatización o la expropiación de suelos para la posterior apropiación exclusiva de los sectores inmobiliarios. Está de más decir que esto significa excluir en este impulso a la población en general y, sobre todo, a los marginados, a las capas vulnerables y obreras. Esto explica, por ejemplo, la desesperada y oscura presión de la alcaldía de la ciudad de Concepción por vender las escuelas y liceos. El solo Liceo Balmaceda (escuela destinada a la educación de adultos, desempleados y obreros) ya se remata con referencia al avalúo fiscal, que es de mil doscientos millones ($1.200.000.000.-); esto se ha hecho a espaldas del público, ¿por qué? Simple, ese terreno destinado legalmente a servicios de educación[9], tiene un valor comercial superior a los trece mil millones ($13.000.000.000.-), lo que significaría que no sólo se privatizan bienes pertenecientes a la educación municipal, sino que, además, se haría a “precio de huevo”.

La acción más o menos declarada del Estado en cuanto a instaurar una lógica de desconfianza social, de inseguridad y hasta de terror, no es algo causal. Si las políticas pos catástrofe tienen esta característica de ayudar a los sectores empresariales a apoderarse de bienes públicos y de aumentar sus franquicias y, por tanto, sus ganancias, entonces el Estado debe considerar al potencial opositor de sus políticas: la masa mayoritaria que saldrá perjudicada, no exclusivamente los damnificados, sino la siempre peligrosa mayoría, aquella a la que apelan los gobernantes en cada campaña electoral. Para esta mayoría tienen un tratamiento especial: la propaganda del terror bajo circunstancias de estrés y alarma pública, y el uso de los medios de fuerza (muchas veces privados) para instaurar ese clima y la legitimación de un control militarizado.

Solamente tomemos como dato el apresurado acuerdo que ha hecho el gobierno de Piñera con la empresa FEMA en el contexto de los incendios forestales de enero (Quillón y otros lugares rurales). FEMA es una empresa privada norteamericana ligada al departamento de seguridad del gobierno de EEUU, una empresa que ya hizo su debut en el mencionado caso de Illinois y que ha sido acusada por diversos organismos de provocar un clima de terror a través de sus contingentes armados, los que habrían violado los derechos humanos. Sí, FEMA también presta servicios de “seguridad”. La pregunta es: ¿Seguridad de quién?

Con los antecedentes existentes, podemos preguntar si no existía algún propósito secreto y contradictorio con el bienestar y la paz social en las políticas de seguridad pública tras el terremoto del 27 de febrero. ¿Tenía algún significado dejar las ciudades arrasadas por el terremoto durante tres largos días en el caos, para luego impulsar con todo rigor el empleo del Ejército y de las medidas de excepción? ¿Quién lo aconsejó de esta manera a las autoridades? ¿Quién planificó utilizar nuevamente el estado de sitio en la provincia de Concepción durante el día 29 de marzo, sin un solo argumento que resista análisis? [10]

Hemos hablado de políticas de reconstrucción limitadas, mínimas o ineficientes, incluso improvisadas, pero bajo la lógica del gran mercado que somos, cabe preguntarse: ¿Y no es posible que se trate de una completa política de control y expoliación económica, en una lógica fríamente calculada?

La condena de los damnificados: la marginalidad como destino, o la rebelión

¿Cómo se pretende iniciar en 2012 la reconstrucción de viviendas para damnificados –la que debería durar al menos un par de años- con un subsidio de arriendos que se adelanta en los hechos a este proceso y que solamente cubrirá un tramo de tres meses? Alejandro Navarro se queja porque asegura que solicitó fondos para una medida similar, pero que en la ocasión (2010) el Ministro de Vivienda respondió que era imposible, porque plata no había.

Los dirigentes de miles de pobladores en expropiación de Villa Futuro y Centinela II levantaron el subsidio de arriendo como demanda a principios de 2011. Nada sucedió. Hoy, los edificios de Centinela ya no existen y los pobladores sólo cuentan –en medio de los cerros pelados- con un hito que simbolizaría “la primera piedra” de una futura reconstrucción.

Todos los cálculos indican que no serán realidad ninguna de las ofertas que el gobierno hizo en un principio, en papeles a todo color que graficaban villas hermosas, incluso brindándoles la oportunidad de elegir distintos diseños de inmuebles, de aspectos modernos y elegantes. De todas maneras, se sabe que hay prisa en los ministerios por ejecutar las obras adjudicadas por subsidios. Pero el cuento sigue siendo un cuento y las autoridades no parecen tener estómago para contarlo. No sólo se trata de que un alto porcentaje de los damnificados del terremoto no tendrán acceso a soluciones. La perspectiva es más profunda: La mayoría más pobre de los trabajadores y de los desposeídos no tiene oportunidad individual de alcanzar una localización mínimamente razonable y una vivienda digna, y se ve desplazada cada vez más lejos de los centros urbanos, a la periferia, para seguir siendo pobre o para serlo cada vez más.

La lógica general del desarrollo urbano está regida por las leyes del mercado capitalista. La población no es soberana sobre el diseño de este crecimiento urbano ni tiene real parte en sus beneficios. La consecuencia de esta lógica es la segregación social, fuente natural de los bolsones de pobreza, de la delincuencia y el narcotráfico.

Hay una lucha declarada por parte del Estado para expulsar a los pobladores lejos de sus actuales localizaciones. El terremoto ha sido un pretexto al dedillo para ello. La negación de soluciones o las soluciones mínimas, han persistido sin oídos para la “sociedad civil”, de manera tal que arrojar un dulce o una migaja termina siendo “una mejora” o “una solución”. En fin, muchos piensan, entre esto y nada…

Esta declaración de guerra se encuentra tendida. Las capas humildes de pobladores no tienen nada que perder, por el contrario, más valdrá responder al ataque con resistencia y lucha.

Por Eduardo Ampuero Cárdenas

Red Construyamos