La Secretaría General de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) habia iniciado una investigación sumaria al estudiante José Oyarzún por faltar a lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Reglamento de Conducta y Convivencia, tras solicitar una sala para un foro informativo sobre el llamado “caso bombas” que se realizó el 31 de marzo y que superó con creces la asistencia que se estimaba. Este jueves la universidad suspendió el sumario.
El foro, que contó con la participación de un abogado defensor de dos imputados en el caso, así como un familiar y un representante de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), reunió a cerca de 130 personas, según lo indicado por El Ciudadano; estudiantes de dicha casa de estudios y personas externas.
El problema comenzó cuando la petición fue denegada a un grupo de estudiantes de sociología, siendo Oyarzún, en su calidad de Delegado de Solidaridad del Centro de Estudiantes de Pedagogía en Historia, quien realizó la solicitud y fue aceptada.
En su Formulario de Petición de Espacios UAH, Oyarzún indicó que sería un “foro informativo para generar debate sobre la realidad nacional”, señalando un estimado de 40 personas como el número de asistentes. Sin embargo, el espacio se vio sobrepasado por la concurrencia, lo que, a juicio de las autoridades de la Universidad, pone en riesgo la seguridad y el normal desarrollo de las actividades académicas.
Según lo dispuesto en el punto 5, inciso 1 y 2, de dicho reglamento, los estudiantes deben “respetar a todos los integrantes de la comunidad universitaria” y “preservar el prestigio integral de la Universidad”.
Más abajo, indica como graves el “incitar o cometer actos de violencia o intimidación en contra de miembros de la comunidad o personas ajenas a ella (…) o cualquier otra conducta violenta que produzca alteración de la normal convivencia (…) como retener o impedir la libre circulación o desplazamiento dentro de los recintos universitarios (…)”.
Los otros puntos citados del Reglamento tienen que ver con los efectos de dicha falta, llegando a sanciones que van desde amonestaciones orales o escritas hasta -si hay sumario, como en este caso, y agravantes- la expulsión. Incluso, durante el período en que dure la investigación sumaria el estudiante podría ser prohibido de ingresar al recinto universitario.
Para el estudiante, la actividad no produjo ningún tipo de falta de respeto o deterioro del prestigio de la Universidad, ni tampoco incitó algún acto de violencia o retención de quienes se encontraban en ésta.
Oyarzún reconoce que el número de asistentes superó el proyectado al momento de pedir la sala, pero la actividad se realizó sin ningún incidente.
La investigación sumaria fue solicitada el día 1 de abril por Alberto Etchegaray de la Cerda, secretario general de la Universidad, una vez tomado conocimiento de parte del director de Servicios Generales, Tomás Fuenzalida, quien habría informado “la eventual utilización indebida de dependencias de la Universidad, por parte de algunos alumnos y de personas ajenas a ésta, para la realización de actividades no declaradas previamente en la solicitud”.
Etchegaray señala que la investigación sumaria en dicha casa de estudios no tiene la connotación grave que significa en otras instituciones privadas y públicas. La idea de la investigación, a su juicio, es prevenir situaciones de riesgo que podrían afectar a los asistentes en caso de haber alguna emergencia.
Asimismo, indica que la investigación incluye a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) como de Servicios Generales, para fijar procedimientos que no lleven a nuevas situaciones como la ocurrida.
Además, recalca que el estudiante no detalló que en la actividad participarían personas externas a la Universidad y que, incluso, se le hubiese facilitado el Auditorio si éste hubiese sido pedido, considerando la concurrencia de la actividad “porque el espíritu de la Universidad no es censurar ni este ni ningún tipo de debate sobre la realidad”, indicó.
Sin embargo, Oyarzún aclara que el auditorio estaba reservado para ese día, por lo que su préstamo hubiese sido imposible.
RAZONES DE FONDO
Para José Oyarzún hay otras razones para sumariarlo. Por un lado, indica su pertenencia el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), cuyos militantes, según él, han sido perseguidos por las autoridades académicas, debido al impulso de un proceso de democratización de los estatutos de la Federación de Estudiantes (Feuah).
“Hay un movimiento amplio de estudiantes que desean quitar el poder que hoy tienen los Consejeros Ejecutivos –puestos cooptados por militantes de la Concertación, Partido Comunista, Nueva Izquierda– y entregar más poder a las bases, representadas por los Centros de Estudiantes. De hecho, hoy no hay Federación y funcionamos con Asambleas Generales”, explica.
Oyarzún es impulsor de este proceso de reforma, lo que, a su juicio, ha significado la persecución y hostigamiento de los estudiantes que la apoyan.
Cita como ejemplo el caso del ex presidente de la Federación, Rainier Ríos, y sus tres hermanos (todos militantes del MST), quienes no pudieron continuar sus estudios por malos procedimientos administrativos que afectaron el acceso de recursos (Crédito con Aval del Estado) y el reconocimiento de la matrícula del ex Presidente.
Etchegaray asegura que eso no es así, y tampoco que la actividad generase rechazo en la Universidad por la connotación que tiene el llamado “caso bombas”.
Oyarzún asiste hoy a clases normalmente y mientras esperaba la resolución de la investigación, la UAH dedcidió este jueves suspender el sumario por falta de méritos.
Por Cristóbal Cornejo
El Ciudadano
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