Territorios denuncian al Estado chileno ante la ONU por «Ley de Protección de Glaciares»

Durante el pasado lunes, los 26 territorios y organizaciones aunados de norte a sur en la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares, interpusieron una denuncia contra el Estado de Chile ante la ONU por la amenaza que refiere a una serie de Derechos Humanos la aprobación del proyecto de ley de “protección” de glaciares que impulsa el Gobierno y la mayoría de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

La denuncia recoge una serie de aspecto como la importancia de los glaciares y amenazas, historia de este proyecto de ley y una minuciosa revisión a los impactos en relación a la vulneración de los derechos humanos ante una eventual aprobación de esta ley.

La comunicación enviada a la ONU por las comunidades fueron dirigidas a siete relatorías; relatoría sobre derecho a beber agua limpia y al saneamiento; derecho a la alimentación; derecho al goce de niveles altos de salud física y mental; derecho al disfrute de una medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y desechos peligrosas; derechos culturales y derechos de los pueblos indígenas.

Sin dudas, esta acción habla del nivel de desesperación y angustia que supone a las comunidades dicho proyecto de ley. Desde la Coordinación expresan: “Ante un Gobierno y Comisión de Medio Ambiente que no quisieron escuchar la solicitud de las comunidades de la necesidad de un nuevo proyecto de ley que resguarde de manera real a los glaciares y sus ecosistemas, hemos decidido acudir a una instancia internacional para defendernos de un Estado criminal y ecocida que decidió destruir glaciares y legalizar su destrucción por medio de un proyecto de ley que han denominado engañosamente de protección, el cual actualmente espera pasar a votación en el Pleno de la sala de cámara baja”.

Los territorios se encuentran movilizados hace más de un año en contra de la ley de “protección” de glaciares impuesta por el Gobierno, quien ha hecho una ley a la medida de la empresas – sobre todo de las mineras, geotermias e hidroeléctricas- la cual en el fondo permite la destrucción de los glaciares y legaliza su intervención (Ver fundamentos aquí). Con esto, la ley se ha convertido en una gran amenaza en vez de una solución para las comunidades que llevan más de 15 años demandando el resguardo de estas reservas de agua dulce de las cuales se alimenta y subsiste más del 70% de la población del país.

Hace un tiempo, fue el mismo Instituto de Derechos Humanos (INDH), quien en su Informe acerca del estado de los Derechos Humanos 2015 en el país, identifica a dicho proyecto de ley como un factor de vulneración de Derechos Humanos, sobre todo de llegarse a aprobar, ya que al no resguardarse los glaciares se está arriesgando a que la población sufra de carencia de agua y con ello se vea afectado el “derecho a la vida, al derecho a la alimentación adecuada, al derecho a la salud, al derecho a ganarse la vida mediante un trabajo o el derecho a participar de la vida cultural. Incluso, la inexistencia de agua disponible podría afectar las condiciones de existencia y de mantenimiento de la cultura de pueblos indígenas que viven de la agricultura».

UNA LEY RECHAZADA POR LAS COMUNIDADES Y DIVERSOS ORGANISMOS

Además, dicho proyecto vulnera la propia Constitución al no resguardarse derechos fundamentales acogidos por esta, y al no respetarse una serie de Acuerdos Internacionales firmados por el país (que tienen carácter de Constitucional) como son, por ejemplo, el propio Tratado de Derechos Humanos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kiotto, Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio 169 de la OIT (en materia de pueblos indígenas) y la Convención de los Derechos del niño, por nombrar algunos.

También se ha violado fuertemente los Derechos Indígenas, ya que el proceso no ha contado con la Consulta Indígena consagrada en el Convenio 169 de la OIT, ni tampoco considera la consulta para integrarla en el proyecto de ley. También se han violado los Derechos Humanos al no existir para la participación de las comunidades en contraposición de la plena participación e injerencia de los sectores extractivistas en la misma. Como si fuera poco, la vulneración de derechos también se puede expandir a niveles regionales al considerar que Chile tiene el 91% de los glaciares de Sudamérica.

En el mismo informe, el Instituto es claro en identificar, al igual como lo han hecho las comunidades, que si bien hay varios responsables de la existencia este proyecto de ley, el principal, es el Gobierno quien por medio de indicaciones sustitutivas impuso este proyecto que en fondo sacrifica los glaciares. En palabras del INDH: “La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general a los glaciares, y además desprotege a otras categorías de hielos, como el permafrost, que si cumpliría funciones análogas a los glaciares”.

En la declaración, las comunidades solicitan la intervención de la ONU ante el accionar del Gobierno de Michelle Bachelet, como parte de los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas. De forma particular piden que la ONU emita una comunicación urgente al Estado chileno, recomendándole que no promulgue este proyecto de ley y que requiera al Estado que cumpla con los tratados y convenios internacionales que como país ha suscrito. ONU ya ha emitido alertas al Estado de Chile como la Observación General N° 15 del Comité de Derechos económicos, sociales y culturales, que particularmente se pronuncia sobre el Derecho al Agua.

La Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares mantendrá su trabajo para que este proyecto de ley sea rechazado y anuncian que prontamente convocarán a una movilización en las calles para manifestar la desaprobación al proyecto del gobierno.