Durante el próximo sábado 30 de julio, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo la Marcha por la Defensa de los Glaciares y en rechazo al proyecto de ley de «Protección de Glaciares», propuesto por el Ejecutivo. La movilización, que contempla un recorrido desde Plaza Italia hasta Plaza Los Héroes, por Alameda, y la realización de un foro informativo, busca poner en evidencia ante la opinión pública que la iniciativa del gobierno no está cumpliendo con lo prometido.
Luego de un encuentro organizado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) en Putaendo, diversos territorios afectados por la megaminería pudieron encontrarse para trazar línea de los pasos a seguir en la defensa del agua. Así, se formó la Coordinadora de Territorios en Defensa de los Glaciares, donde converge una veintena de organizaciones sociales del norte, centro y sur del país afectados por el extractivismo de las grandes empresas.
El proyecto de ley de protección glaciares comenzó a desarrollarse luego de varios años de insistencia de parte de las organizaciones. Hoy, enfrenta su primer trámite legislativo sin el apoyo de buena parte de la sociedad civil, quienes argumentan que la iniciativa no protege a ningún glaciar y que, peor aún, legaliza la destrucción de éstos.
«La ley no contempla ninguna protección de los glaciares, lo único que hace es legalizar su destrucción. Como fue hecha al principio estaba más o menos bien, pero lamentablemente el gobierno de la presidenta Bachelet, a través del ministro Pablo Badenier -de Medioambiente-, metió las indicaciones sustitutivas y se fue todo a la punta del cerro», detalla la dirigenta del Valle del Huasco, Paula Carvajal.
Los dirigentes hacen alusión en concreto a un supuesto intervencionismo de parte de las empresas mineras, a través del Consejo Minero, en las indicaciones de la ley. Según cuenta Carvajal, el consejo -que representa a Codelco, Sonami y Barrick Gold, entre otras- fue recibido en cuatro ocasiones en el Congreso. «Hay un intervencionismo deliberado«, acota.
OTRO COMPROMISO FALLIDO DE BACHELET
El proyecto de ley es rechazado de forma unánime por los territorios movilizados, que lo señalan como una burla hacia la ciudadanía. Por ejemplo, en cuanto a la protección de los glaciares en parques de reserva estratégica, donde éstos deben demostrar tener un valor económico -sin considerar aporte al ecosistema- lo que se traduce en una protección limitada, que legaliza la intervención sobre éstos.
Además, el proyecto evidencia la falta de conocimiento de los legisladores en la materia, al proponer una distancia de apenas mil metros para la realización de faenas cercanas a los glaciares. «Esto es absolutamente irrisorio desde un punto de vista técnico y medioambiental. Un glaciar puede ser afectado a 10, 20 e incluso 100 kilómetros, de acuerdo a la polución que haya en la zona, son muy frágiles», argumenta el dirigente de Putaendo, Héctor Fuentealba.
Fuentealba argumenta que cualquier función o faena que se realice cerca de un glaciar -ya sea de tronadura o movimiento- les afecta rápidamente, por lo que es preciso que no exista nada que pueda amenazarlos. Por ello, el proyecto de ley que «concretó» el compromiso anunciado por Bachelet en la cuenta pública del 21 de mayo de 2014, «es como reírse de la comunidad o simplemente no tienen la más mínima idea respecto a este tema».
Para los especialistas es claro que no hay mera ingenuidad o ignorancia en la formulación de la propuesta de protección a los glaciares. Luego de que la Comisión de Medio Ambiente despachó la iniciativa en mayo pasado, algunas organizaciones como Greenpeace fueron enfáticas en señalar que no se garantiza la protección de todos los glaciares y denunciar el lobby minero.
En definitiva, el proyecto exige la demostración del valor de un glaciar para ofrecerle algún grado de protección y no limita ni obliga a las empresas mineras -con antecedentes en destrucción de glaciares- a modificar sus planes de operación. Por último, permite que cualquier persona o empresa se oponga a la protección de un glaciar o de un grupo de glaciares si se demuestra que está siendo afectado económicamente.
PRINCIPAL RESERVA DE AGUA EN EL CONTINENTE SIGUE BAJO AMENAZA
A la fecha, algunos diputados como Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson han mostrado abiertamente su rechazo a la iniciativa, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos señaló en su informe del 2015 que la propuesta representa una amenaza en términos de derechos humanos.
Por ello, las organizaciones sociales piden una sustitución completa de la ley, una nueva formulación que sea específica y garantice la protección de los glaciares. «Comparado con el resto de Latinoamérica, Chile es el país más rico en glaciares, la mayoría está en esta zona. Y resulta que tenemos una cantidad impresionante de glaciares rotos, alrededor de 440 kilómetros de glaciares ya destruidos«, informa el dirigente de Putaendo.
La Coordinadora se relaciona con diversos operarios que trabajan en las minas y envían fotografías e información sobre la destrucción de glaciares, en forma expresa, para evitar gastos y trabajos «innecesarios». Actualmente, no hay cómo fiscalizarlo de forma adecuada.
La falta de representatividad del proyecto se explica, señalan los dirigentes, por la falta de participación de los territorios en el diseño de estas leyes. «No empoderan, no se acercan a las comunidades a recibir información, la sociedad para ellos es invisible, los dirigentes sociales no se toman en cuenta», enfatiza Fuentealba.
Se calcula que Chile cuenta con el 82% de la superficie glaciar de América del Sur, lo que corresponde a un total de casi 24 mil glaciares que se extienden de norte a sur en cada una de las regiones. Por ello, es una de las reservas principales de agua en el continente, lo que conlleva una gran responsabilidad que el Estado no está afrontando como corresponde.
«Esta ley obecede a una forma de gobernar que existe hoy, donde no se escuchan a las comunidades, donde se mantiene una visión totalmente extractivista, que hipoteca nuestra futuro y las comunidades estamos sobreviviendo. Estamos en el Valle del Huasco y vivimos fuerte esta crisis. Para nosotros es la vida o la muerte», acota Paula Carvajal.
Lo peor de este escenario, es que nuevamente un proyecto de ley de gran significación para los recursos naturales de Chile vuelve a estar cruzada por los intereses de las grandes empresas. Así lo resume la dirigenta del Valle del Huasco: «La Ley de Glaciares es como una Ley de Pesca 2, porque está hecha a puño y letra de las mineras y está comprobado. El Consejo Minero hizo su propuesta y eso se metió tal cual al proyecto», cerró.
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