Tirúa, el polvorín de Arauco

Texto y fotos Pedro Cayuqueo.

Los hechos acontecieron el jueves 3 de marzo. Según Carabineros se trató de un enfrentamiento con armas de fuego.  Y al interior de un fundo de Tirúa donde efectivos del Gope realizaban una ronda. Fue lo que relató el prefecto de Carabineros de Arauco, coronel Jorge Salas.

Aquella tarde fueron detenidos los comuneros Jocelyn Fernanda Yevilao Maril, de 24 años, y Hernán Paredes Puen, de 38 años, este último baleado por la espalda con perdigones “al intentar huir del lugar”. Ambos serían más tarde formalizados. Ella por atentado contra de la autoridad. Y él por los delitos de porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación y atentado contra la autoridad.

Mientras la mujer quedó en libertad pero con firma semanal, Hernán Paredes se halla hospitalizado en la enfermería de la cárcel El Manzano de Concepción. Allí se recupera de sus heridas. Dos meses fijó el tribunal el plazo de la investigación. Hasta aquí la versión oficial.

¿Emboscada policial?

La comunidad “María Colipi Viuda de Maril” está ubicada en las cercanías de Quidico, sector de Curapaillaco, comuna de Tirúa. De fácil acceso, una ruta asfaltada de cinco kilómetros conecta el sector con la ruta P 70 que enlaza las comunas de Tirúa con Cañete por el sector costero. También con los fundos forestales Labranza, Paillaco y Choque, subiendo hacia la cordillera de la costa.

Allí, en el kilómetro tres, se encuentra la sede de la comunidad construida con fondos de Conadi y que el día del “enfrentamiento armado” estaba repleta de gente.  Y es que la versión mapuche es diametralmente opuesta a la de Carabineros.

No solo niegan el intercambio de disparos; aseguran además que los detenidos, ambos miembros de la comunidad, se encontraban fuera de la sede comunitaria al momento de ser baleados por la espalda y luego detenidos.

Así lo relata el dirigente Luis Maril Leviqueo (28 años), testigo directo del incidente. “Aquella tarde estábamos reunidos, organizando un partido de palín cuando vimos pasar las tanquetas por el camino. Se dieron varias vueltas por el sector y de pronto arremetieron contra nosotros”, relata.

“Fue muy violento todo, sin mediar provocación se bajaron de los vehículos y nos dispararon. Y aquí, afuera de la sede, agarraron al peñi y la lamngen, no al interior del fundo como ellos dicen”, agrega el dirigente.

Testigos, asegura Maril, sobran. No solo se refiere a los miembros de la comunidad. Eran las cinco de la tarde y un furgón escolar dejaba niños en un paradero cercano. Tanto el chofer como los menores vieron todo, señala. Y aterrados.

La versión de Maril es corroborada por al menos una veintena de personas. Entre ellas un segundo herido por los disparos que se dio a la fuga y que bajo resguardo de su identidad aceptó contar lo vivido aquella tarde.

“No sé bien por qué nos atacaron. Fue de un momento a otro. Yo recibí disparos a quemarropa”, relata el comunero mientras levanta su polera y muestra las heridas, atendidas en la propia comunidad. Al menos una veintena de perdigones pueblan su espalda y pierna izquierda.

Son heridas que requieren atención de urgencia, comenta Luis Maril. Sin embargo, no es opción para el comunero acudir a los hospitales de Tirúa o Cañete. Se curará con hierbas. Y medicina mapuche.

“Lo más seguro es que sería detenido y acusado de homicidio frustrado, como el peñi Hernán Paredes”, señala Maril. Tal es la desconfianza de la comunidad en la justicia. Pero por sobre todo, en Carabineros de Chile.

Mapuche Vs forestales

Curapaillaco es tierra mapuche con historia. Bien lo saben las familias de la comunidad “María Colipi Viuda de Maril”, que desde los años 60 reivindican el fundo Labranza, propiedad de forestal Mininco.

Para los mapuches todo parte con la invasión chilena y el avance de la frontera. Fue en 1852 cuando el estado promulgó la ley que creó la Provincia de Arauco. En 1862 se levantó el fuerte militar de Lebu y los puestos militares de Quidico y Tirúa. En 1866 fue el turno de Cañete.

En 1869 estos se complementaron con la línea de fuertes y fortines en los pasos de Contulmo, Cayucupil y Elicura, para “incomunicar las tribus de la costa con las del valle central”, según consignó el propio coronel Cornelio Saavedra en sus informes.

Culminadas las campañas militares, a los indígenas sobrevivientes el estado entregó en Arauco un total de 9.700 hectáreas divididas en 77 Títulos de Merced, que beneficiaron a 2.477 familias. Entre estos títulos está el de María Colipi Viuda de Maril, en Curapaillaco. El resto del vasto territorio de la provincia pasó a ser en 1866 “territorio de colonización”.

Fue entonces que arribaron a la zona las familias Etchepare, Aguayo y también los Ovalle, estos últimos dueños ya en 1876 de 12 mil hectáreas de la Hacienda Tranaquepe. Parte de la hacienda, los actuales fundos Labranza y Choque asentados en tierras antiguas de reconocidos lonkos.

El documento de inscripción señala que Francisco J. Ovalle “obtuvo esta propiedad por habérsele adjudicado en parte de pago por una deuda que contenían los citados indígenas”. Un procedimiento del todo dudoso advertido ya en 1869 en sus notas por el propio Cornelio Saavedra, jefe militar de la ocupación.

“Entre otros, los métodos más comunes (para apropiarse de tierras) son ejecuciones por supuestas deudas”, escribió el militar en la “Memoria del Comandante en Jefe del Ejército de Operaciones en la Costa de Arauco”, fechada en Santiago el 1 de Junio de 1869. “La mala fe encuentra siempre expedientes como burlar las leyes”, concluía en su informe, lapidario contra colonos nacionales y especuladores de tierras.

Los “deudores” de Ovalle –según consta en la inscripción de la hacienda- eran los indígenas Ignacio Reuca, Francisco Metrin, Alejo Maniqueo, José Lepumán, Francisco Huilipán, Juan Tranamil, Francisco Ancalao, Manuel Leviqueo, Pablo Nahuelqueo y Lorenza Caucao, entre otros.

En 1883, la Hacienda Tranaquepe fue compraba por la familia Ebensperger, transformándose sus antiguos ocupantes en inquilinos y jornaleros de los numerosos fundos en que se subdividió con los años la propiedad.

Casi un siglo más tarde, en 1970, la Corporación de Reforma Agraria les expropió a los Ebensperger 1.171 hectáreas de los ex fundos Cura y Hospital en beneficio de una treintena de familias mapuche de la comunidad María Colipi Viuda de Maril. Nacía así el “Asentamiento Labranza”.

El Golpe de Estado y la contra-reforma agraria impulsada por los militares volvió todo a fojas cero. Protagonista de esta historia sería el ex presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, yerno del dictador y quien desde su cargo de director ejecutivo de Conaf sería el encargado de vender los fundos de la Cora con “aptitud forestal” a diversos empresarios del rubro.

En 1978, Conaf adquirió las 808 hectáreas del Asentamiento Labranza. Un año más tarde, este fue vendido a Forestal Crecex del grupo BHC de la familia Vial. Finalmente, en los 80’ y tras la quiebra del grupo económico, estos traspasaron las tierras a la familia Matte, dueños de Forestal Mininco. Corría el año 1986.

Cuatro años vivieron los mapuche en el fundo Labranza recuerda Flora Leviqueo (60 años). Fueron 33 las familias beneficiadas por la Reforma Agraria y a quienes el estado asignó 60 hectáreas cada una para agricultura y ganadería. Fue el retorno a la tierra de sus abuelos. Ello hasta que fueron desalojados en 1976, relata.

Desde entonces, Flora vive en las dos hectáreas que heredó de sus padres en la comunidad. Allí, como pudo, crió a sus ocho hijos. Hoy ellos y sus nietos lideran la lucha por recuperar las tierras del fundo Labranza, plagadas de pino y eucalipto desde fines de los 70’.

La primera toma del fundo fue en 1998. Rápidamente los desalojaron. En 2008 se reactivó el conflicto y desde entonces no ha parado.

Afganistán, Irak y Tirúa

Parte de esa nueva generación de “weichafe” (guerreros, en mapuzugun) son Hernán y Fernanda, los detenidos por el Gope aquel día del supuesto enfrentamiento.  Hernán, quien según Carabineros era “intensamente buscado”, es en verdad un activo miembro de la comunidad, padre de dos niños de 11 y 8 años.

Fernanda, por su parte, es madre de dos niñas de 9 y 3 años.

Luis Maril reconoce “estar harto” del amedrentamiento policial. Y de los abusos. Diversas denuncias de tortura y detenciones ilegales de comuneros se han interpuesto en tribunales, algunas con patrocinio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Un escenario que se repite desde que las familias decidieron recuperar vía “acción directa” tanto el fundo Labranza como el de Choque.

A modo de ejemplo, Maril relata lo acontecido el 10 de febrero pasado, cuando un grupo de comuneros de Choque, entre ellos un anciano con enfermedades crónicas, transitaban por camino rural. “Fueron emboscados por Carabineros y los golpearon a todos. También les quemaron una vieja camioneta con la que recolectaban leña”, relata.

Por este caso el INDH presentó una querella por torturas contra Carabineros en el Tribunal de Garantía de Cañete.

El escrito judicial detalla que los uniformados detuvieron por la mañana “al primer grupo de comuneros, maniatándolos, insultándolos y golpeándolos con puños, pies y objetos contundentes, para posteriormente –durante la tarde- detener a un segundo grupo, aplicándole los mismos castigos”.

Luego, el grupo de los detenidos fue llevado hasta otro sector, en el que según las víctimas, “fueron desnudados, dejándolos en ropa interior, momento en que funcionarios de Carabineros se suben sobre dos de los detenidos, simulando movimientos de connotación sexual y amenazándolos con una violación”, precisa la querella.

La Policía de Investigaciones (PDI) tampoco escapa a las denuncias. El pasado 11 de marzo, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de seis mapuches, miembros de la familia Cayuhan, imputados de “robo con intimidación” a operarios forestales.

Todos habían sido detenidos la madrugada del 15 de diciembre por el grupo ERTA de la PDI en un operativo conjunto con el Fiscal exclusivo Juan Yáñez, ello al interior de la comunidad Mawidanche sector Alto Antiquina de la comuna de Cañete. El operativo, que incluyó la participación de alrededor de 100 efectivos y apoyo aéreo, se presentó a los medios como un “duro golpe” al vandalismo rural.

La Corte, sin embargo, ordenó la libertad inmediata de todos.

En la sentencia sostiene que la PDI actuó fuera de todo margen legal al iniciar la investigación basada en el testimonio de un “colaborador ocasional” que no cumplió con los requisitos legales de un testigo protegido, hecho que contaminó toda la tramitación de la causa y la prisión preventiva de los imputados.

“Así las cosas, nos encontramos en un supuesto de actuación policial sin cobertura legal que infringe el debido proceso penal y genera actuaciones irregulares que no deben producir efectos en los casos penales, pues el sistema de enjuiciamiento criminal en vigencia no tolera la búsqueda de la verdad a cualquier costo”, sentenciaron los magistrados.

Y los ejemplos de detenciones ilegales suman y siguen. Los menos con repercusión mediática, la mayoría en silencio. Solo basta consultar para enterarse.

Recorriendo la zona, pudimos corroborar la existencia de una militarización “de facto”. En el Fundo Choque, un destacamento del Gope cumple labores de resguardo con efectivos armados con fusiles de asalto M4, de servicio en las fuerzas especiales norteamericanas apostadas en Afganistán e Irak.

Allí acampan medio centenar de efectivos protegiendo faenas de explotación. También ofrecen cobertura, equipamiento y efectivos al Ministerio Público para los allanamientos en comunidades y los “check-point” carreteros.

“El gobierno habla de robo de madera, de mafias, de delincuentes, hasta de la CAM y esta es una lucha nuestra, autónoma, por recuperar lo que a nuestros abuelos les robaron”, señala Luis Maril. Recorremos juntos parte del fundo Labranza, “recuperado”. Allí los jóvenes realizan siembras productivas. Este año cosecharon trigo y papas en tierras que, les dijeron, solo servían para pinos.

“¿Ve usted una salida al conflicto?”, pregunto. “La única salida es política y pasa por la expropiación de los fundos, como lo hizo la Reforma Agraria. Ellos se han enriquecido y coludido con tierras ajenas. No es justo se les compre lo robado”, responde.

Gentileza Pedro Cayuqueo

*Publicado originalmente en La Tercera.