Tortura… ¡Nunca más!

El lanzamiento del libro ¡Tortura nunca más! de la Comisión Ética Contra la Tortura, presentó el Informe de Derechos Humanos 2010. En una conversación distendida, los representantes de organizaciones de la sociedad civil invitados analizaron la forma actual y las implicancias que tiene el abuso perverso de la fuerza coercitiva.

En una mesa, con petición de la palabra libre de tiempo, cinco personas sentadas frente a un auditorio atento hablaron de su experiencia y expusieron sus conocimientos. El tema era la situación actual de la tortura en Chile, quiénes la sufren, cómo es posible y por qué. El determinar quiénes la ejercen es más fácil y sabido.

Con las palabras iniciales de Patricio Ramos, de la Editorial Quimantú quien publicó el Informe, dio inicio la conversación, pues pese a la complejidad que presenta el tema, el clima generado por los asistentes convirtió la exposición de un nuevo libro en un compartir social, sin niveles de autoridad.

“La tortura está viva, porque no hemos podido, echarla, hacerla exiliar, como ellas sí a nosotros”, sostuvo Ramos. El mismo esbozó además lo que es la declaración de principios de la editorial que refleja lo que significa su nombre: “aportar con un grano de arena a la sociedad, en la reflexión, el entendimiento, la convivencia”. Quimantú significa “sol de sabiduría”.

NO EXILIAMOS LA TORTURA, ¿EXILIAREMOS A LOS MAPUCHE?

Tras la introducción, tomó palabra la Coordinadora de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago (Cooams), Ana Millaqueo. Con hechos, la vocera describió los vejámenes que vive a diario el pueblo Mapuche. Ocultas en su mayoría en los medios de comunicación, la violencia empleada por las autoridades chilenas en el trato con la etnia es sorprendente. Las historias relatadas en el nuevo libro así lo demuestran.

“Una mujer embarazada de 8 meses golpeada por carabineros, a la que tuvieron que hacerle una cesárea para que tuviera su bebé; doble proceso judicial, civil y militar para quienes protestan contra quienes usan y abusan de su territorio; uso de testigos que ni siquieran dan la cara (llamados “testigos protegidos”) son algunas de las arbitrariedades que vivimos y combatimos”, afirma Llanquileo.

Toda acción tiene una consecuencia. No hay que ser un genio para saberlo y la vida enseña que, quierámoslo o no, es así. Es por esto que infantes que a temprana edad ven cómo personas con armas en sus manos entran a su hogar (por definición, lugar de paz, amor y confianza), desarrollan síntomas de desiquilibrio emocional, si no psicológicos.

Por lo anterior, la siguiente intervención estuvo a cargo de la Fundación de Apoyo a la niñez Desprotegida (Anide) que forma parte de la Red de Organizaciones No Gubernamentales dedidacadas a la protección infancia y la juventud (www.infanciachile.cl) . Ana Cortez y Andrea Iglesias son quienes presiden el organismo. Ambas trabajan en la región de la Araucanía en contacto directo con las comunidades y personas afectadas, por lo que expresaron lo que son también parte de sus vivencias.

Cortez, comenta la realidad de las comunidades: “Golpizas, raptos, amenazas como la que recibió un niño de ser lanzado desde un helicóptero policial si no daba nombres de personas implicadas en la lucha Mapuche, la persecución a las que son afectas las familias de los dirigentes”, y complementa su relato, además, con otras medidas que son sistémicas, de las que es imposible escapar.

EL ESTADO DE TODOS LOS CHILENOS

Cuando una persona requiere atención médica, por lo general, no duda en concurrir a un centro asistencial, ya sea público o si tiene suficiente dinero, privado. Si su familia tuviera balines en el cuerpo o lesiones varias tras una paliza policial, por lógica, debería asistir con prontitud y sin titubeos. Sin embargo es otra la realidad en la zona de conflicto.

Estas son los argumentos de la Anide, para hablar de una violencia sistémica desde el Estado, basada en el conocimiento de casos clínicos y trabajo en las comunidades:

“Existe desconfianza en el sistema de salud, pues se niegan a atender a los Mapuche que llegan a los Servicios de Urgencia”.

“Las escuelas a las que asisten niños de las comunidades permiten que carabineros los interroguen”.

“La ausencia de un sistema de protección social que cubra las comunidades es complementada con el incumplimiento de las normas que ordena la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil”.

La ley citada indica que los menores de 18 años pueden estar detenidos un máximo de 6 meses en centros de menores. Luis Marileo, Cristian Cayupán y José Ñirripil están detenidos en estos recintos. Los dos primeros llevan 11 meses de reclusión y participaron de la huelga de hambre, escenario escondido tras la celebración del bicentenario.

Marileo y Ñirripil, ahora con 18 años, exigían al Servicio Nacional de Menores (Sename), como primer punto, la inaplicabilidad en ellos de la Ley Antiterrorista.

Los jueces deliberaron el mes de octubre en el Tribunal Constitucional tras la interpelación de ambos niños. El resultado: 2 jueces determinaron que eran inimputables y 1 que sí lo eran. La Ley indica que el fallo DEBE ser unánime para absolverlos. Son juzgados como terroristas.

Segundo, reclamaban el derecho a ser tratado en los centros de la institución con respeto a su cultura, dejándoles usar su ropa, alimentarse con sus comidas (incluído algo tan básico como permitirles tomar mate) y practicar sus ritos.

Tercero, los menores plantearon la necesidad de supervisar el funcionamiento del Sename a través de un sistema de defensoría autónomo como podría ser un observatorio de la infancia.

QUÉ DICE LA AGENDA BICENTENARIO

El doctor Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal. En un comienzo, pareció confundido. “Tengo la duda si me invitan como actual Director del Servicio Medico Legal, ex preso político o como médico preocupado por los derechos humanos”, confidenció, mientras la audiencia reía.

“¿Por qué la tortura se asocia al terrorismo? En Dictadura se decía ‘algo habrá hecho, por algo le pasó’ ”. Bustos, citando en parte a Roberto Garretón, dijo: “Es notable el vínculo que se genera entre la agenda bicentenario que explicita los derechos económicos sociales y culturales, y la tortura. Antes (en Dictadura), quienes luchaban por hacer valer sus derechos civiles y políticos la sufrían. Ahora se aplica a quien reclama por sus derechos y equidad social y económica”.

El 15 marzo de 2007, entre las recomendaciones al Estado de Chile relativas a derechos de pueblos indigenas, formuladas por órganos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, el Comité ‘lamenta la información de que las “tierras antiguas’ continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía”. Tres años después, la situación no cambia.

La presentación del Informe culminó con dos exhortaciones del Director. La primera: “No nos sintamos solos, pues hay organismos de la sociedad civil involucrados y no sólo discusiones académicas sino también entre personas sensibles” y ante la pregunta: ¿Qué hacer? ¡INDIGNÉMONOS! Esa es la forma de reaccionar”.

RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES

• En relación a la denuncia señalada por la Anide en que se les habría negado la anteción en el servicio de urgencia, el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco el relacionador público de la institución sostuvo que “es muy improbable que una persona haya venido al hospital y no quedara registrada, aun por falta de atención. Más bien la situación hubiera sido que ella no se quisiera atender”.

Mencionaron su intención de no verse involucrados en un tema tan complicado como la vulneración de los Derechos Humanos.

• Esperamos la respuesta del Director del Colegio Blanco Lepín Rewe Kimún, a quien intentamos contactar vía e-mail para respomder ante la inquietud ¿qué concepto de educación y defensa de Derechos civiles y Humanos se inculca en el colegio?

• Nos contactamos también con el Sename, en forma telefónica y por e-mail para conversar con su directora regional Claudia de la Hoz y conocer si cambió en algo la situación reclamada por Luis Catrileo. Esperamos aún su respuesta.

• En conocimiento de la existencia de un departamento llamado “Dirección de Protección de la Familia” y que tiene entre sus funciones «proponer planes estratégicos para enfrentar con efectividad la prevención de delitos contra la familia y niños, niñas y adolescentes brindando atención especializada y oportuna a las víctimas de estos delitos, a través de programas en todo el territorio nacional».

Solicitamos como medio una entrevista con su Directora, Coronel Patricia Rojas. Esperamos que acceda.

Por David Abrigo Bilbao

El Ciudadano