Foto: Archivo
El 6 de marzo la Corte de Apelaciones de Antofagasta determinó que la aprobación del proyecto Termoeléctrica Castilla había estado basada en decisiones ilegales, y que vulneraba la garantía constitucional del Art. 19 N°8 de “Vivir en un medio ambiente libre de Contaminación”, y que por lo tanto debían revocarse los permisos ambientales. El caso está ahora en la Corte Suprema y la comunidad viajará 800 kilómetros para pedir ser parte de los alegatos y defender el fallo a favor.
Este martes 3 de abril, a las 10 de la mañana, más de 40 vecinos de Totoral y Copiapó llegarán a los Tribunales de Justicia para hacerse parte en la apelación que interpusiera la empresa brasilera ex MPX, el Consejo de Defensa del Estado y la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama, contra la resolución unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que evidenció que el Seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza actuó ilegalmentemente al cambiar la calificación sanitaria del proyecto termoeléctrico más grande de América Latina, de industria “contaminante” a simplemente “molesta”. Las implicancias de este proceder del funcionario, tal como indicó el fallo favorable al recurso de protección interpuesto por la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social de Copiapó y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), implican la revocación de los permisos ambientales de la Termoeléctrica.
Álvaro Toro, abogado en el recurso, señala que en la oportunidad solicitarán ser parte en el proceso de apelación, lo que supone tener participación en los alegatos, “pero, además, solicitaremos una medida precautoria, basados en la contundencia del fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que solicita la paralización de todas las obras y de todos los procedimientos que puedan consolidar el proyecto, en tanto dure el proceso de apelación en la Corte Suprema.”
La agenda de las y los totoralinos y de las organizaciones de Copiapó que los acompañan, contempla también una visita a Teatinos 120, para expresar a las autoridades de Energía, Minería y Economía que se abstengan de hacer declaraciones que generen un ambiente de presión sobre la Corte Suprema y la ciudadanía. Esto, luego de que Pablo Longueira declarara en la prensa cuestiones como que “esta judicialización de los procesos es arriesgar el modelo de desarrollo que tiene Chile“, o que el sub secretario de energía Sergio del Campo dijera “es un derecho que tienen las personas a poder obstaculizar los proyectos. No podemos pronunciarnos sobre los fallos, pero sí señalar que se están introduciendo, claramente, mayores riesgos para las inversiones del sector eléctrico”. Lucio Cuenca, director de OLCA, señala que “resulta asombroso que la legítima y necesaria defensa de las comunidades de sus derechos, sea entendida por la autoridad como un obstáculo a los proyectos, y no como una señal país de que el proyecto de desarrollo que está asumiendo Chile no considera la vida ni el parecer de los directamente afectados… señal peligrosa, preocupante y por lo demás muy triste”.
Cabe señalar que las comunidades pidieron audiencia al ministro de economía hace dos semanas, para solicitarle personalmente que se abstuviera de hacer declaraciones al menos mientras durara el proceso judicial, sin embargo, la secretaria señaló que no había espacio en la agenda.
Luego, en la tarde, las y los viajeros se reunirán con diversas organizaciones sociales de Santiago, que respaldan la lucha de la comunidad nortina y que quieren profundizar en alguna estrategia común. La cita será a las 16:00 horas en la sede de Constramet, Santa Rosa Nº 101, comuna de Santiago
El Ciudadano
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