Las conversaciones con el gobierno se han visto constantemente dilatadas por los cambios de gabinete ministerial, la prolongada espera del informe de la Comisión Bravo (propuesta de expertos en torno a la reforma previsional) y la ausencia de una posición clara por parte del ejecutivo en torno a las precarias condiciones laborales que viven miles de trabajadores y trabajadoras del Estado.
Las demandas por las que actualmente se movilizan los honorarios son: derogación de la obligatoriedad de cotizar en las AFP’s (ley 20.255), reconocimiento como trabajadores del Estado (funcionarios públicos), pisos mínimos de bienestar y la garantía del pleno ejercicio de los derechos sindicales.
Mientras la Dirección de Presupuesto (DIPRES) calcula en 36.850 el número de honorarios en el sector público, la organización de honorarios indica que superarían en 250.000 los trabajadores y trabajadoras que, dentro del Estado central, municipalidades y servicios asociados, estarían sometidos a condiciones de precariedad laboral como ausencia de; vacaciones, fuero materno, posibilidad de presentar licencias médicas, seguro de accidentes laborales, horario de trabajo fijo, entre otros.
Las distintas organizaciones de trabajadores y trabajadoras a Honorarios esperan que luego de la jornada del viernes se logre establecer una ruta clara para la solución estructural de las innumerables y sistemáticas vulneraciones a los derechos fundamentales en las que ha incurrido el Estado durante los últimos 30 años.