Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (ex Mideplan), presentaron demanda por embargo en contra de ministro Joaquín Lavín.
Hasta la unidad de ingreso de causas civiles llegó la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Asofumi), para presentar una demanda ejecutiva de embargo en contra del ministro Joaquín Lavín, en calidad de representante legal del ministerio, por el no pago de la indemnización de un funcionario de Coquimbo.
En septiembre de 2010, tal como lo explicó el presidente subrogante Juan Carlos Reyes Vidal, el entonces Mideplan despidió injustificadamente al funcionario de la IV Región Hernán Guerra Vistoso, por lo que la Corte de Apelaciones ordenó en esa época, se le pagaran las remuneraciones de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año.
La Corte Suprema confirmó el pago y además fijó una suma de $ 200.000 adicionales por costas. “Desde el 2011, el funcionario ha estado pidiendo que le paguen lo ordenado. No se ha hecho hasta la fecha”, explicó el dirigente de Asofumi.
Debido a que el Ministerio no pagó la sentencia ($ 6.500.000), en mayo de 2012 la Asociación Gremial decidió reabrir el caso ante la Corte para denunciar que el ministerio no estaba cumpliendo con la sentencia.
El 20 de agosto de 2012, la Corte de Apelaciones ofició al ministerio social para que informara si se había cumplido o no con el pago a Hernán Guerra. “El 12 de septiembre de 2012, el Ministerio contestó diciendo que el pago se haría en los próximos días porque había un trámite administrativo pendiente y por eso no se había cursado aún el cheque. Ya han transcurrido dos meses desde que el ministerio indicó que pagaría en los próximos días y nada ha ocurrido”, sentenció Juan Carlos Reyes V.
El dirigente agregó que “por eso, hemos decidido exigir el embargo de bienes del ministerio social para que, siguiendo el camino establecido por la ley, sean rematados para el pago de indemnización al funcionario lo que aún se le adeuda. Siempre agotaremos todos los medios legales, para que las sentencias de los tribunales sean efectivamente cumplidas y se respete el derecho de nuestros asociados. Repudiamos la ineficiencia en la gestión y la insensibilidad social de un ministerio que está encargado precisamente del desarrollo social en nuestro país.”
Por Roberto Osorio
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