Cerca de 360 mil trabajadores del Estado, se desempeñan como cualquier funcionario público, pero en condiciones de precariedad laboral. Esto, porque el propio Estado no les reconoce contractualmente, motivo por el cual se le apunta como el peor empleador del país. Esta situación podría comenzar a cambiar en el contexto de la aprobación de la Ley de Presupuestos, puesto que se aprobó este viernes una indicación relativa a la incorporación de una modesta proporción de esta cifra.
A través de un comunicado, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE) informó que «cerca de 8 mil funcionarios honorarios del gobierno central y la salud» podrían entrar en régimen de contrata, «respetando el sueldo líquido actual del honorario que recibe» gracias a la aprobación de la indicación mencionada.
Por tales motivos, la UNTTHE saludó lo que considera «un gran logro del movimiento de honorarios del Estado, que con esto abre la puerta para que el Estado reconozca la relación laboral que tiene con el 40% de la dotación de los servicios públicos». Sumó que el mismo criterio ya ha sido refrendado por el Poder Judicial, «a través de los fallos de la Corte suprema» que le ha exigido al Estado «cumplir con sus obligaciones como empleador para los casos de demandas judiciales realizadas por honorarios despedidos de sus trabajos», declararon.
Esta indicación podrá aprobarse o rechazarse definitivamente hasta fin de mes, junto a la totalidad de la Ley de Presupuestos. Pero los dardos apuntan al Ejecutivo: «La Presidenta de la República tiene la facultad de vetar esta indicación durante el plazo antes señalado. Por esta razón llamamos a mantenernos vigilantes de que la Presidenta respete la voluntad de las bases de la UNTTHE y la decisión del poder legislativo. De lo contrario estaríamos frente a una clara traición a las expectativas que los trabajadores/as a honorarios han depositado en las autoridades», sostienen.
Por último, evalúan que «la institucionalidad política puede atender las demandas legítimas del movimiento social, siempre y cuando este demuestre que tiene disposición de lucha y que sus demandas contienen una legitimidad incuestionable». Sin perjuicio de ellos, llaman a realizar «un cambio profundo en el sistema democrático actual, que nos dote de una nueva institucionalidad más participativa y más transparente. Que no dependa de la voluntad de grupos de poder».
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