Trabajadores a Honorarios del Estado llaman a la Presidenta a no vetar paso a contrata de 8 mil funcionarios

Cerca  de  360 mil trabajadores  del Estado, se  desempeñan  como  cualquier  funcionario  público,  pero  en  condiciones  de   precariedad  laboral. Esto, porque el propio Estado no les reconoce contractualmente, motivo por el cual se le apunta como el peor empleador del país. Esta situación podría comenzar a cambiar en el contexto de la aprobación de la Ley de Presupuestos, puesto que se aprobó este viernes una indicación relativa a la incorporación de una modesta proporción de esta cifra.

A través de un comunicado, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE) informó que «cerca  de  8 mil  funcionarios  honorarios  del  gobierno  central  y  la  salud»  podrían entrar en régimen de contrata, «respetando  el  sueldo   líquido  actual  del  honorario  que  recibe» gracias a la aprobación  de  la  indicación  mencionada.

Por tales motivos, la UNTTHE saludó lo que considera «un  gran  logro  del  movimiento  de  honorarios  del  Estado,  que  con  esto  abre  la   puerta  para  que  el  Estado  reconozca  la  relación  laboral  que  tiene  con  el  40%  de  la  dotación  de  los  servicios   públicos». Sumó que el mismo criterio ya ha sido refrendado por el Poder  Judicial,  «a  través  de  los  fallos  de  la  Corte  suprema» que le  ha  exigido  al  Estado  «cumplir  con  sus  obligaciones  como  empleador  para  los  casos  de  demandas  judiciales  realizadas  por   honorarios  despedidos  de  sus  trabajos», declararon.

Esta indicación podrá aprobarse o rechazarse definitivamente hasta fin de mes, junto a la totalidad de la Ley de Presupuestos.  Pero los dardos apuntan al Ejecutivo: «La Presidenta de la República  tiene  la  facultad  de  vetar  esta  indicación  durante  el   plazo  antes  señalado.  Por  esta  razón  llamamos  a  mantenernos  vigilantes  de  que  la  Presidenta  respete  la   voluntad  de  las  bases  de  la  UNTTHE  y  la  decisión  del  poder  legislativo.  De  lo  contrario  estaríamos  frente  a   una  clara  traición  a  las  expectativas  que  los  trabajadores/as  a  honorarios  han  depositado  en  las  autoridades», sostienen.

Por último, evalúan que «la  institucionalidad  política  puede  atender  las   demandas  legítimas  del  movimiento  social,  siempre  y  cuando  este  demuestre  que  tiene  disposición  de  lucha   y  que  sus  demandas  contienen  una  legitimidad  incuestionable». Sin perjuicio de ellos,  llaman a realizar «un  cambio  profundo  en  el  sistema  democrático  actual,  que  nos  dote  de  una  nueva  institucionalidad   más  participativa  y  más  transparente.  Que  no  dependa  de  la  voluntad  de  grupos  de  poder».