Transnacionales mineras y autoridades son sancionadas por falta de ética

El Tribunal Ético a la Minería de Frontera es una instancia abierta por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca),  en conjunto con Acción Ecológica – Ecuador, Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo Fobomade – Bolivia, Asamblea San Juanina contra la Contaminación – Argentina y CooperAcción Perú,  para visibilizar esta nueva forma de minería que amenaza con devastar zonas estratégicamente intocables de Latinoamérica, por ello convocó a comunidades de más de 10 países y a personalidades respetadas por su coherencia ética en distintos ámbitos del quehacer social continental.

El 30 de septiembre se realizó en Santiago de Chile el Primer Tribunal Ético de Minería de Frontera, y a un mes de la actividad, el Panel de Jueces publicó “en acuerdo” un extenso fallo de 5 páginas que sanciona el proceder de las empresas involucradas en proyectos de minería de frontera como atentatorio a los principios básicos de la ética y el bien común.

Entre otras cosas, el pronunciamiento del Panel de Jueces establece que las empresas operan bajo el engaño, exhiben una actitud de despojo en beneficio propio, desdeñan el diálogo e imponen su voluntad con complicidad de las autoridades.

El Panel de Jueces estuvo compuesto por Juan Luis Ysern, obispo emérito de Ancud; Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos Cedhu de Ecuador; Cristian Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y Secretario de Negociación Colectiva, Conflictos y Solidaridad de la CUT; Lorenzo Muelas, constituyente y Senador de la República en representación de los Pueblos Indígenas de Colombia, y Karyn Keenan de la Coalición Iniciativa de Halifax de Canadá.

Los casos que se ofrecieron a examen de este Tribunal fueron la mina de barita de Chicomuselo de la canadiense Black Fire en la frontera de México con Guatemala; la aurífera Cerro Blanco de la norteamericana Glamis Gold, en la frontera de Salvador con Guatemala; los proyectos mineros de la cordillera del Cóndor, representados por Afrodita y Río Blanco, en la frontera de Perú y Ecuador; las aspiraciones de hierro de el Mutún en el Pantanal en la frontera de Brasil y Bolivia, y el emblemático Pascua Lama, en el límite chileno argentino, a cargo de la canadiense Barrick Gold. Todos los casos comprometían comunidades indígenas que no fueron debidamente consultadas, las que temen sobre todo por las aguas y el equilibrio ecosistémico de su hábitat. Las zonas en cuestión corresponden a lugares que se habían mantenido a salvo por la condición fronteriza de los territorios, y en ellos habitan especies y culturas que de permitirse este tipo de minería transitarán irreparablemente a la extinción. Los testimonios dieron cuenta de cómo todos estos proyectos habían contado con la complicidad de las autoridades, las que en algunos casos llegaron a promulgar leyes, firmar tratados y desconsiderar acuerdos limítrofes, para viabilizar los emprendimientos.

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), la sentencia de este Tribunal aunque no es vinculante para los Estados, es significativa pues da cuenta de que los valores con que operan las mineras que en su discurso son responsables, traen desarrollo, empleo y progreso, son finalmente, contrarios a los principios que sostienen la vida de las comunidades a las que ellos se imponen. “Relevar esta forma de minería, socializar que todas las fronteras de nuestro continente están ahora fragilizadas y bajo el dominio del afán de lucro de las transnacionales, y alertar sobre el destino de zonas declaradas reservas de la biosfera, parques nacionales, hábitats de pueblos no conectados, etc, que están siendo desafectados sin conocimiento ni participación alguna de la ciudadanía, es claramente un deber ético y social ineludible” remata Cuenca.