Ante las declaraciones del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, sobre las próximas licitaciones para el Transantiago, agrupaciones gremiales del transporte se “declararon en alerta”. Denunciaron el posible traslado de responsabilidad de la evasión del pago de pasajes a los choferes del Transantiago.
Este miércoles 22 de junio, el presidente de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), Oscar Olivos, y el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores del Transporte y Afines (Asttra), Rodolfo Cid, se declararon en “alerta máxima ante las autoridades de los operadores del Transantiago para que exijan la validación de pasajes, responsabilidad que será transferida a los conductores de la locomoción colectiva”.
Según la CAT y la Asttra, el Ministerio del Transporte y Telecomunicaciones declaró que a partir del próximo mes de octubre, cuando se establezcan las nuevas licitaciones para el Transantiago, “se les pagará a las empresas operadoras del sistema por pasajero transportado y sin estipular cuáles serán los mecanismos por los cuales las empresas deberán cautelar la validación de los pasajes”.
Así, estos gremios temen que se pueda implementar los incentivos económicos a los conductores, o sea que estos últimos intervengan para que los usuarios validen su pasaje.
Recordaron que “uno de los objetivos perseguidos con la implementación del Transantiago era que los conductores sólo conduzcan, porque son decenas de vidas las que están en sus manos”. Cid añadió que se trata de atacar la ley, destacando que “se creó el Transantiago para respetar al decreto 86 de la Ley de Tránsito que dispone que los choferes de buses sólo tienen que atarearse en conducir los buses”.
Olivos recalcó que “después de tres o cuatro años de Transantiago, no vamos a volver atrás al sistema de micros amarillas, o sea que los choferes vuelven a preocuparse de la fiscalización”.
Denunciaron que desean traspasar la responsabilidad por la validación de pasajes de las empresas a los conductores, subrayando que “varias muertes y agresiones están en el historial reciente de los conductores, debido a conflictos con pasajeros que se niegan a validar su pasaje”.
A continuación, se negaron a que el sueldo de los trabajadores “vuelva a depender de cuántos pasajeros llevan, porque es un incentivo perverso que [les] obliga a competir por el público, y atenta contra la prudencia al conducir”.
Cid indicó que planea, con los demás actores involucrados, reunirse con el ministro de Transporte. También emitió la posibilidad de organizar una movilización para el 30 de junio próximo, fecha que coincidiría con el llamado a paro del sector educativo.
El Transantiago, está compuesto por unos 11 operadores: No es un sistema estatal ni siquiera público, los dueños de los buses son empresas privadas y la tarjeta bip es administrada por un consorcio integrado por otras empresas privadas.
En 2006, el precio del pasaje de transporte público era de 380 pesos en Santiago. A la fecha, el usuario del Transantiago tiene que pagar 540 pesos como tarifa base en la micro, lo cual no se condice con las diminutas alzas en los sueldos de trabajadores y trabajadoras que dependen del sistema para poder llegar a los lugares en que realizan sus oficios.
Aunque los gremios no lo destacaron, se supone que con este traslado de responsabilidad de las empresas a los choferes, los conductores asumen el costo de la evasión dado a las tarifas del transporte en constante subida.
Por Mélissa Quillier
Fotografía: Mauricio Díaz
El Ciudadano