Un año sin reconstrucción: Aterrizaje forzoso a la realidad local

A un año del terremoto, la reconstrucción es una fantasía para los vecinos organizados de las zonas devastadas. A las irregularidades económicas detectadas con el Gobierno central, se suman la lucha contra expropiaciones, privatizaciones y la nula capacidad del Estado de responder a tiempo y con dignidad a los miles de damnificados por la tragedia.

Cuando hablamos con don Miguel Barra se escucha cansado y nostálgico. “Es que venimos del terreno donde vivíamos antes del terremoto”, explica. Hoy vive en el campamento El Molino, en Dichato, el más grande de Chile, que alberga unas 450 mediaguas de personas que lo perdieron todo.

“Con el terremoto todo se acabó”, confiesa. Perdió sus dos casas y negocios, y ahora subsiste con lo que le reporta un “negocito” instalado en el campamento, donde vende productos de primera necesidad.

Para don Miguel la reconstrucción no existe. Si no fuese por la organización de los propios vecinos, “Dichato estaría igual que el día después del terremoto”. Por eso, cuando a mediados de febrero Sebastián Piñera visitó la localidad, fue a protestar junto a otros dirigentes, y resultaron detenidos.

Barra y otros vecinos acusaron al Presidente de no cumplir con su palabra, ya que prometió que en Dichato no habría expropiaciones. Originalmente se pretendía expropiar 80 metros del borde costero, lo que con movilizaciones se redujo a 60, pero ahora “se han impuesto unos valores injustos a los propietarios de esos terrenos”.

Además, señala que a quienes quieren volver se les ha amenazado con quitarles el subsidio y que algunos privados y la Municipalidad, aún sin tener recursos, han aportado más que el Estado.

LA VERSIÓN OFICIAL

El Informe de Reconstrucción del Gobierno señala como tarea pendiente “entregar durante el 2011 los 85 mil subsidios habitacionales que faltan”, en un plazo que podría demorar hasta diciembre.

Según cifras oficiales, más de mil 600 familias viven en “aldeas” de viviendas de emergencia –de no más de 18 metros cuadrados- con acceso a un módulo sanitario compartido, de baños químicos. Sólo 66 de ellas se encuentran conectadas a la red de alcantarillado y agua potable y 44 aún funcionan con fosas sépticas y extracción de agua desde estanques.

Por si fuera poco, según una publicación del Centro de Investigación Periodística (Ciper), el 40% de los habitantes de las “aldeas” no tendrán casa definitiva, ya que no son considerados “damnificados” por el Ministerio de Vivienda, lo que impide postular al beneficio.

Entre quienes no contarían con viviendas cuando las de emergencia sean erradicadas, según el informe “Reconstrucción Nacional Programa Aldeas” (del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu), se encuentran 585 familias con otro hogar, 302 familias sin FPS (Ficha de Protección Social), 406 unipersonales (el beneficio no contempla a las personas que viven solas) y 666 sin certificado de damnificado.

Por su parte, Jorge Pizarro, presidente del Senado, aseguró que “se hablan de 124 mil subsidios otorgados, pero sólo el 1,2% de esas viviendas han sido entregadas o reparadas, es decir, tan sólo 1.536, a diciembre de 2010”.

Ante las acusaciones que arrojó el informe de la Contraloría relacionado con las irregularidades en que habría incurrido el Gobierno, la vocera del Ejecutivo, Ena Von Baer, aseguró que si es que se resuelve que estas son verídicas, sancionarán a los responsables”. Cosa que ha reafirmado en sus declaraciones Magdalena Matte, titular de Vivienda.

PANORAMA LOCAL

El 29 y 30 de enero, se reunieron en Talca 25 agrupaciones sociales, desde Santiago a Talcahuano -convocados por la organización no gubernamental (ONG) Sur Maule– que acordaron la creación del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ). En dicha instancia, se establecieron tres demandas centrales y urgentes: Viviendas dignas, reconstrucción de establecimientos públicos (principalmente escuelas y hospitales) y rechazo a la privatización y especulación inmobiliaria. Además, acordaron una agenda de actividades para la conmemoración de la tragedia y el izamiento de banderas negras.

“Estamos unidos en un discurso común al conmemorar un año sin reconstrucción. El Gobierno mostrará una cara de la moneda que a nosotros nos resulta engañosa y falsa”, señaló en las vísperas del 27 F, Micaela Torres, integrante del Movimiento y de la Agrupación de Comités por una Vivienda en mi Barrio, de Talca.

En el encuentro, se expusieron los principales problemas de los damnificados. En Cauquenes, por ejemplo, casi el 60% de la población está en esta condición, las oficinas de reparticiones públicas atienden en “pequeños cuchitriles”, muchos edificios deben ser demolidos, y no se conoce ningún proyecto referente a su destino, explica Jaime Cortés, de la Agrupación Cultural La Batuta.

Además, denuncia que, por orden municipal, escombros han sido botados en los ríos cercanos, generando contaminación, micro-basurales y malos olores.

Cortés afirma que los avances sólo son en cuanto a demoliciones y retiros de escombros, entrega de mediaguas, reposición de escuelas y liceos que, en rigor, han sido resultado de la reorientación de impuestos de grandes mineras que han invertido en eso. En el caso de la infraestructura hospitalaria, dañada en un 80%, hay carpas y módulos para los pacientes y la situación a nivel general indica que 17 hospitales deberán ser demolidos.

En tanto, asegura que no hay inversión del Gobierno central. “En febrero consultamos a la Dirección de Obras de la Municipalidad e informaron que no hay más de 70 permisos de edificaciones a reconstruir”, afirma.

Marisel Rojas, dirigenta de la población Santos Martínez de Curicó, ironiza: “¡¿Cuál reconstrucción?!”, indicando que sólo esperan que las promesas hechas se cumplan y puedan acceder pronto a viviendas dignas, “ya que, ni siquiera nos entregaron el revestimiento para las mediaguas”.

“En Constitución, hay siete ‘aldeas’, todas con problemas sanitarios y de infraestructura, ya que las mediaguas no reúnen las condiciones adecuadas para el invierno”, explica Alejandro Hormazábal, de la Agrupación de Damnificados de esa localidad.

“Se avanza en temas que no son prioridad, como la Costanera y el arreglo de espacios públicos; lo que hoy necesitamos es vivienda, lo otro puede salir más adelante”, indica, aclarando que hay varios proyectos pero ninguno concretado.

Red Construyamos agrupa a más de 30 organizaciones de Concepción y alrededores. Eduardo Ampuero, uno de sus integrantes, identifica algunos problemas como la incertidumbre sobre la futura localización de los sectores costeros arrasados, la crítica situación laboral en Talcahuano y otras zonas ligadas a la pesca artesanal y el turismo, y la lentitud en la reconstrucción de hospitales y colegios. Esto último, a su juicio, “pone en riesgo su carácter público”.

Igualmente, hace hincapié en la política de expropiación y privatización del Gobierno, problemática extensible a sectores habitacionales que no han sufrido la pérdida de sus hogares y que son expulsados sin indemnizaciones justas, destacando los casos de Villa Futuro y Aurora de Chile (Concepción), Centinela en Talcahuano, y Camilo Olavarría, en Coronel.

Además, recalca la impunidad de las inmobiliarias que construyeron edificios colapsados, con quienes el Estado hizo tratos directos para obras de estabilización, reparación o demolición, como es el caso de Constructora JCE.

Y en Santiago, los Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay expresan colectivamente que sólo con esfuerzos comunitarios desarrollaron iniciativas de apoyo a la reconstrucción y restauración, imprescindibles para un sector de la capital cuya condición de Zona Típica no representa beneficio alguno al respecto, sino todo lo contrario. En la zona, el alto valor del suelo les impide entrar en la política de subsidios del Minvu. También es el caso de los vecinos de Villa Olímpica (Ñuñoa) o los propietarios del Condominio Sol Oriente (Macul), cuyos edificios fueron declarados inhabitables.

EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL

Otro elemento común en las críticas al proceso de reconstrucción es el rol estatal y de los municipios. Para Ampuero, de Red Construyamos, el Estado “está permeado por los intereses de mercado, lo que se refleja en una serie de privilegios y en la entrega de las riquezas naturales y zonas de localización de las poblaciones para el lucro”.

Su actitud ha sido “ausente, indolente, con casi nula sensibilidad social”, añade Jaime Cortés, de Cauquenes. En una reciente encuesta implementada en 5 comunas de la región del Maule, la percepción de los cauqueninos a la reconstrucción arrojó nota roja: 3,6.

En Constitución, falta gente en terreno que evalúe la realidad de los vecinos, opina Hormazábal. “Hemos pedido hasta el cansancio un delegado de Gobierno que interactúe con nosotros, pero sólo tenemos reuniones y luego se van”.

Respecto a las municipalidades, las opiniones difieren. En lugares como Dichato, Curicó o Constitución se valora su gestión, por sobre la del gobierno central. Mientras que en Cauquenes, Concepción y Santiago concuerdan en que los municipios no tienen recursos y sus atribuciones son menores.

Finalmente, todas las organizaciones asistentes al encuentro en Talca, manifestaron que en la reconstrucción no se ha estimulado la participación ciudadana.

APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Otro de los actores que se identifica en el proceso –además del Estado, privados y organizaciones de base- son las instituciones autónomas como ONGs y universidades.

Claudio Pulgar, coordinador general del Observatorio de Reconstrucción de la Universidad de Chile, asegura que la reconstrucción se basa en un modelo ideológico neoliberal al estilo de New Orleans luego del huracán Katrina, donde los protagonistas son los grupos empresariales. Y da varios ejemplos: El grupo inmobiliario Hurtado Vicuña en Talca, Cencosud en Talcahuano, o el Grupo Angelini en Constitución, ligado directamente a Pablo Allard, y Andrés Iacobelli, encargado nacional de la reconstrucción y subsecretario de Vivienda, respectivamente, afirma.

Pulgar denuncia conflicto de interés en los “Planes de Reconstrucción Estratégica Sustentable” (Pres), realizados con fondos privados por empresas con intereses en los territorios y sin procesos de control público y menos de licitación o concurso.

Además, habla de la “crisis de la política habitacional subsidiaria” instalada por Pinochet y vigente al día de hoy, donde los habitantes son simples destinatarios asistidos por programas sociales y los reales beneficiarios son los privados.

El principal problema es que desde la perspectiva gubernamental se redujo la reconstrucción a la demolición, reparación y reposición de infraestructuras y edificaciones. “No hay un debate público respecto de cómo puede aprovecharse este impulso de inversión para generar nuevos procesos de desarrollo regional”, expresa Eduardo Letelier, director de la ONG CET SUR, asentada en Tomé y Temuco.

“De este modo, la reconstrucción como esfuerzo sistemático de planificación y acción concertada a nivel regional resulta casi impensable”, explica.

Respecto a la nula participación ciudadana, Pulgar enfatiza en que se ha desperdiciado “una tremenda oportunidad de democratización”, recalcando que el terremoto y lo que generó se transformó en “motor de la organización social”.

“En todos los encuentros del año, la conclusión fue contundente: Además de una reconstrucción justa, democrática y participativa, se necesita un nuevo modelo que parte por cambiar la Constitución y sigue con la instalación de políticas basadas en derechos humanos y en la construcción de una democracia participativa”, concluye.

LA RECONSTRUCCIÓN INMATERIAL

A un año de la tragedia, la realidad de los damnificados es también el relato de una angustiosa exclusión y de un proceso que, por momentos, olvida que con el terremoto no sólo se perdieron construcciones, sino vidas y proyectos.

“Se ha tratado de mantener la sintonía del miedo, del terror”, reflexiona don Miguel Barra en Dichato, queriendo explicar la actuación de las autoridades.

“Lo que pasó acá fue muy fuerte, hay muchos adultos que no quieren volver, pero los hijos sí, ellos quieren recuperar la tierra de sus padres”. En estos casos, dice, “las ganas sobrepasan al temor”.

Por Vanessa Vargas y Cristóbal Cornejo

El Ciudadano Nº97, primera quincena marzo 2011