En la Región de Los Lagos está aprobado un proyecto para construir un puente sobre el Canal de Chacao que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Costará alrededor de $360 mil millones. Será el puente colgante más largo de Chile y Latinoamérica. ¿Quieren todos los chilotes esta construcción? ¿La necesitan? ¿Está entre sus prioridades? Conversamos sobre ello, sobre los intereses privados que hay detrás y sobre irregularidades y corrupción, con Juan Carlos Viveros (42), chilote y vocero del movimiento opositor al puente “Defendamos Chiloé”.
Hace unos años uno podía ver que se realizaban manifestaciones exigiendo un puente que conectara a Chiloé con el continente. Hoy hay quienes están a favor de esto planteando precisamente que es algo “esperado por años”. ¿Es así?
Puede que un grupo lo haya manifestado, pero jamás la mayoría de los habitantes de Chiloé. Además, que un proyecto sea “esperado por años” no significa que sea imprescindible o prioritario para las personas que habitamos aquí. Esas manifestaciones de apoyo al proyecto tuvieron mucho de manipulación mediática por parte de funcionarios y simpatizantes del gobierno anterior. Hay que recordar también que las manifestaciones en contra del proyecto puente Chacao tienen décadas de antigüedad. Ya lo decían hace años Mario Contreras, Armando Bahamondes, Renato Cárdenas, la Red de Cultura de Chiloé, el Concejo de Comunidades Williche y varios Lonko, como Don Fidel Raín, quienes tuvieron muy poca cobertura por los medios de comunicación, incluso interponiendo recursos legales en contra del procedimiento de consulta indígena, el cual es calificada por ellos como “fraudulento”.
¿Es el puente una prioridad para Chiloé?
Hace poco el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (Cesch) concluyó un estudio sobre las prioridades de nuestra gente. El 86% señala que los enormes montos de dinero aprobados para el puente debieran destinarse a las necesidades reales de nuestra gente. Si usted revisa todos los estudios socio-económicos del archipiélago, por décadas, se dará cuenta inmediatamente que un puente sobre el canal de Chacao no es prioridad ni necesario.
¿Qué necesidades sí son prioridad y por qué?
Hay necesidades postergadas por décadas. Entre las más importantes están la mejora de los servicios de salud en todas las islas; recuerde que somos más de 40 islas. Una red de servicios de salud óptima, eficiente, de calidad y alcance para toda nuestra gente. En Chiloé hay islas pequeñas donde viven 50, 70 habitantes y en invierno no pueden sacar a sus niños a un hospital, ni siquiera tienen postas o auxiliares paramédicos. Con esta realidad, ¿cómo vamos a necesitar un puente de 360 mil millones de pesos?
La segunda necesidad postergada históricamente es la educación. Necesitamos contar con universidad chilota e instituto técnico-profesional. Llevamos décadas pidiendo esto. ¿Por qué los chilotes tenemos que ir a estudiar al continente? ¿Acaso somos personas de tercera o cuarta categoría? Un santiaguino estudia en Santiago, un penquista en Concepción, un valdiviano en Valdivia… y nosotros estamos obligados a abandonar hogar y familia.
Es imprescindible mencionar también que, con todo ese dinero del proyecto, se podrían mejorar cientos de kilómetros de rutas rurales, caminos interiores, que están totalmente destruidos, rampas para islas pequeñas, proyectos de agua potable rural; llevamos cuatro años de sequía veraniega y nuestros poblados sufren de esta carencia tremenda de un elemento vital para la propia supervivencia. Los gobiernos tienen un mandato constitucional: ¡el uso eficiente de los recursos públicos! Como verá usted, podríamos perfectamente sostener entonces que ese puente ¡es inconstitucional!
¿Qué tan divididos están los habitantes de Chiloé frente al tema del puente?
Preguntar si la gente quiere o no quiere ese puente es de una irresponsabilidad política tremenda, vergonzosa, puesto que las mega obras públicas no se deciden por un “me gusta”, esto no es un Facebook. Las grandes obras públicas se deciden por la rentabilidad social del proyecto o por las necesidades básicas esenciales que satisfacen. En este caso, el proyecto puente se cae solo. Si usted pregunta en Chiloé si ese puente es prioritario o necesario, el 70-80% le dirá que no lo es. Cosa que consta en sondeos hechos. Ese proyecto no ha tenido participación ciudadana, nosotros no hemos elegido ese proyecto, ni menos se han presentado las alternativas de túnel o modernización de rampas y transbordadores.
Ustedes sostienen que este proyecto es una amenaza para la identidad y cultura de Chiloé. ¿Por qué?
No solo nosotros, también lo sostienen las comunidades indígenas, loncos, concejos de comunidades, la red de cultura de Chiloé. Podemos ver esto desde dos puntos de vista. Sociológicamente, el impacto brutal de conectar un territorio insular al continente está demostrado en otras experiencias similares. Funcionalmente dejamos de ser isleños, lo que trae repercusiones inmensas, incluso a la salud, psicológicas. Por otro lado, tenemos las legítimas sospechas de que ese mega proyecto tiene por objetivo acelerar el proceso de arrase de los recursos naturales, lo que nos va quedando, y no solo los nuestros, sino que el “brazo mecánico” del capitalismo salvaje chileno se extiende desde nuestro Chiloé a arrasar con la Patagonia. Nuestra identidad y cultura es milenaria, ancestral, íntimamente ligada, interconectada con la naturaleza, fuente de la vida chilota. Si ese proyecto amenaza nuestros equilibrios naturales y humanos, es evidente que pone en peligro totalmente lo que los chilotes somos.
¿En qué otros ámbitos podría afectar a la isla el puente?
Esta es una muy buena pregunta pues nos abre hacia otro de los errores garrafales del proyecto. El Colegio de Arquitectos organizó varios seminarios denominados “Impactos en el territorio del puente Chacao”. Fundamentalmente pretendían informar, mostrar a nuestros habitantes cuáles serían los probables impactos de una mega obra de esa envergadura. Fíjate que como conclusión final aparece que “No hay estudios de los impactos en el territorio archipielágico” y que, por lo mismo, Chiloé no está preparado para recibir el proyecto, no hay planificación alguna que lo sustente, lo que es gravísimo, técnicamente impresentable y vergonzoso políticamente. ¿Cómo es posible que en un territorio patrimonio de la humanidad, patrimonio agrícola del planeta, no se tengan estudios de impacto de una inversión de esa magnitud? Una vergüenza y una falta de respeto total.
¿Qué responden frente a quienes argumentan a favor del puente que este significaría un mejoramiento en la conectividad, en los tiempos de viaje entre el continente y la isla y en los costos que esto implica para los habitantes y turistas?
Por supuesto que disminuiría los tiempos de viaje al continente, pero el tema aquí no es solo eso, sino el monto de la inversión pública, dinero de todos los chilenos destinado simplemente a llegar más rápido a Puerto Montt. Si ustedes revisan los informes del MOP verán que se anuncia como “Beneficios esperados” del proyecto el acceder a mejores y mayores oportunidades de salud y educación en Puerto Montt. Esto nos parece una aberración desde el punto de vista técnico y político. Un gobierno con conciencia social no destina $360 mil millones para “llegar más rápido” a universidades y hospitales en la capital regional. Esto es un abuso tremendo frente a nuestra dignidad. Los chilotes necesitamos oportunidades aquí en el archipiélago. Eso es lo que haría un presidente o presidenta consciente.
Respecto a los costos del cruce y la posible tarifa de un posible puente, no se tiene información. El MOP no sabe cuánto costará ni cómo se administrará, de construirse, el paso por ese puente. Se ha mencionado en entrevistas que podría ser entre un 80% hasta el mismo valor del cruce en ferry, por lo que no se puede cifrar falsas esperanzas en lo que no es.
Sobre el tema de conectividad, aquí el asunto es más preciso aún. Somos archipiélago, no somos una isla, ¡somos más de 40 islas! Esto cambia radicalmente el escenario, ya que si tenemos que hablar de conectividad y seriedad en las inversiones públicas, lo primero que debe solucionarse es la conectividad interna entre islas, los caminos rurales entre poblados y los sectores urbanos. Fíjense ustedes que sacar a niños enfermos de las islas pequeñas a la isla grande puede tomar entre 4 a 5 horas y a veces días enteros, pues no hay infraestructura ni lanchas públicas para hacerlo. Entonces, una vez más el puente queda muy mal parado frente a este tema, como frente a los otros mencionados.
¿Y respecto al nuevo impulso al turismo, al trabajo y a la inversión que esto supuestamente significaría?
En cuanto al turismo, mencionar que la corporación del rubro más grande de Chiloé nos apoya en la postura. Chiloé es turismo cultural, de intereses especiales, sustentable, comunitario, local. Para este tipo de turismo una obra como ese puente no es atractivo, no pasa a ser un recurso. Por el contrario, es sabido que el cruce en transbordador es uno de los atractivos más mencionados y valorados por turistas nacionales y sobre todo extranjeros. Fíjense que hace poco, una prestigiosa revista internacional del tema mencionó como “dato curioso” que el gobierno quiera conectar a la isla grande con un puente.
Respecto a inversión y trabajo, seguimos con la imprecisión y errores en la información que el gobierno y el ministro (Alberto) Undurraga han entregado. Hace poco nos enteramos en reunión oficial del MOP en la Municipalidad de Ancud, que de los 2.000 cupos de trabajo directo que el proyecto daría, son solo 200 a 300, de los cuales el 70% es mano de obra calificada, lo que implicaría que muy pocas plazas se abrirían para el tipo de trabajador que tenemos en Chiloé.
¿Qué importancia le asignas a los intereses de las salmoneras, forestales y mineras en el avance de este proyecto?
Hace poco tuvimos acceso a un artículo de un profesional del área salmonera, donde nos contó que el empuje del proyecto durante el periodo del presidente Lagos se debió al interés de la industria del salmón. Este criterio está obsoleto hoy, como política pública, dada la situación de esa industria y los daños ambientales y sociales que no han pagado en décadas. Las industrias forestal y minera se ciernen sobre nosotros como una espesa neblina, una gran sombra de la cual tenemos mucho temor. Estamos sufriendo crisis de agua los veranos desde hace cuatro, cinco años, donde una de las causas son las plantaciones de Eucaliptus, fomentadas por los mismos gobiernos, con el tremendo daño que generan. La minería, otro fantasma que veíamos lejano y creíamos especulativo, ya tiene concesiones por toda la isla grande. Sabemos que las leyes están hechas a la medida de esa industria, que tienen derechos por sobre nuestra propia gente y sus terrenos o casas, por lo que creemos que si este Puente Chacao no resuelve nuestras necesidades básicas, no es prioridad, debe haber alguna razón de fondo para hacerlo, entre las cuales –creemos- están esas industrias detrás, sumado a algunos egos presidenciales y también -según hemos leído en prensa nacional- vínculos a corrupción a políticos tras todo esto.
Frente a proyectos de esta magnitud, generalmente surgen cuestionamientos respecto a sus estudios de impacto ambiental, por ejemplo. En este caso, ¿ustedes han podido verificar irregularidades?
Aquí hay otro de los errores graves del proyecto. El estudio de impacto ambiental es de 2002. Además, solo considera como área de impacto el lugar físico donde se ubicaría la obra y sus vías de acceso, lo que se contradice totalmente con lo que el ex presidente Piñera, la propia presidenta Bachelet y el ministro Undurraga, han señalado: “Un proyecto que impactará enormemente a la isla”. Lo lógico es que si dicen que la obra impacta a todo Chiloé, los estudios se apliquen a todo nuestro territorio y no solo a lo mencionado. Es importante decir que por acuerdo internacional con la OIT y su Convenio 169, debió incluirse en este tema una consulta indígena, que al determinar como área de influencia solo el lugar de la obra y sus accesos, solo se aplicó a una comunidad indígena, de las más de 200 existentes, y a ningún concejo de loncos, lo que viola la ley, tema que fue reclamado por 2, 3 años aun, hasta hoy, y no ha habido ninguna respuesta a la altura, ni del gobierno anterior ni de este.
En 2013, el español Jaume Serret, siendo gerente general de la filial chilena del grupo español Comsa-Emte, fue demandado por la misma empresa por inflar los balances de la compañía. Sin embargo, se convirtió luego de eso en gerente general de OAS Chile, que forma parte del consorcio que se adjudicó la construcción del Puente Chacao. A esto habría que sumar que, luego, la cúpula ejecutiva de esta misma constructora brasilera fue condenada en agosto de 2015 a prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, en el marco del escándalo “Petrobras”. ¿Qué piensas de eso? ¿Consideras que era una razón suficiente para quitarle a esta empresa la construcción del puente?
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Lo que mencionas es grave y ya todo Chiloé está informado gracias a la labor investigativa de algunos periodistas y luego de la que realizamos nosotros por redes sociales en la prensa nacional y local. Los vínculos a sobornos que mencionas están siendo investigados por fiscalías de cuatro países y por Transparencia Internacional. Le pedimos a la presidenta Bachelet, hace unos días en Curaco de Vélez, que se sume a la investigación, que detenga la obra, dado que es una vergüenza de nivel mundial que hayan licitado a ese consorcio de la manera en que lo hicieron y por los escándalos de corrupción en que se encuentra envuelta la empresa Oas, dueña del 49% del contrato.
Según las proyecciones, el puente debería estar listo en 2019. ¿Crees que eso ocurrirá o estás convencido de lo contrario?
Creemos que ese puente se va a caer solito, decimos aquí los chilotes. Por las múltiples razones que mencionamos en esta entrevista, pero fundamentalmente porque -como señaló la directiva de la Asociación Nacional de Ingenieros de Obras Públicas de Chile, todo el procedimiento de aprobación y licitación del proyecto se ha hecho fuera de las normas y leyes vigentes, según consta en carta pública que enviaron al ministro Undurraga en junio de 2014, quien no quiso oír. Si le sumamos las falencias técnicas, la realidad económica del país, el que no resuelva ningún problema básico de Chiloé ni haya sido consultado correctamente a toda la comunidad chilota, y los vínculos a sobornos políticos, se hace evidente que no debe continuar y que los fondos aprobados para esta broma de mal gusto sean destinados a lo que siempre debió hacerse: satisfacer las necesidades prioritarias del archipiélago, un lugar diferente, especial, mágico y único, que si no empezamos a resguardar y valorar ahora será destruido por el sistema político-económico chileno, que no respeta ni valora nada.
Por Daniel Labbé Yáñez