Durante esta mañana, en una nueva señal de la ofensiva del movimiento estudiantil, un grupo de 40 estudiantes decidió tomarse la oficina de la Comisión Ingresa, la institución que administra el sistema de créditos para la educación superior.
La iniciativa no fue antojadiza: a 10 años de la instauración del Crédito con Aval del Estado (CAE), el endeudamiento de los familias chilenas es uno de los principales problemas del sistema educativo y hoy, la condonación de deudas se encuentra entre las demandas centrales del petitorio de la Confech.
El colectivo Deuda Educativa -que reúne a estudiantes endeudados en diversos créditos, como el Corfo, CAE y el Fondo Solidario- se ha movilizado desde el 2013 para denunciar la crítica situación que viven los profesionales a raíz del endeudamiento con la banca. En opinión de Juan Pablo Rojas, vocero de la organización, el CAE «ha venido a provocar una precarización en la vida de quienes tuvimos que acceder a este crédito para poder entrar a la educación superior. Es la guinda de la torta de un sistema de bancarización de la educación».
Los profesionales y estudiantes endeudados recalcan que, si bien el crédito cumplió su objetivo principal de facilitar el ingreso de miles de estudiantes a la universidad, el costo para las familias fue muy alto y se terminó por «bancarizar» a cerca de un millón de personas.
El escenario es más complejo si se considera que el mercado laboral no promete oportunidades a todos los profesionales ya egresados, ni tampoco sueldos que sustenten el pago de sus créditos. Recientemente, miles de trabajadores a honorarios -cuya situación ya es precaria- ven retenida su devolución de impuestos por deuda universitaria.
«Eso, a la vez, trae otros problemas económicos en Chile: una persona que está con CAE no tiene la capacidad de postular a un crédito hipotecario y no va a poder concretar el sueño de la casa propia. Esto es un círculo vicioso de la economía. La gente está en Dicom o siendo demandada. De beneficio social, no tiene nada. Sólo ha venido a favorecer a los bancos», recalca Rojas.
Desde Deuda Educativa destacan el gesto de la Confech de incluir la condonación de las deudas entre sus principales exigencias. Para los dirigentes estudiantiles resulta evidente que no puede existir gratuidad universal en un sistema que aún no ha terminado con el lucro y los deudores universitarios.
Un negocio redondo para la banca a través del endeudamiento perpetuo
Las cifras actuales de endeudamiento alcanzan a más de 600 mil familias chilenas. En su primera década de existencia, el CAE ha sido utilizado por 719 mil estudiantes, con un total de préstamo de $951 mil millones para financiar sus carreras, un monto que duplica el presupuesto destinado por el Mineduc para la gratuidad durante 2016.
Aunque los estudiantes han exigido directamente el mea culpa de las autoridades que participaron de su creación, los gestos políticos no han llegado. “Creo que las críticas son por desconocimiento, porque este crédito ha sido una tremenda arma de igualdad y de acceso a la educación superior para miles de estudiantes”, afirmó el ex ministro de Educación del gobierno de Ricardo Lagos, Sergio Bitar, férreo defensor del CAE.
En opinión de Alexander Páez, investigador de Fundación Sol, la explosión de matrículas que provocó la irrupción del CAE ha generado que este aumento, en general, se concentre en «instituciones privadas, controladas por cerca de cinco grupos económicos que representan a 20 instituciones de educación superior. Hablamos de recursos frescos que se concentran en el sector privado, donde incluso hay universidades investigadas por lucro».
A juicio de los especialistas, la iniciativa de los créditos aseguró el enriquecimiento y una demanda cautiva para los bancos y las instituciones de educación superior.
«Lo que produjo el CAE en estos diez años es una generación de endeudados, que ingresan al mercado laboral con una fuerte carga de deuda. Si analizas, además, el endeudamiento de los hogares en general hablamos de que el CAE puede expresar más del 50% del total de la deuda global de las familias».
Así, la inseguridad financiera de los hogares aumenta mientras la ganancia de la banca y la matrícula cautiva para las instituciones de educación superior se mantiene resguardada por medio de recursos estatales. «Niego un derecho social y además entrego altos niveles de ganancias a la banca», enfatizó Páez.
Diez años del CAE: El despilfarro de los recursos públicos
Estudiantes e investigadores ponen en cuestión la alta inversión destinada al CAE por el Estado -cerca del 36% del presupuesto anual- versus el financiamiento destinado a fortalecer la educación pública y la misma promesa de gratuidad universal de Bachelet. Esos recursos que hoy alimentan a los bancos, dicen, podrían destinarse directamente a potenciar las instituciones públicas, pero las autoridades argumentan que es más costoso para el Estado terminar con dichos contratos y los recursos comprometidos.
En la práctica, sin embargo, la banca ha superado con creces las garantías iniciales que el Estado comprometió para iniciar el CAE en 2006. A la fecha, éste ha recomprado el 48% de los créditos, con un sobreprecio de alrededor del 28%. Todo, cancelado con los impuestos de miles de chilenos y chilenas.
Para el vocero de Deuda Educativa, con los montos que hoy reciben los bancos de parte del Estado, «hay dinero de sobra para poder destinar directamente a los estudiantes y a las universidades. Lamentablemente, por políticas creadas por Ricardo Lagos y Sergio Bitar, entre otros, hoy estamos viendo cómo el Estado se ha convertido en una verdadera caja pagadora de los bancos».
Además, en el análisis del comportamiento del CAE durante esta década, se evidenció que el mecanismo genera un efecto redistributivo regresivo, que significa que parte importante del dinero invertido por el Estado a los planteles no tiene una correspondencia de beneficios para los estudiantes. Hoy, los ingresos del CAE para instituciones privadas supera los 65 mil millones de pesos y las cifras aumentan si se considera la alta tasa de deserción en estos planteles, lo que implica comprometer garantías por nuevos y suculentos montos. Así, existe un perverso incentivo de parte de estas instituciones por matricular a jóvenes, sin mayor proyección sobre su futuro académico.
El CAE, como una máquina productora de endeudados y morosos, ha vuelto a tomar protagonismo en el movimiento estudiantil. Para los dirigentes, cualquier discusión sobre financiamiento y gratuidad no puede dejar fuera del debate la deuda estudiantil y así lo manifestaron, de cara a la reunión de este viernes con la ministra Adriana Delpiano. «Es un contrasentido, tanto a nivel de derechos sociales, como a nivel presupuestario del Estado, continuar con el CAE», apunta el investigador de Fundación Sol.
Hasta ahora, no hay indicio de que los fundadores del CAE en Chile reconozcan su responsabilidad política tras el despilfarro de recursos públicos de toda una década. Los estudiantes, sin embargo, ya advirtieron que no habrán acuerdos si la condonación de deudas de los profesionales morosos no es reconocida. En Chile, aseguran, la educación no será reconocida como derecho social mientras la pesadilla de cientos de familias continúe.
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