Una guerra anunciada en Mato Grosso do Sul

El conflicto agrario entre indígenas guaraní-kaiowá y hacendados del estado de Mato Grosso do Sul, en el sudoeste de Brasil, es un polvorín a punto de estallar.

Nísio Gomes, Jenivaldo Vera, Rolindo Vera, Teodoro Ricardi, Ortiz y Xurete Lopes son apenas algunos nombres de una extensa lista de asesinados en los últimos años en ese estado, según el Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

Las estadísticas de la entidad, vinculada a la católica Conferencia Nacional de Obispos, registran 279 muertes de indígenas desde 2003, cometidas en el marco de luchas agrarias con propietarios y hacendados.

El caso más reciente es el de Eduardo Pires, desaparecido el 10 de agosto, cuando hombres armados atacaron a un grupo del pueblo kaiowá en el territorio de Arroio Korá, ubicado en el municipio de Paranhos, sur del estado, cerca de la frontera con Paraguay.

Arroio Korá, de unas 7.000 hectáreas, fue oficialmente reconocido como tierra indígena el 21 de diciembre de 2009 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero una semana después, una decisión del Supremo Tribunal Federal, que respondía al pedido de un hacendado, exoneró de esa condición a una porción de 184 hectáreas.

«Incluso con ese embargo parcial, el gobierno no previó que el resto se entregara efectivamente a los guaraní-kaiowás. Esa comunidad, de unos 600 integrantes, ocupa actualmente menos de 700 hectáreas. Cuando resolvieron retomar el resto de la tierra, se produjo una reacción violenta» de los hacendados, explicó a Tierramérica el coordinador regional del Cimi en Mato Grosso do Sul, Flávio Machado.

Según Eliseu, uno de los líderes kaiowá que estaba en el lugar cuando se produjo el ataque, en la mañana del 10 de agosto unos 400 nativos montaron un campamento en una parte de las tierras homologadas en la que está instalada una hacienda.

Poco después, varios hombres armados llegaron al lugar. «Oí los tiros y salí corriendo. Somos un pueblo con cultura de paz, no tenemos armas, pero no vamos a dejar de luchar por nuestras tierras. Si vamos a morir, preferimos morir en nuestra tierra», dijo a Tierramérica.

Después de la estampida, nadie volvió a ver a Eduardo Pires. «Creo que está muerto», afirmó Eliseu.

La Policía Federal de Mato Grosso do Sul está a cargo del caso. «Los indígenas dicen que uno de ellos está desaparecido. Nosotros estamos investigando, pero no tenemos nada concreto. Debemos ser imparciales», dijo a Tierramérica el superintendente de la Policía Federal, Edgar Paulo Marcon.

Según el Cimi, la semana siguiente la policía retiró de la zona a algunos hacendados y al ganado. Desde entonces, los kaiowás vienen sufriendo amenazas. La más explícita es una declaración filmada de Luis Carlos da Silva Vieira, conocido como Lenço Preto («pañuelo negro»), que circula por Youtube.

«Vamos a organizarnos y a prepararnos para la confrontación… Ellos quieren la tierra solo para incomodar. Nosotros tenemos armas. Ellos quieren guerra, entonces van a tener guerra», dijo una y otra vez.

En respuesta, la comunidad kaiowá publicó una carta que reclama la atención urgente del gobierno. «Frente a la amenaza de muerte colectiva proferida públicamente en la prensa por los hacendados, solicitamos la investigación y el castigo riguroso de esos mentores del genocidio/etnocidio de los pueblos indígenas».

«Todos saben que ellos tienen armas de fuego sofisticadas y temibles, que tienen dinero que produjeron sobre la sangre indígena para comprar más armas y contratar pistoleros… Nosotros no tenemos armas y, sobre todo, no sabemos utilizarlas», dice la misiva.

«Queremos reiterar y poner en evidencia que nuestra lucha por nuestros territorios ancestrales es solamente para garantizar la vida humana, la fauna y la flora del planeta Tierra; (que) nuestro objetivo no es asesinar a nadie».

La fiscalía estadual también investiga el caso y visitó el área el 28 de agosto. En una nota divulgada en su sitio web, dejó asentado que, durante la visita, se oyeron cinco disparos que, estiman los fiscales, tuvieron el fin de intimidarlos.

Los guaraní-kaiowá han vivido siempre de la agricultura de subsistencia, cada vez más difícil por no disponer de sus territorios ancestrales. Ahora cuentan con apoyo de la estatal Fundación Nacional del Indio.

Colonos y hacendados ocuparon esas tierras hace décadas.

En el Cerrado, un bioma de sabana tropical típico de Mato Grosso do Sul, se han extendido las plantaciones de granos y la ganadería. Sus tierras también son codiciadas para plantar caña de azúcar destinada a la producción de etanol.

Algunos líderes indígenas estuvieron en Brasilia el 24 de agosto, se reunieron con autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y lograron que el gobierno los incluyera en el programa de protección de personas amenazadas.

Pero, para el Cimi, la medida es insuficiente.

«Muchos indígenas asesinados estaban en ese programa. Los pusieron en la lista, pero eso no representa ninguna protección efectiva», dijo Machado. «Lo que hacen es enviar gente para que constate lo que ya ocurrió».

Con todo, los kaiowá vieron la protección con buenos ojos. «Por lo menos (las autoridades) saben quién nos está amenazando, y si nos ocurre algo van a saber quién fue», declaró Eliseu.

La decisión de ocupar el territorio de Arroio Korá fue adoptada por los jefes de la comunidad en una gran asamblea, «Aty Guasú».

A pesar de los últimos ataques, los indígenas ya no están dispuestos a soportar las demoras del gobierno y afirman que van a retomar todas sus tierras ya homologadas.

Es que «la demora está matando al pueblo igual. Nadie decide. Vamos a ocupar todas las tierras aun sabiendo que no hay seguridad, que vamos a morir. El pueblo decidió», dijo a Tierramérica otro indígena, Tonico.

Sobre las amenazas de los propietarios, Tonico replicó que «están diciendo en público que van a hacer lo que ya hacen. Aquí, en Mato Grosso, los derechos humanos de los indígenas no existen. El indio no es gente», enfatizó.

La decisión se reforzó con la indignación generada por el decreto de la Procuraduría General de la Unión –que ejerce la defensa legal del Estado–, que el 17 de julio determinó que las tierras indígenas pueden ser ocupadas por proyectos hidroeléctricos, vías de comunicación y transporte e instalaciones militares sin necesidad de consulta previa a los pueblos que las habitan.

«Eso es un retroceso», dijo Tonico.

Por Alice Marcondes

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