El 3 de noviembre se destapó la bomba noticiosa que probablemente terminará con la carrera política de uno de los personajes más peculiares de la historia reciente de la Provincia de Concepción: Jacqueline van Rysselberghe.
La publicación de grabaciones, donde la Intendenta aparece diciéndoles a los vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción, que “usamos el tema del terremoto y el tema del puente a favor de ustedes…” para lo cual “inventamos una historia…”, y que todo lo hizo porque “son privilegiados, porque son regalones…”, ha provocado un revuelo que copa la agenda noticiosa de los últimos días.
Ilustre miembro del Opus Dei y famosa entre las mujeres por haber prohibido la entrega de la píldora del día después. Su familia tiene un nutrido prontuario de situaciones llamadas “irregulares”.
Ejemplo es que su padre, Enrique van Rysselberghe, que fue alcalde designado por Pinochet y diputado por Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz entre 1998 y 2002, es acusado haber extraído arena del río Bío Bío sin permiso municipal y sin pagar nada por ella, además de comercializarla sin patente municipal. Esto, entre los años 1973 y 1996, por medio de la empresa Arenas Bío Bío, de su propiedad. Hasta ahora, la deuda permanece impaga y ya asciende a $514.719.516 más reajustes de IPC e intereses.
Sin embargo, lo que hoy sucede con su hija, es el corolario de una práctica que dirigentes vecinales han venido observando hace años. Resumen conversó con los protagonistas, vecinos de la población Aurora de Chile que formaron un comité para trabajar con independencia de la Junta de Vecinos, que ha manifestado una defensa acérrima a la intendenta van Rysselberghe.
La población Aurora de Chile está emplazada en la rivera norte del río Bío Bío, a la altura de la construcción del polémico puente Chacabuco. Su antiguedad data de más de 80 años. Los vecinos explican que fueron ellos quienes hicieron los rellenos, “quitándole espacio al río” y construyeron ahí sus casas.
A pesar de que han bregado por la obtención de títulos de dominio de estos terrenos, nunca los han conseguido, por lo que sólo tienen un “derecho de antigüedad” sobre estos terrenos.
Jorge Figueroa, vocero del Comité Pro Defensa de Aurora de Chile, cuenta que la Intendenta les ofreció un proyecto habitacional que despertó una serie de inquietudes sobre un conjunto de vecinos. Este proyecto consistía en la construcción de 13 torres de edificios y 88 casas, lo que en total representaban 348 soluciones habitacionales, que no contemplaban los requerimientos de toda la comunidad, pues son unas 500 familias que habitan en la población.
Por otra parte, las disconformidades aumentaban, en tanto, “la mayoría de las familias ha construido sus viviendas sobre terrenos de hasta 400 metros cuadrados, lo que les ha posibilitado tener sus propias fuentes de trabajo en su casa, por ejemplo; un taller mecánico o una bodega para quienes son comerciantes. Las viviendas que se ofrecían en el proyecto habitacional constaban con 55 metros cuadrados en departamentos o 64 metros cuadrados en una casa pareada”.
La incertidumbre se profundizaba en tanto “nadie conocía si es que le estaba asignada una vivienda o no”. Además -relata Jorge- “sobre este proyecto, nunca se presentó información transparente a la población, sólo se hizo una presentación digital, pero nunca hemos tenido planos, maquetas… sólo a través de los medios de prensa, las autoridades nos han informado a nosotros y de una manera intimidatoria hacia la comunidad”
“Un ejemplo de ello es que el señor Matiuska (Enrique Matiuska, seremi de Vivienda), dijo a fines de enero que de la población Aurora de Chile se estaban moviendo 200 familias hacía un campamento que estaba construido. En realidad (el campamento), sólo tenía 35 mediaguas y además no se movió ningún poblador, gracias al trabajo de concientización de los vecinos en que (se dio a entender que) no se podía abandonar la población si no había un documento que certificara que iban a retornar. Porque la sospecha de nosotros, hasta ese momento era que, nos iban a sacar de aquí y nos iban a dejar en cualquier otro lado”.
REUNIÓN Y ENTREGA DE CARPETA
Los vecinos participaron en una reunión, junto a vecinos de otras comunas, con la ministra de vivienda Magdalena Matte (en la foto), el 16 de noviembre de 2010. Estuvieron también, el director del Serviu del Biobío, Sebastián Salas, y el seremi de Vivienda, Enrique Matiuska.
Los vecinos entregaron a la Ministra la carpeta donde informan que sólo el 10% de las casas de la población fueron afectadas por el terremoto y los audios con las declaraciones de la Intendenta.
También -relata Jorge- “se le planteó que nosotros temíamos un proceso de expropiación en el sector, a causa del proyecto del puente Chacabuco, que en estos momentos está en construcción. Se les explicó que la población Aurora de Chile no es una toma, sino que es una población…”. No obstante, “el Seremi persistía en decir que la población es una toma de terreno”.
Por último, “la Ministra designó una mesa de trabajo específicamente para los vecinos de Aurora de Chile, donde participarían el director el Serviu del Biobío y el seremi de Vivienda”, la cual nunca funcionó.
Consultados por la intervención del municipio de Concepción en esta situación, la vecina Inés Oliva dice: “ninguna autoridad ha bajado aquí, a nuestra población. Al Alcalde no lo conocemos”.
EL ANUNCIO Y LOS AUDIOS
El 9 de septiembre, en una asamblea, Van Rysselberghe les anunció que iban a ser erradicados por dos años, mientras se construían los departamentos. Durante este tiempo deberían vivir en mediaguas o como allegados. En ese momento estaba presente el representante de la empresa constructora GPR, que iba a construir el proyecto, el Seremi de Obras Públicas, el Seremi de la Vivienda y el Seremi de Serplac.
“Para nosotros -dice Inés Oliva, miembro del Comité- fue un impacto tremendo. No se nos permitió hablar, pues terminaron la asamblea arbitrariamente”.
“El presidente de la Junta de Vecinos de la población, Heriberto Montecino, no aplicó el conducto regular para tomar este tipo de decisiones, que es llamar a una asamblea extraordinaria, con toda la información sobre el proyecto”, asevera Jorge.
En esta reunión es donde los vecinos grabaron los audios que no sólo entregaron al senador Alejandro Navarro, que los hizo públicos, sino que también a un medio de prensa escrito y un actor político local, quienes no lo difundieron.
PROYECTO
Fue a través de Navarro (en la foto) que conocieron el proyecto, donde se enteraron de varias situaciones, al menos cuestionables.
1.- La obra estaba avaluada en 5.250 millones de pesos, sin embargo, la boleta de garantía que emitió la empresa constructora GPR, fue de 15 millones. La boleta de garantía representa el compromiso de la empresa a realizar la obra del costo que indica, por lo que los 5.235 millones restantes, no tenían ningún respaldo.
2.- Las bases de licitación tenían indicios de arbitrariedad en la elección de la empresa GPR, impidiendo bajo distintos procedimientos, la participación de otras empresas en la licitación.
3.- Las formas en que se hicieron transferencias de fondos, entre instituciones del Estado.
LAS DEMANDAS
En el Comité afirman que, si bien hay vecinos que desean irse porque están en una situación desmejorada (allegados, hacinados), la mayoría de los vecinos no quiere irse y perder lo que han construido por años. “Nos hemos ganado el derecho de vivir aquí y las autoridades deben reconocerlo”, exclama Inés.
“Queremos títulos de dominio, que las autoridades ya no se burlen de nosotros, mintiéndonos… nos vienen a enredar con cuentos. Nos dijeron que la empresa estaba lista para empezar los trabajos del proyecto y que teníamos que abandonar estos terrenos, cuando ni siquiera existía proyecto. Me gustaría saber el fondo de este asunto, saber cuál era el fin que perseguían las autoridades, mintiéndonos, haciéndonos abandonar los terrenos, yéndonos a vivir de allegados o a mediaguas por dos años, y sin tener ningún documento que acreditara que íbamos a regresar”, concluye.
MATONAJE
“Un dirigente del Comité, José Briones -denuncia Jorge- fue atacado por el presidente de la Junta de Vecinos, Heriberto Montecinos, a mansalva, y además amenazó de muerte a todos los miembros del Comité”. Las agresiones han continuado, pues el lunes pasado, don José fue amenazado por desconocidos en su puesto de trabajo.
La señora Inés Oliva, cuenta que cuando fueron a denunciar esta situación, lo iban a hacer junto al senador Navarro, quien no acudió por las amenazas de golpes de las que fue objeto. Sin embargo, ella sí fue y tuvo que soportar las amenazas en contra de ella, debiendo ser protegida por el personal de seguridad de la Fiscalía.
Las acciones intimidatorias de la clientela electoral de Van Rysselberghe (en la foto), han sido denunciadas por vecinos en Centinela 2, de Talcahuano y Villa Futuro de Chiguayante.
Gentileza Equipo del Periódico El Resumen de Concepción.
Texto levemente modificado del original.