Durante los primeros días de mayo, funcionarios del gobierno regional y de la Municipalidad de Estación Central se acercaron a un grupo de vecinos de la comuna -que viven entre las calles de Av. Aeropuerto, Av. Libertador Bernardo O’Higgins y Rey Gustavo Adolfo- y les informaron que sus hogares iban a ser expropiados.
El motivo, el proyecto Nueva Alameda Providencia, una iniciativa que busca «cambiarle la cara» a uno de los ejes más importantes de la ciudad de Santiago.
La iniciativa propone la arborización de la principal arteria de la capital, además de la creación de un corredor exclusivo para ciclovías y el transporte público. Un proyecto ambicioso que es liderado por el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y contempla el inicio de su construcción en el primer semestre del próximo año, con una inversión de 220 millones de dólares.
“Vamos a recuperar la Alameda y Providencia para los peatones, ciclistas y el transporte público”, declaró Orrego durante la ceremonia de premiación, sin reconocer que el proyecto contemplaría eventualmente expropiaciones en el sector.
Para los vecinos, que acumulan entre seis y tres décadas de historia en el barrio, la noticia cayó como un balde de agua fría. Al comienzo, pensaron que ya no habría nada más que hacer hasta que decidieron organizarse para defender sus hogares de la expropiación y el derecho a una vida de barrio, que además se ha gestado entre dos barrios tradicionales de Santiago y Estación Central, construidos entre los años 1953 y 1960.
Así nació la Agrupación de Vecinos «No al Proyecto Nueva Alameda Providencia».
DÉCADAS DE VIDA DE BARRIO EN PELIGRO
Un total de 18 casas y 6 locales comerciales serán expropiados si el proyecto se lleva a cabo tal como está diseñado actualmente. Para los vecinos, este un despojo impuesto, ya que se realiza sin ninguna consulta ciudadana de por medio. De hecho, las conversaciones con los voceros de la iniciativa comenzaron recién tras el rechazo a la iniciativa.
«Ellos recién nos informan de esto en mayo pasado, vienen y nos dice que se va a expropiar todo. No se nos consultó nada. La mayoría de nosotros somos adultos mayores y llevamos años viviendo en este barrio, que además es tradicional», recalca Jorge Marín, presidente de la agrupación de vecinos.
En efecto, la mayoría de los vecinos que serán afectados por las expropiaciones son adultos mayores, lo que dificulta aún más sus posibilidades de instalarse y adaptar sus vidas a un nuevo barrio. Entre los afectados, hay acuerdo unánime de oponerse al proyecto hasta las últimas consecuencias.
«Creemos que un proyecto que busca mejorar la ciudad no puede construirse atacando al corazón de ésta, que somos las personas. Se ha dicho que esto beneficiará a mucha gente y nosotros sólo somos unos cuantos, pero también contamos. Hemos vivido en este barrio durante 60 años«, argumenta Jorge Marín.
Para los vecinos afectados, el proyecto urbano disfraza una antigua iniciativa de la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra), realizada en 2011, que no contó con las consultas ciudadanas correspondientes ni con un estudio de Impacto Ambiental.
Por ahora, los habitantes del sector, como don José Canales, no tienen ánimos de considerar la opción de expropiar sus casas. «Soy una persona mayor, ya no tengo ninguna posibilidad de empezar de nuevo, ni ganas ni fuerzas. «Vivo hace 40 años en el sector y esa casa tiene 18 años, la edad de mi hijo menor. Pienso quedarme acá hasta que me muera, he trabajado durante años para arreglarla», sentencia.
«HAY QUE VELAR POR EL CONJUNTO DE LA CIUDAD»
Los vecinos están convencidos de que el proyecto puede realizarse sin expropiaciones de por medio y así lo han propuesto en la Mesa Técnica que abrió el Gobierno Regional al evidenciar la molestia de los habitantes del sector.
Las autoridades han propuesto tres alternativas -todas contemplan alguna expropiación-, mientras que las propuestas de los vecinos no implica ninguna expropiación. «Nosotros también estamos apoyados por expertos y tenemos una propuesta que implica hacer viable el proyecto sin expropiar», sentencia el dirigente vecinal.
En un diálogo registrado por Radio Universidad de Chile, entre la agrupación vecinal y el gerente del Proyecto Nueva Alameda, Vladimir Glasinovic, éste aseguró que buscan mejorar el proyecto -de 12 kilólemetros de extensión- para convencer a los afectados.
«El Estado cumple un protocolo, aquí nadie se arranca con los tarros, damos las garantías a los vecinos afectados y les decimos que se les respetaran sus derechos y seguimos dialogando”, recalcó el ingeniero, enfatizando la importancia de considerar los beneficios que la iniciativa tendrá para los santiaguinos.
A juicio de Glasinovic, «hay impacto, no lo minimizo, pero hay que velar por el conjunto de la ciudad. Uno empatiza con los adultos mayores, pero hay muchos ciudadanos que deben trasladarse. Como Estado hay que velar por el conjunto de la ciudad».
Sin embargo, los afectados aseguran que no tienen por qué pagar los costos del progreso: «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para oponernos a esta iniciativa. No nos interesa el dinero, somos viejos y queremos vivir acá en paz», enfatiza Jorge Marín.
EL APOYO DE LOS CONCEJALES
Actualmente, los vecinos cuentan con el apoyo de algunos concejales de la comuna, como el PC Felipe Zavala, el PS Felipe Muñoz y el demócratacristiano Patricio González.
Sobre el rechazo de los vecinos, González reconoció que «fue un proyecto muy poco participativo, que se resolvió por medio de la Intendencia. Por eso nos agrupamos con los vecinos del sector y formamos una agrupación donde estamos enfrentando este tema con la autoridad regional».
El concejal recalcó que le plantearon a la autoridad y al coordinador del proyecto que solicitarán respaldo político para cambiar un proyecto que consideran que está mal diseñado. «Hoy no es necesario practicar expropiaciones. Hay una explanada bastante ancha para evitar la expropiación de las casas y los locales comerciales de los vecinos».
La autoridad comunal aseguró ya tuvieron entrevistas con el diputado Gabriel Silber y el intendente Claudio Orrego, quien se comprometió a buscar la mejor solución para todos. Además, se está planteando la creación de una mesa técnica a nivel municipal que pueda encontrar opciones para la implementación de la conflictiva propuesta. Hasta el momento, tampoco se ha hablado acerca de los montos que se le pagaría a cada propietario en caso de concretar las expropiaciones, algo que sin embargo no interesa mayormente a los habitantes del sector.
«Un vecino me dijo que por qué no me iba, que nos iban a pagar cerca de 150 millones por casas. Yo, la verdad, no sé cuánto pagarán porque no han hablado de eso, pero si son 200 ó 300 millones no me importa. Yo quiero mi casa y mi barrio de toda la vida», cierra José Canales.
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