El informe anual de Derechos Humanos entregado por la Universidad Diego Portales, dio a conocer ciertas anomalías en el terreno policial, las cuales afectan directamente a los estudiantes que participan en las marchas y movilizaciones, calificando el accionar de Carabineros como «irracional y desproporcionada».
«Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia», concluye el documento.
Además, pone en duda «la rigurosidad del trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que permitiría distinguir a legítimos manifestantes de aquellos a quienes, desde la vocería política del gobierno, se sindica como miembros de los supuestos grupos cuyo objetivo sería desestabilizar el orden establecido, los que ocuparían la protesta social como una ocasión para cumplir con sus cometidos».
El informe apunta a la «Ley antidiscriminación», asegurando que ésta «aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis para futuros informes».
En otros temas, el documento resalta la poca participación de mujeres en política y la desigualdad de género, acusando en el caso de los pueblos indígenas una «doble discriminación».
El Ciudadano