Vivienda, barrio y ciudad: los derechos que impulsan la lucha del movimiento de pobladores

Foto: Marucela Ramírez

Durante la última década, Chile ha experimentado de forma creciente la movilización popular por derechos sociales. Medio ambiente, educación y seguridad social son algunas de las demandas levantadas masivamente en los últimos años, forzando a la institucionalidad pública a responder al llamado de las organizaciones sociales, para realizar los cambios necesarios en la construcción de un país más justo.

En este contexto, distintas organizaciones luchan por el derecho a la vivienda, una deuda que el país mantiene con miles de familias, a pesar de la reducción del déficit habitacional. De acuerdo a la encuesta Casen 2015, este indicador descendió 15%, lo que significa que actualmente hay 391.546 familias sin vivienda (en 2013 eran 459.347), el registro más bajo a nivel histórico.

A pesar de que la Casen indica que la caída en el déficit habitacional se concentró en los hogares allegados y núcleos familiares en situación de hacinamiento, con un 21,3% y 13,1%, respectivamente, la lucha de los pobladores se mantiene encendida. Muestra de ello fue la convocatoria de cientos de familias en la tercera Marcha Nacional por el Derecho a la Vivienda, del pasado 17 de diciembre.

¿Hay espacio para revertir las políticas habitacionales iniciadas en dictadura, que han desterrado a miles de chilenos/as a las periferias de las grandes ciudades? Porque una de las consecuencias de priorizar la cuantía de las soluciones por sobre la calidad, ha sido el desplazamiento humano a zonas con equipamiento insuficiente para la vida urbana.

El arquitecto Julio Hurtado Bouch señala en Ciudad y Sociedad. A orillas del Mapocho: Aproximaciones críticas al Santiago contemporáneo (2014) que el envío de pobladores a terrenos de menor valor en la periferia ha generado una paradoja, porque «pese a estar dentro de la ciudad, habitan en la no ciudad. Lo desesperante e intolerable de este fenómeno es que es producto de una política pública. Fenómeno que nos convierte en una ciudad con altos niveles de segregación física y que incluso hace peligrar la viabilidad del modelo de desarrollo urbano y social de nuestro país».

¿Será este 2017 un año bisagra para las aspiraciones del las organizaciones que luchan por la vivienda digna? El Ciudadano tomó contacto con tres experiencias de lucha de pobladores en la Región Metropolitana. A continuación, la primera muestra de sus expectativas, aspiraciones y evaluaciones.

Terreno ocupado por el Comité de Vivienda Nueva Habana – foto de Rafael Soto

“Este es el año donde la demanda por el techo será fundamental y estará en la palestra, por los conflictos sociales que se vienen dando y la falta de interés del Gobierno por solucionar el problema de la vivienda”, diagnostica Nathalie Arriagada, vocera del Movimiento de Allegadxs Vivienda Digna de Maipú.

Rafael Soto, dirigente de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), apuesta por la articulación entre las organizaciones sociales: “Tenemos la responsabilidad de sumarnos al ciclo que se viene, no de conducir un movimiento. Quienes hemos facilitado procesos, podemos nadar dentro de esa ola junto con otros”.

Aunque dicha tarea no está exenta de dificultades, piensa Doris González, vocera de Ukamau. “Es difícil organizarse, porque lamentablemente, estamos en los sectores más despolitizados, en donde existe la mayor apatía hacia la política. Además, sin tener una infraestructura, sin un paraguas más amplio que nos permita trabajar a nivel nacional, es mucho más complejo”, apunta la dirigenta.

EL CAMINO PROPIO DE UKAMAU

Herederos de la lucha por la vivienda digna de mediados del siglo XX, los miembros de Ukamau decidieron seguir el camino propio para concretar su proyecto habitacional en un terreno de la maestranza San Eugenio, ubicado en la comuna de Estación Central. 424 familias de allegados empujan la iniciativa con la cual podrán habitar departamentos de 62 metros cuadrados, que serán construidos en el terreno de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Se trata de los nietos y bisnietos de las decenas de familias que fueron trasladadas al sector donde hoy se emplaza la población Los Nogales, en el marco de la «Operación Sitio», durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Doris González

“Esa población tiene mucha historia de organización, porque las viviendas son de autoconstrucción. Entonces, rescatamos toda esa memoria histórica que, debido a la necesidad urgente de nuestras familias, que no pueden seguir esperando en las condiciones que están viviendo, de hacinamiento, allegamiento y postergación; decidimos levantar nuestro propio proyecto, luchar por el terreno y conseguir a los profesionales”, indica la portavoz de Ukamau.

En estos momentos, las familias esperan la emisión del permiso de edificación, documento que posibilita posteriormente el proceso de licitación con una constructora. “Aún no podemos dar ese paso de tener una constructora que sea del Estado, que sea solidaria, que tenga una visión de construcción de comunidad de barrio. Ese yo creo que va a ser el paso siguiente luego de que este proyecto se lleve a cabo”, afirma la dirigenta.

Autogestión y participación son algunos de los ejes fundamentales en perspectiva de Ukamau. Para ellos, la organización es una herramienta válida con el fin de constituirse en un interlocutor válido para dialogar con el Estado, al que acusan de desconfianza con los pobladores.

En este sentido, Doris González comenta: “Siempre nos dicen que nosotros no sabemos, que no conocemos cómo funcionan las cosas, como si fuéramos siempre personas muy ignorantes, pero en nuestras poblaciones hay obreros y tienen sabiduría. Pero solo aquello que se aprendió en la academia es valedero para el Estado”.

En Ukamau apuestan por una Nueva Constitución vía asamblea constituyente para impulsar el Derecho a la Vivienda. Además, han definido como una de sus luchas una Ley General de Vivienda, «que sea una política de Estado y que permita pensar en cómo se construye la ciudad y la vivienda, pero no solo la social, sino desde la del más rico hasta la del más pobre, para que podamos acabar con esta segregación social y espacial que existe en la ciudad. Porque, en definitiva, en las periferias es donde se marcan los bolsones de pobreza, sin posibilidades de desarrollo».

Actualmente, tienen presencia en Estación Central, Maipú, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, Pudahuel y Curanilahue.

FENAPO: LUCHANDO POR LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT

Desde septiembre de 2016, 50 familias mantienen ocupado un terreno ubicado en la intersección de las calles Punitaqui y Las Higueras, comuna de La Florida. Cada jornada, dos familias realizan turnos de ocho horas en el día, mientras que en la noche son cuatro las que se ocupan de resguardar el lugar.

Toma de la sede UDI por el Comité de Allegadxs Vivienda Digna

Pertenecen al Comité de Allegados Nueva Habana y están a la espera de que el Serviu ejecute el proyecto habitacional destinado al medio centenar de familias. Dicen que es posible comprar el terreno, que existe una constructora interesada, pero que al Gobierno solo le interesan los grandes proyectos inmobiliarios.

“El Gobierno le pasa suelos fiscales al sector privado a cambio de cuotas de vivienda social. Es el gran conflicto por el cual nosotros entramos al terreno de la planta asfáltica del Serviu (en avenida Departamental) y como respuesta a nuestra manifestación, el director del Serviu metropolitano (Luis Alberto Pizarro) se querelló contra nosotros por violación a la morada con daño”, explica Rafael Soto, miembro de Nueva Habana y vocero de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo).

Según relata a El Ciudadano, “lo que precipita la activación de la Fenapo es el arribo del gobierno de Piñera, quien llega con un modelo similar al que tenía Pinochet, es decir, cero participación social y cero diagnóstico territorial». Actualmente, Fenapo tiene presencia en Arica, Alto Hospicio, Calama, Dichato, Constitución, Concepción, Castro, La Pintana, San Joaquín, La Florida, Peñalolén, Pudahuel y San Bernardo.

Rafael Soto comenta que el sistema de subsidios no resuelve los problemas de los pobladores, porque los ve como “clientes o beneficiarios”. La Fenapo transita por otra vereda, apostando por la «producción social del hábitat», concepto que va más allá del derecho a la vivienda y que aglutina el derecho al barrio, al suelo y a la ciudad: “Cómo nosotros creemos que podemos hacernos cargo de nuestras vidas, tomarla en nuestras manos y convertir una bolsa de problemas en una bolsa de soluciones”, expone el dirigente.

Agrega que la lucha por la vivienda siempre ha estado presente, pero a través del trabajo de organizaciones pequeñas que han fortalecido el movimiento de los pobladores. “La Fenapo somos una serie de organizaciones fuertes, no ‘gordas’, no son organizaciones masivas que se desinflan al primer estímulo de cooptación que pueda hacer el Gobierno”, aclara.

Y habla de gobierno en genérico, porque para el dirigente no hubo diferencia entre las administraciones concertacionistas y el período de Piñera. De ellos, señala, podemos esperar la misma respuesta: “Cuando hay lucha social, el Gobierno la resuelve emitiendo más bonos que permitan que esos grupos en lucha logren su conquista, pero jamás las va a convertir en política pública, siempre retorna al mismo sistema subsidiario”.

ESPERANZA POPULAR AL OESTE DE LA CAPITAL

El pasado 18 de enero, dos grupos de pobladores de Maipú se tomaron las dependencias de la Municipalidad y del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Se trató de una acción organizada por el Movimiento de Allegadxs Vivienda Digna, con el fin de obtener respuestas por parte de la alcaldesa de la comuna poniente, Cathy Barriga, acerca del destino de 600 familias que esperan la concreción de su proyecto habitacional.

Una de las ocupantes de la UDI fue Nathalie Arriagada, vocera de Vivienda Digna y miembro del comité de allegados “Esperanza Popular”, uno de los tres que componen el movimiento. Según denuncia la dirigenta, en Maipú no quedan terrenos fiscales, por lo que no tienen un lugar para construir sus viviendas y tampoco quieren salir de la comuna.

Los pobladores exigen el cambio de uso de suelo para un terreno ubicado en la calle Francisco Flores Del Campo, porque –afirma Nathalie– ya cuentan con una promesa de compraventa. Además, aspiran a otro espacio cuya propiedad está en manos de la inmobiliaria Los Silos, aunque en total descuido, de modo que el lugar se ha convertido en un basural, por lo que piden al municipio su expropiación.

“Esperanza Popular” se levantó en agosto de 2016 desde la villa San Luis en Maipú, y se plegaron a Vivienda Digna apostando por la organización. “Nosotros estamos por la articulación de fuerzas, aspiramos a levantar la demanda de vivienda con otras organizaciones y dar la lucha todos juntos, porque sabemos que de forma parcelada no vamos a ganar”, señala Nathalie.

En el segundo semestre de 2016, lograron recuperar un espacio cercano a la intersección de las calles José Manuel Borgoño y Quinta Vergara para constituir una sede. La dirigenta explica que dicha construcción “está asociada totalmente a nuestra lucha, porque nuestro discurso siempre ha sido de que si no somos capaces de levantar esta casa, menos vamos a ser capaces de levantar un proyecto para 160 familias”.

La agitación de la segunda parte de 2016 tuvo como corolario la toma del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) el 22 de noviembre. En conjunto con otras organizaciones de pobladores, Vivienda Digna denunciaba la ineficiencia de las políticas habitacionales de los sucesivos gobiernos. “No cubren necesidades básicas con una casa de 40 metros cuadrados o construyendo barrios al lado de otros que están totalmente consumidos por la delincuencia y la marginalidad”, sostiene Nathalie Arriagada al evaluar las iniciativas de las administraciones postdictadura.

Además, piensa que este año el tema de la vivienda será un elemento central en las elecciones presidenciales y parlamentarias, aunque dependerá de la organización de los propios pobladores. «En realidad, somos todos pobres, vivimos bajo las mismas condiciones y todos estamos por un mismo objetivo, el tema es que tomamos caminos distintos», señala.

Felipe Menares Velásquez

El Ciudadano