Después de la polémica que causó el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, parece que la justicia de Perú ahora sí tiene la disposición de escuchar a los familiares de las víctimas.
Medios locales reportaron que el Juzgado Supremo de Instrucción del Poder Judicial, a cargo del juez Jorge Castañeda Espinoza, admitió un trámite que introdujeron los parientes para que se ponga en marcha el denominado pedido de «control de convencionalidad».
Se trata de un proceso en el que se revisa la medida otorgada el 24 de diciembre de 2017 por el entonces jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, para verificar si se adecúa a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Los familiares de las víctimas -Gisela Ortiz Perea, Sonia Rubina Arquiñio y Raida Cóndor Saez- de los casos de Barrios Altos y La Cantuta solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigara el indulto. Luego, a mediados de junio, ese organismo exigió a la justicia peruana que lo hiciera.
Castañeda precisó que en los próximos cinco días Fujimori «puede exponer o absolver lo que vea necesario para no limitar su derecho de defensa». Además, solicitó al Ministerio de Justicia información sobre la medida.
Cuando se le concedió el beneficio el expresidente, cumplía una condena de 25 años de prisión por ser autor mediato de delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestro, asesinato y lesiones, refirió El País.
https://www.elciudadano.cl/justicia/segun-la-onu-indulto-fujimori-una-bofeteada-la-cara-las-victimas/12/29/
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