En Perú la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha refrendado una iniciativa del Gobierno para modificar la Ley de Hidrocarburos.
Según sus autores esta permitirá a Perú atraer más inversiones y aumentar el canon en un contexto de crisis en el sector. Sin embargo, para el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo las modificaciones vulneran la ley de consulta previa, la soberanía del territorio y los derechos de los pueblos indígenas.
La nueva ley que flexibiliza la regulación ambiental fue calificada de etnocida por la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana. La congresista María Elena Foronda coincide en que la norma pone en riesgo la salud y economía de miles de pobladores.
Otra de las críticas hechas al dictamen es que otorga concesiones de hasta 80 años a nuevas empresas para explorar los yacimientos. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha dicho en la Semana del Clima en Nueva York que velar por el ambiente y los pueblos indígenas es una política de su Gobierno.
La polémica ley de hidrocarburos fue aprobada en tiempo récord saltándose la Comisión de Pueblos Indígenas y en cualquier momento será debatida en el pleno. Quienes la defienden aseguran que traerá desarrollo y trabajo en un contexto global crítico por el bajo precio de los hidrocarburos. Sin embargo, la flexibilidad ambiental ha traído enfermedad y deforestación para los pueblos indígenas que dependen por entero de los bosques y el agua.
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