Denuncian aprobación de la Ley de Protección Policial en Perú

Organizaciones por la defensa de los derechos humanos y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, denunciaron este lunes la ley Nº 31012 aprobada por el parlamento, que ampara a las fuerzas policiales ante el uso del armamento. 

La propuesta fue presentada por el congreso disuelto en septiembre del año 2019 y recién aprobada por el parlamento que entró en funciones el pasado 16 de marzo; ésta, plantea que las fuerzas armadas en ejercicio de sus labores al hacer uso del armamento gozarán de la protección jurídica del Estado.

El IDL manifestó mediante un comunicado su rechazo y exigencia de la derogatoria de la ley que da facultad a la fuerza pública para hacer uso de sus armas de fuego en contra de los ciudadanos, lo que para la bancada de extrema derecha fujimurista del partido político Fuerza Popular representa “legítima defensa del funcionario público”.

El instituto defensor de derechos humanos consideró en su comunicado que “esta ley es inconstitucional, se aprovecha del contexto de crisis que vivimos y presenta el peligro de proteger con impunidad a los malos elementos policiales”, indicó el IDL.

Igualmente, manifiesta la organización, que la ley de protección de las fuerzas armadas viola la autonomía de los jueces al imponer que deben de interpretar las leyes siempre en favor de los efectivos.  

“En estas circunstancias al ejercer su derecho a su legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley, el principio de racionabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente, estableciendo mecanismos procesales que eviten menoscabar el principio de autoridad policial”, señala el artículo primero de la ley.

Diversos partidos políticos y organizaciones sociales también expresaron su repudio a la ley promulgada por el Congreso de la República.

Desde el Partido Comunista del Perú – Patria Roja emitieron un comunicado en el que denuncian: «la cuarentena y la inmovilidad social son una necesidad y no puede ser excusa para promover la impunidad frente a actos de violencia desproporcional por parte de las fuerzas del orden».

La organización política también condena que la normativa busca quitar responsabilidad al policía que hiera o asesine a personas, por lo que se estaría garantizando la «impunidad y uso abusivo de la fuerza letal en perjuicio de la población y los derechos humanos.»

Lo que significa para las organizaciones defensoras de derechos humanos una clara violación de la división de poderes y de la constitución política de Perú.

Con información de Telesur

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