La más reciente encuesta realizada en la primera semana de septiembre sobre la situación política, económica, jurídica y social en Perú revela que apenas 16% de la población considera que el país está bien y marcha hacia un rumbo “correcto” en manos de su actual presidente, Martín Vizcarra, quien asumió la primera magistratura tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tras verse involucrado en delitos de corrupción y sobornos.
El portal web Perú 21 reseñó el lunes -10 de septiembre de 2018- que el estudio realizado por la encuestadora Pulso Perú sostiene que la gestión de Vizcarra se está viendo impregnada por toda la crisis política y de corrupción que gira entorno a las figuras de PPK y Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori, quien durante la década que gobernó al país andino, cometió graves delitos como asesinatos, secuestros, peculado, corrupción, sobornos, usurpación de funciones y desvío de fondos.
En ese sentido, explica Pulso Perú que 79% de la población considera que el país “está yendo por el rumbo equivocado” a raíz de los últimos acontecimientos políticos relacionados a reuniones privadas entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra, y como ellos a su vez están implicados en los delitos ejecutados por PPK y vinculados a una red criminal de corrupción y narcotráfico que opera dentro del Poder Judicial conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
La poderosa red criminal que opera dentro del Poder Judicial peruano fue descubierta por una investigación que adelantaron un grupo de fiscales, quienes recogían información contra una banda de narcotraficantes que operan en el Terminal Portuario del Callao, puerto marítimo ubicado en la costa central del Perú, en el Pacífico sur-oriental, lugar desde donde se trafica droga hecha en Perú con destino a Estados Unidos, el Caribe y Europa.
En este puerto operaba la mafia vinculada al jueces, políticos y empresarios peruanos
Los audios recogidos durante la investigación llegaron a manos de la prensa y se divulgó como el caso de “los audios de la vergüenza” y “el hundimiento del Poder Judicial peruano”, donde se ratifican los vínculos entre el grupo de narcotraficantes con varios jueces, políticos y empresarios, la mayoría de ellos responsables de delitos como tráfico de influencias y sobornos para otorgar posiciones dentro del Poder Judicial, un caso que ya es calificado como el mayor escándalo de corrupción del país suramericano, incluso superior al caso de Odebrecht (Lava Jato) que también salpica a Keiko Fujimori y a PPK.
El escándalo de los reveladores audios salió a la luz pública en julio de 2018 y desde entonces han renunciado a sus cargos el presidente de la Corte Suprema del Perú y del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, el ministro de Justicia y congresista, Salvador Heresi, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el congresista Héctor Becerril, varios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), institución que nombra, ratifica y destituye a jueces, fiscales y representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como también al Jurado Nacional de Elecciones.
Todo esto ha influenciado a que 70% de los peruanos considere también que el partido fujimorista Fuerza Popular, principal organización opositora en Perú, quiera destituir al presidente, Martín Vizcarra, según el sondeo más reciente de la encuestadora Datum que publicaron este lunes los diarios Gestión y Perú 21.
La encuesta también resalta que 84% de la población desaprueba la gestión de Keiko Fujimori como líder opositora y 72% considera que ella sí está relacionada al magistrado suspendido César Hinostroza, quien es investigado por presuntamente liderar la red de corrupción dentro del Poder Judicial.
Salvador Heresi y César Hinostroza, ambos involucrados en la mafia del Poder Judicial
Se destapa el escándalo
En una entrevista exclusiva realizada por PanAm Post, el periodista de la fuente judicial del diario el Comercio, Rodrigo Cruz, explica la manera en que se descubrió esta red criminal que involucra a narcotraficantes con miembros del Poder Judicial peruano.
“Un grupo de fiscales estaba investigando a una banda de criminales dedicados al narcotráfico en el puerto del Callao (…) Ellos se preguntaban por qué esa banda gozaba de tanta impunidad, así que decidió interceptar las comunicaciones de esas personas, algo que derivó en el presidente de la Corte del Callao, quien aparentemente daba favores a esta banda organizada”, relata Cruz.
Al respecto agrega: “La denuncia tomó otro giro cuando los investigadores, los fiscales y la policía empezaron a escuchar las comunicaciones de este juez, Walter Ríos, presidente de la Corte del Callao, quien era la máxima autoridad allí y descubrieron que tenía una red de tráfico de influencias con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para mantener la hegemonía del poder que tenía”.
Jueces y fiscales se favorecían entre ellos y socios a través de sobornos
“Los audios no quedaron en Ríos, sino que también la investigación llegó a otro nivel cuando se escucha al juez supremo César Hinostroza, miembro de la Corte Suprema del Perú, la instancia máxima de todos los países. Hinostroza es el antecesor de Walter Ríos y también estaba metido en este grupo de jueces y fiscales que se favorecían entre ellos para mover nombres, procesos, etc”, agrega.
Cruz advierte que el escándalo en Perú es de tal magnitud y es de tal complicación porque “salpica hasta el Congreso que está dominado por el fujimorismo, una fuerza que de alguna manera también aparece en los audios, porque Hinostroza habla de una reunión con la señora K y todo parece indicar que es Keiko Fujimori”.
En el caso del ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, varios audios revelan que realizaba coordinaciones telefónicas con César Hinostroza, lo que evidencia que Heresi mintió al negar que tuviera vínculos con el magistrado suspendido.
Sobre Chávarry existen una serie de audios que muestran los intentos que realizó para obtener el respaldo a su gestión de los 34 presidentes de la Junta de Fiscales del país, pero sólo cuatro magistrados lo apoyaron.
Duberlí Rodríguez, ex titular del Poder Judicial, su hijo se benefició de la mafia que controlaba
Oro ilegal y el hijo de Duberlí Rodríguez
Mientras que sobre Duberlí Rodríguez se conoce que habría ejecutado “favores” a los integrantes de la compleja organización liderada por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos, y sus colaboradores, varios de ellos con prisión preventiva.
Una fuente relacionada con el caso y citada por el diario La República, explica que “el hijo del magistrado supremo Duberlí Rodríguez, Javier Rodríguez Gómez, se entrevistó con Gianfranco Paredes –hoy preso– para pedirle que lo favoreciera en un proceso de minería ilegal procedente del Cusco. Se trataba de 50 kilos de oro que habían sido incautados en el aeropuerto y cuyo proceso estaba a cargo del Tercer Juzgado Penal liquidador del Callao, con el expediente 1410-2015”.
“En marzo de 2017, el juzgado ordenó la devolución del mineral pero la Procuraduría apeló y el caso fue elevado a la sala presidida por Daniel Peirano, actualmente suspendido (…) el oro tenía como destino final Aram Asset Managment”.
Agrega la fuente colaboradora citada por La República la siguiente declaración: “Tengo conocimiento de que Walter Ríos presenta al empresario a Peirano Sánchez para que arreglen y entreguen el mineral, ya que este empresario le ofreció a Walter Ríos la suma de 50 mil dólares”.
Todo el entramado llevó a que la Procuraduría contra lavado de Activos fuera a la Corte Suprema, y la casación llegó hasta la sala que presidía César Hinostroza. Hasta la fecha no se sabe cuál fue el veredicto, pues no ha sido publicado.
El presidente Vizcarra también aparece en el escándalo de los audios de la vergüenza
Audios involucran a Vizcarra y cae su popularidad
En medio del escándalo han surgido dos audios filtrados a la prensa que involucran directamente al actual presidente Martín Vizcarra, uno de los hombres de confianza de PPK y quien asumió la jefatura de Estado el 23 de marzo pasado.
En la primera grabación difundida por el portal gatoencerrado.net, el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos -quien se encuentra detenido- asegura a su esposa que guarde su currículum vitae para entrar en el nuevo Gobierno de Vizcarra porque «no tiene gente».
Además le dice que el nuevo presidente tiene relaciones cercanas con el empresario Antonio Camayo -actualmente detenido- por presuntamente participar en la red criminal acusada de delitos de tráfico de influencias, sobornos, narcotráfico y lavados de activos.
Walter Ríos era uno de los líderes del grupo criminal
En el segundo audio, el propio Walter Ríos -también detenido- mantiene otra conversación telefónica con el exvocal del Supremo, César Hinostroza, y le pide «estrechar lazos» con Vizcarra.
Los tres detenidos eran piezas claves de la red criminal de corrupción que intervenía dentro del sistema judicial peruano para «corregir» sentencias mediante sobornos, entre otros hechos de gravedad para favorecer a delincuentes vinculados al narcotráfico y minería ilegal.
Otra amenaza contra la figura de Vizcarra es la caída en su aceptación como gobernante, sobre todo desde que se conoció por boca de Keiko Fujimori, que había sostenido reuniones de manera secreta con ella, hecho que es considerado como un grave error por al 75% de la población, según la encuestadora Pulso Perú.
También se presume que Keiko adelanta un proceso para destituir a Vizcarra a través del procedimiento de vacancia, procedimiento que ha negado la propia congresista.
¿Cómo surge el escándalo judicial?
El pasado sábado 8 de julio de 2018 el grupo de periodistas IDL-Reporteros publicó un trabajo titulado Corte y corrupción, en donde se ventilaron los audios reveladores que ellos recibieron de manera anónima, resume PanAm Post.
En los audios, Walter Ríos, para entonces presidente de la Corte Superior del Callao (Distrito de Lima); César Hinostroza, quien era presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior; e Iván Noguera, consejero de la CNM, vendían y compraban posiciones de poder y negociaban el apoyo al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
Según revelan los audios, al menos dos legisladores estarían implicados en presuntos casos de tráfico de influencias con el Poder Judicial; y también estarían involucrados al menos tres congresistas, junto a Keiko Fujimori.
En uno de los audios revelados por IDL-Reporteros y la Unidad de Investigación del diario El Comercio, se escucha al empresario textil Mario Mendoza llamar a Guido Aguila (exconsejero del Poder Judicial) para que este se sume a una cena pactada con el congresista Mauricio Mulder.
De igual forma, IDL-Reporteros y Cuarto Poder también difundieron un audio en el que se evidencia que el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) intentó influir, en febrero del 2017, para que Julio Gutiérrez Pebe, representante del Colegio de Licenciados en Administración, fuera el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, es otro de los líderes del cartel judicial
“Otro congresista que podría estar involucrado es Francisco Villavicencio, también de Fuerza Popular, luego que en uno de los audios saliera a relucir un tal “Panchito“. Aunque no hay certeza de que se trate del legislador, congresistas de diferentes bancadas exigen a la Comisión de Ética del Parlamento que también lo investigue”, cita PanAm Post.
En el caso de Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, coalición que tiene la mayoría en el Congreso, también resulta “salpicada” por el escándalo, debido a que en uno de los sonidos se hace mención a la “señora K” de la “fuerza número 1”, hecho que la población toma como cierto pues cerca de la fecha en la que fue grabado el audio, la hija del expresidente Fujimori presentó un recurso de casación para obligar a la Fiscalía a cerrar la investigación por el caso de los cócteles y aportes de la offshore LVF Liberty Institute, casación que se resolvió en apenas 10 días.
En torno al caso, el Congreso de Perú, presidido por Luis Galarreta, anunció que solamente investigará cómo llegaron las grabaciones al portal periodístico IDL-Reporteros y no han informado sobre si investigarán o no todo lo relacionado con el escándalo dentro del Poder Judicial, el empresariado y la política peruana.
Sin embargo, el Gobierno de Vizcarra calificó el caso como una “crisis institucional” y decretó por emergencia en el Poder Judicial por al menos 90 días para emitir reformas que hagan “limpieza profunda”.
La declaratoria de Emergencia alcanza a los órganos administrativos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. También a todos los distritos judiciales del país, la Sala Penal Nacional, el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y a la Gerencia General del Poder Judicial.
La red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto llegó incluso a utilizar códigos de lenguaje para disimular sus acciones a través de las llamadas telefónicas y tratar de esa manera que sus delitos no fueran descubiertos.
Un informe de América TV reveló cuáles fueron una de las principales palabras que usaba este grupo delictivo con el fin de operar impunemente. Además, el análisis de los audios dejó en evidencia a empresarios como Mario Mendoza y Antonio Camayo y a los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velásquez, Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe.
Keiko y Mark Vito Villanella, ambos son investigados por lavado de dinero y por recibir sobornos de Odebrecht
Keiko y su esposo, crimen organizado, dinero ilegal y lavado de activos
Además del posible vínculo que guardad Keiko Fujimori con la organización criminal que opera en el Poder Judicial peruano, distintas irregularidades relacionadas a delitos de corrupción, obtención de dinero ilegal y lavado de activos también se dirigen hacia ella.
Uno de los más sonados en el que se encuentra investigada Keiko es el caso de los cócteles, donde la excandidata presidencial habría utilizado la organización de eventos sociales para obtener financiamientos ilícitos para su partido -Fuerza Popular- y para sus campañas electorales de 2011 y 2016, actividades que le generaron millones de soles al partido y que, de acuerdo con la teoría del fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, habrían servido para ingresar aportes irregulares en las dos últimas campañas presidenciales.
En ese sentido, el diario El Comercio informó que el Pérez citó a Keiko Fujimori para que declare por el caso de los cocteles. Según la abogada Giulliana Loza, defensora legal de Fujimori, la audiencia se realizará el próximo viernes 21 de septiembre.
Pérez, quien también es miembro del equipo especial del caso Lava Jato que investiga los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y su relación con políticos peruanos, considera que la ex candidata presidencial debe ser enjuiciada por lavado de activos, pues habría utilizado los cocteles para ocultar el ingreso de dinero ilegal para su partido.
De igual forma es investigado el esposo de Keiko, Mark Vito Villanella, quen deberá acudir a la fiscalía el jueves 20 de septiembre para declarar por la presunta adquisición irregular de dos terrenos en Chilca (Cañete, Lima).
Además, para este viernes 14 de septiembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tiene previsto evaluar la casación presentada por Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito en el caso de los cócteles.
Fujimori y Villanella, así como Fuerza Popular, piden que la fiscalía de lavado de activos no continúe con esta investigación bajo la ley contra el crimen organizado, que amplía el plazo de investigación hasta por 36 meses.
Pedro Pablo Kuczynski se encuentra involucrado en gran parte de los casos de corrupción y sobornos
Pedro Pablo Kuczynski también sería parte de la mafia judicial de sobornos
Y a toda esta trama que involucra a factores del gobierno peruano como de la oposición en los mismos casos de corrupción y lavado de capitales, se suma la figura del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien precisamente tuvo que renunciar a la jefatura de Estado al ser investigado por sus vínculos a delitos de corrupción y sobornos, específicamente en tres casos: El proyecto hídrico de Olmos, en Lambayeque; la carretera Interoceánica Perú-Brasil; y el Gasoducto Sur Peruano.
Estos tres casos relacionados a la corrupción y sobornos de miembros del Ejecutivo peruano para favorecer a la empresa Odebretch, se dieron cuando PPK era ministro de Economía del expresidente y actual prófugo de la justicia, Alejandro Toledo (2001-2006), a quien se le ha visto alegremente disfrutar de las playas estadounidenses en Miami Beach, Florida.
Pero a PPK no sólo le bastó renuncia a la Presidencia de la República para intentar librarse de las investigaciones en su contra. Tras el escándalo de la mafia que opera en el Poder Judicial, su nombre volvió a salir.
Así lo ratifica uno de los presuntos implicados en esta organización criminal, José Luis Cavassa, quien sería parte de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Cavassa, quien fue exoperador de la ONPE y aliado de Vladimiro Montesinos, especialista en sobornos durante el gobierno de Alberto Fujimori, sostiene que asesoró directamente al partido oficialista Peruanos Por el Kambio, el partido de PPK, durante la campaña política para las Elecciones Generales del 2016.
El detenido José Luis Cavassa dijo que mantuvo relación directa con PPK
Estas declaraciones de Cavassa fueron confirmadas por el fiscal adjunto Henry Amenábar Almonte, de la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos, según declaraciones recogidas por el diario Correo.
Cavassa, quien actualmente cumple prisión preventiva por 36 meses, manifestó haber brindado estas asesorías, «por autorización del jefe de campaña, Gilbert Violeta López», para capacitar a los personeros del partido de PPKL en todas las regiones y «defender el voto» al interior del país. Explicó que los pagos por sus servicios fueron mensuales y se realizaron durante el periodo de la segunda vuelta presidencial, de enero a junio del 2016.
«Para el momento de los pagos, estaban Gilbert Violeta o su hermana Giovanna, quienes autorizaban y gestionaban mis pagos (…) Fueron asesorías que cobré, declaradas ante la Sunat por recibos profesionales para la campaña de Peruanos Por el Kambio del 2016, de enero a junio», dijo el presunto integrante del cartel judicial del puerto.
Pero, PPK dice que él nunca ha visto a José Luis Cavassa, “jamás en mi vida”, asegura. En una entrevista con el diario Perú 21, el expresidente Kuczynski comentó que en ningún momento tuvo conocimiento de que su partido hubiese contratado a Cavassa: “Yo nunca he tenido nada con él, no lo conozco. Si fuera así, lo reconocería”, manifestó.
“No sé de qué se trata toda esta cosa”, recalcó Kuczynski, sobre el ex funcionario de la ONPE entre los años 1995 y 2000, y que es además acusado como ex operador de Vladimiro Montesinos para montar un fraude con firmas falsas a favor de la re-reelección de Alberto Fujimori.
El fujimorismo también está implicado en el escándalo de corrupción que vive Perú
PPK acusa al fujimorismo de conspirar contra Martín Vizcarra
Pero para salir al paso de estas acusaciones, el expresidente PPK ha lanzado una serie de acusaciones contra sus rivales y principales promotores de su salida: el fujimorismo.
Horas después de que Cavassa dijera guardar relación con PPK, Kuczynski dijo a través de Twitter en respuesta a Luis Galarreta, legislador de Fuerza Popular, quien dijo que PPK, Martín Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Aráoz, pertenecen a la red de Los Cuellos Blancos, pero de “Choquehuanca”, en referencia a la calle donde vive PPK.
“La mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más”, dijo Kuczynski, quien antes de que el congreso declarara su vacancia por delitos de corrupción y sobornos decidió renunciar.
De la misma forma respondió Aráoz, quien declaró a Perú 21 que ni ella ni el actual mandatario supieron de la contratación de Cavassa. “Yo no sabía y nunca lo vi. Ni Martín (Vizcarra) ni yo conocimos a ese señor. En primera vuelta no tenía idea de lo que hacía Gilbert Violeta o Carlos Portocarrero (personero legal de PPK)”, apuntó.
Sin embargo, admitió que Cavassa fue propuesto para que colaborara en la segunda vuelta, pero Samuel Dyer, integrante del Comando Nacional de PPK, “lo rechazó por sus antecedentes”.
La congresista Rosa Bartra, sostiene que Kuczynski no fue víctima de ninguna vacancia, pues él renunció a la presidencia
¡Kuczynski no es una víctima!
Pero la postura de PPK la desmiente la congresista Rosa Bartra, quien sostiene que Kuczynski no fue víctima de ninguna vacancia, pues él renunció a la presidencia y aclaró que desde Fuerza Popular no existe ninguna intención de vacar al presidente Vizcarra.
“Tengo que descartar por completo la atribución de víctima que tiene el expresidente Kuczynski. Víctima de sus actos será, porque una segunda víctima es como decir que él fue la primera y hay que recordarle a él que no fue vacado, él renunció producto de sus propios actos, así que víctimas acá no hay ninguna”, dijo Bartra a la Agenda Política de Canal N.
“En segundo lugar, si él no fue víctima también queda completamente descartado que Fuerza Popular o que mi bancada pretenda buscar a una nueva vacancia. No existe mayor voluntad que la de contribuir con el Gobierno, con el Ejecutivo, con el presidente Vizcarra para que el Perú sea punto número uno en la agenda. ¿Vacancia, quién habla de vacancia? ¿Creo que sólo el presidente Kuczynski?”, añadió.
Según Bartra, a la bancada fujimorista le interesa que Vizcarra Cornejo tenga éxito en su Gobierno y en ese sentido acotó que se vienen dando todas las condiciones que garanticen “gobernabilidad, equilibrio mutuo de poderes e independencia” en el país.
“Le hemos dado todas las herramientas. Facultades delegadas, aprobación prioritaria de sus iniciativas, colaboración por completo con el Ejecutivo. Nos interesa más que a nadie que el presidente Vizcarra tenga éxito y que termine su mandato en julio del 2021”, acotó.
En los sobornos de Odebrecht aparecen varios presidentes, parlamentarios y políticos
Caso Odebrecht Perú
Entre 2005 y 2014 la empresa Odebrecht aparece relacionada con el pago de sobornos en Perú de aproximadamente 29 millones de dólares y que les generó más de 143 millones de dólares en beneficios.
De acuerdo a las investigaciones, Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014, durante los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), esto según el acuerdo firmado por la compañía brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por ejemplo, para la licitación del tramo 2 del metro de Lima se presume que Odebrecht pagó 7 millones de dólares a Edwin Luyo, funcionario de confianza de Alán García y miembro especial del comité para obtener la licitación del tramo 2.
Seguidamente resultó detenido Miguel Navarro, funcionario del ministerio de Transportes y Comunicaciones de García en 2009, donde trabajó con Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones y detenido en enero de 2017. Ambos -según sus propias declaraciones- colaboraron para que la empresa brasileña obtuviera las obras del Metro de Lima.
Por este caso se encuentra prófuga de la justicia Mariela Huerta Minaya, ex presidenta del comité de licitación del tramo 2. Según su registro migratorio la exfuncionaria, que también cobró sobornos, se fugó a Panamá el 3 de enero de 2017 y actualmente tiene una orden de captura internacional.
En el caso de Alejandro Toledo, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente, esto producto de la solicitud presentada por el fiscal Hamilton Castro, quien encabezó el equipo especial encargado de investigar las ramificaciones del caso Lava Jato en Perú, y que fue sacado de la comisión el 27 de julio de 2018 por el ahora ex fiscal de la nación, Pedro Chávarry, ahora implicado en la mafia del Poder Judicial y los cuellos blancos del puerto.
El expresidente Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur.
Por su parte el expresidente Alan García también es investigado por los presuntos sobornos de Odebrecht, a la que se habría favorecido en la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
Esta acusación también la tramitó el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien abrió una investigación preliminar contra Alan García por los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro fue sacado del equipo que estudiaba el caso Odebrecht por el exfiscal Chávarry
En los casos de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Odebrecht habría entregado 3 millones para financiar su campaña presidencial, esto según declaraciones del excolaborador de Odebretch, Jorge Barata.
Por este caso, el juez Richard Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Humala y su esposa, hasta que terminen las investigaciones.
El mismo Jorge Barata también incriminó a Keiko Fujimori, al mencionar que la actual parlamentaria recibió dinero de Odebrecht para financiar su campaña de 2011.
El brasileño Jorge Barata, mencionó que también invitaron a Keiko Fujimori para sostener reuniones y mostrara su plan de gobierno. En mayo pasado, el empresario Marcelo Odebretch también confirmó que entregaron dinero ilícito a todas las campañas presidenciales del 2011, entre ellas la de Keiko y la de la actual vicepresidente de Perú, Mercedes Aráoz.
Alan García y Alejandro Toledo habrían recibido sobornos y permitido delitos de corrupción en sus gobiernos
Comisión Lava Jato
De acuerdo a las investigaciones que realiza la Comisión Lava Jato por el caso Odebrecht, los primeros resultados publicados recientemente, indican que al menos se encuentran indicios de responsabilidad penal en 117 personas vinculadas a 10 obras que estaban en manos de la constructora privada brasileña.
Los casos que aparecen con más personas implicadas son Interoceánica (39) y gasoducto (21). En ellos se destacan los nombres de los expresidentes Alejandro Toledo, PPK y Ollanta Humala.
El diario Gestión detalló que tras más de 180 días de investigación, la comisión Lava Jato inició el debate de su informe final que contiene conclusiones y recomendaciones por 11 proyectos adjudicados a las empresas brasileñas y sus consorcios asociados.
En total, el grupo de trabajo elaboró 11 informes, de los cuales Gestión accedió a todos los documentos, con excepción de Rutas de Lima. De acuerdo a la comisión, se encontró presunta responsabilidad penal en 117 personas, entre ellos expresidentes, exministros, exfuncionarios, políticos y empresarios.
La comisión estimó una de 3.065 millones de dólares como indemnización al Estado peruano que debería pagar Odebrecht por cuatro proyectos.
La Comisión Lava Jato determinó que al menos 117 personas están involucradas
En los proyectos de las IIRSA, la comisión atribuye al prófugo expresidente Alejandro Toledo cuatro delitos: colusión, cohecho tráfico de influencias y lavado de activos. En tanto, a Jorge Barata y a los exrepresentantes de las consorciadas de Odebrecht se les imputa los presuntos delitos de colusión y lavado.
En la lista de acusados también figuran los entonces ministros Fernando Zavala y Pedro Pablo Kuczynski. Ambos sospechosos de haber cometido los delitos de cohecho y colusión. Por su parte, el expresidente Ollanta Humala está incluido como responsable penal en tres casos: gasoducto, Centro de Convenciones y Olmos. En total, se le acusa por dos presuntos delitos: colusión y negociación incompatible.
Por su parte, la ex primera dama Nadine Heredia de Humala está comprendida en los informes de los casos Hospital Lorena y gasoducto. Se le atribuye los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
En lo que respecta a la Línea Amarilla (vía expresa de autobuses de transporte público), el grupo halló presunta responsabilidad penal en la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el actual burgomaestre Luis Castañeda. A Villarán se le acusa por estar implicada en cuatro supuestos delitos: negociación incompatible, asociación ilícita, cohecho, lavado y falsedad ideológica.
A Castañeda, líder de Solidaridad Nacional, se le acusa de un delito: negociación incompatible. En la lista también aparece el excandidato presidencial César Acuña. La comisión lo acusa de presunta negociación incompatible (Olmos) y omisión de actos funcionales (Chavimochic III Etapa).
Por último, el exministro de Transportes y candidato a la Alcaldía de Lima, Enrique Cornejo, habría cometido el supuesto delito de enriquecimiento ilícito por el caso del Metro.
La actual Vicepresidenta de Perú, también aparece involucrada en los sobornos
Los intentos de vacancia contra PPK y la libertad de Alberto Fujimori
En el primer pedido de vacancia contra PPK, los congresistas del fujimorismo argumentaron que debía declararse su “incapacidad moral permanente” debido a que Kuczynski “mintió constantemente”, al negar su vínculo laboral con la organización Odebrecht, pese a que un informe de la misma empresa, dado a conocer el 13 de diciembre de 2017, asegura que las empresas de consultoría vinculadas con Kuczynski -Westfield Capital, que era su empresa unipersonal y First Capital, perteneciente a su socio chileno Jorge Sepúlveda- habían recibido pagos por servicios de asesoría, incluso cuando Kuczynski había sido ministro de Estado entre 2004 y 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Este primer intento fracasó. Luego en enero de 2018, el Frente Amplio del congreso que agrupa a los partidos de izquierda, procede a un segundo pedido de vacancia, esta vez por el indulto que dio el entonces presidente peruano a Alberto Fujimori, que habría sido negociado con Keiko Fujimori y otorgado de manera ilegal.
Este procedimiento no prosperó por la falta de apoyo de los fujimoristas de Fuerza Popular, cuyos votos eran necesarios por tratarse de la bancada mayoritaria.
Bajo esa experiencia, las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú se unieron para promover otra moción de vacancia por el caso Odebrecht, esta vez con el argumento que había nuevos indicios de corrupción y conflictos de interés de parte de Kuczynski cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo.
A esta nueva moción sí se sumó el fujimorismo. Si bien los votos fujimoristas e izquierdistas fueron los que mayoritariamente pusieron en marcha el segundo proceso de vacancia, el principal promotor y cabeza notoria del proceso fue el congresista César Villanueva, de Alianza para el Progreso, partido liderado por César Acuña.
La posición de Villanueva llamó la atención, pues durante el primer proceso de vacancia, se había mostrado contrario a la misma y se había abstenido de votar. Al ser interrogado por la prensa de que su extraño viraje podría deberse a algún entendimiento con el primer vicepresidente Martín Vizcarra para asumir un cargo importante a futuro en caso de producirse la vacancia de PPK, Villanueva negó que él o su bancada hubieran negociado algo semejante.
Poco antes de la aprobación de la moción de vacancia, se filtró al conocimiento público un informe reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitido al Ministerio Público y a la Comisión Lava Jato del Congreso, referente a las movidas de dinero de las cuentas bancarias de PPK.
El expresidente Toledo está prófugo de la justicia peruana. Habría recibido 20 millones de dólares en sobornos
El documento revelaba que desde las empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht se habían hecho varias transferencias de dinero hacia Westfield Capital, la empresa unipersonal de PPK, mucho más de lo que se había revelado durante el primer proceso de vacancia. Este movimiento cubría entre 2004 y 2017, es decir, cuando PPK fue Ministro de Estado entre 2004 y 2006, e incluso cuando ya era presidente a partir del 2016.
También se habían hecho transferencias de la misma empresa brasileña hacia otra cuenta que PPK tenía mancomunadamente con su esposa Nancy Lange y con Gloria Kisic, hermana del ministro de Defensa Jorge Kisic. Incluso se divulgó que hubo otra transferencia de First Capital, la empresa del socio de PPK, Jorge Sepúlveda, hacia la cuenta mancomunada de Kuczynski-Kisic.
El informe de la UIF también resume que PPK transfirió 600.000 dólares a la cuenta del chofer de Palacio de Gobierno y 89.000 dólares a la cuenta del congresista oficialista Gilbert Violeta, hecho que llamó la atención de los medios.
En el caso del chofer, PPK argumentó que era por pagos acumulados de 11 años de trabajo, así como por cuentas de la luz, teléfono y otros servicios que hacía como persona de confianza de PPK. Mientras que sobre el congresista Violeta, los pagos eran para cancelar sus honorarios como abogado de PPK durante ocho años de servicio.
La filtración de este informe, que se presume fue hecha desde la Comisión Lava Jato presidida por Rosa Bartra.
Keiko Fujimori ha pretendido no ser vinculada a la corrupción pero las pruebas dicen lo contrario
Los videos de Keiko y la definitiva renuncia de PPK
El 20 de marzo de 2018, la bancada fujimorista de Fuerza Popular mostró pruebas sobre los intentos de PPK de comprar el apoyo de congresistas para que votaran contra la vacancia presidencial, un rumor que ya había circulado durante el primer proceso.
Se trataba de un conjunto de videos editados donde se observan las conversaciones entre los congresistas Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel (de la bancada de Keiko Fujimori) para intentar convencer al congresista fujimorista Moisés Mamani (representante de Puno) a no apoyar la vacancia presidencial, a cambio de obras para su región.
En algunos de esos videos participan también Alexei Toledo, asesor de Keiko Fujimori y Fredy Aragón, director de la Sucamec. En uno de los videos se ve también a Fujimori en una reunión con Mamani, en la que también se encuentra Alexei Toledo y Bienvenido Ramírez. Este último explica al parlamentario los beneficios que obtendría a cambio de unirse al grupo de Keiko y apoyar a PPK; ello se traduciría en que las obras y proyectos para su región tendrían acceso privilegiado con el Ejecutivo. Al parecer toda una trama armada por Keiko y su partido para poner contra la pared a PPK.
Algunos de los involucrados en el escándalo, como Keiko y Bienvenido, defendieron sus posturas en los videos al justificar que esa era práctica normal de los congresistas para pedir obras a favor de sus regiones. También la primera ministra Meche Aráoz y algunos ministros dieron una conferencia de prensa con el mismo argumento.
Pero pocas horas después, los fujimoristas dieron la estocada final, al difundir un conjunto de audios, en los que se escucha al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra ofrecer a Mamani obras a cambio de su voto para evitar la vacancia.
La prensa resaltó una frase de Giuffra en la que dice: “compadre, ya sabes cómo es la nuez y qué cosa vas a sacar”, presumiblemente haciendo referencia a los beneficios que sacaría Mamani si votaba en contra de la vacancia. También se escucha una invitación a Mamani para que se reuniera con el mismo presidente en su casa de la calle Choquehuanca de Distrito de San Isidro.
La votación en el Congreso para definir la vacancia, programada para el 22 de marzo, no se realizó. Ante lo que era la inminente salida de Kuczynski por manos del congreso, PPK decidió renunciar, en un periodo que duró apenas dos años, desde el 28 de julio de 2016 al 23 de marzo de 2018.
“Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República», dijo PPK en su último mensaje como Presidente el pasado 21 de marzo.
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