El Parlamento de Perú aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe la publicidad oficial de las instituciones públicas en medios privados y la limita solamente a los medios oficiales y a las redes sociales.
La «Ley Mulder», nombrada así por su promotor, el congresista Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano (PAP), obtuvo en el pleno del Parlamento 72 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones.
Durante el debate en el legislativo, se rebotó una propuesta para que la iniciativa legislativa regresara otra vez a la comisión parlamentaria de Transportes y Comunicaciones, a fin de ser revisada y replanteada.
Ahora, la norma pasará a manos del presidente Martín Vizcarra, quien está en contra. Sin embargo, el Ejecutivo podrá presentar un recurso de inconstitucionalidad para revocarla, ya que no puede observarla y devolverla al Congreso nuevamente, pues ya utilizó ese recurso en marzo.
Según Mulder, este proyecto de ley nace porque «la publicidad oficial es usada por las instituciones estatales para inclinar a su favor las líneas editoriales» de los medios privados y para hacer propaganda en lugar de informar sobre sus acciones.
La norma ha sido apoyado por las bancadas del fujimorista Fuerza Popular (derecha), de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, centroizquierda) y del partido Alianza para el Progreso (APP, centroderecha).
¿Ley Mordaza?
Según los críticos, el proyecto busca amedrentar a los medios de comunicación que vienen denunciando casos de corrupción, gastos excesivos e irregularidades sucedidas dentro del Congreso.
Los detractores de la medida la han calificado como una «ley mordaza», porque, a su juicios, limita la capacidad informativa de las instituciones y empresa del Estado.
En enero pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la medida como «una práctica discriminatoria que lesiona los principios constitucionales de libertad de prensa, libertad de empresa y de acceso a la información pública y transparencia».
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana consideró la ley como «discriminatoria, innecesaria y desproporcionada«, al instaurar una «censura indirecta» en contra de la línea editorial de los medios de prensa y que, además, afecta el derecho a la información de los ciudadanos.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, manifestó a la emisora RPP Noticias que el objetivo del proyecto de ley es «perjudicar a los medios independientes».
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