En Perú se ha logrado un acuerdo con la comunidad indígena de Chapis que permitirá desbloquear las instalaciones de una estación de bombeo y remediar un derrame de petróleo en un ducto clave para la seguridad energética del país, porque transporta el crudo desde la Amazonía hasta la costa del Pacífico.
La avería que se produjo hace tres semanas, se atribuyen a cortes en la tubería en el norte del país, según la firma estatal Petroperú, sin embargo, indígenas aseguran que esta acción responde a un llamado de atención los pueblos originarios, quienes han sufrido la contaminación en sus territorios durante casi cincuenta años.
A finales de noviembre, unos 8.000 barriles de petróleo se derramaron en la Amazonia después de que un grupo de indígenas realizara cortes al oleoducto e impidiera el ingreso de técnicos para repararlo, en rechazo a los resultados de unas recientes elecciones municipales.
La ruptura del oleoducto generó que la canadiense Frontera Energy detuviera su producción en el lote 192 –el mayor lote petrolero de Perú– hasta que las autoridades resolvieran la disputa.
Acuerdo
Según el acuerdo firmado por representantes de la comunidad de Chapis, del Ministerio de Energía y Minas y Petroperú, «los dirigentes se comprometen a no realizar acciones que puedan dañar el patrimonio de Petroperú y permitir la culminación de las actividades de remediación», ha afirmado Petroperú en un comunicado.
Asimismo, «se logró la liberación de los accesos a las instalaciones de Estación 5 del Oleoducto Norperuano que habían sido bloqueados por pobladores de esa comunidad desde el 5 de diciembre», ha añadido la petrolera estatal.
El oleoducto, que transporta crudo desde los campos petroleros de la selva peruana hasta la refinería del combustible de Petroperú en la costa del Pacífico, ha sufrido continuos ataques en los últimos dos años.
Desde inicios del 2016 se han derramado alrededor de 20.000 barriles de petróleo del oleoducto por al menos 15 ataques, y otros 5.600 barriles se han filtrado debido a la corrosión o fallas operativas, según estimaciones oficiales.
Razones del corte
La zona amazónica del noreste peruano, por donde transcurre el oleoducto, tiene decenas de derrames de hidrocarburos atribuidos por las autoridades ambientales, en su mayoría a la petrolera estatal, y los vertidos de crudo han afectado a comunidades indígenas que se encuentran entre las más pobres de Perú y carecen de servicios básicos, así como de representantes en el parlamento.
Los vertidos de crudo han afectado a las comunidades indígenas. Foto: Agencia
Según expertos, los reclamos indígenas por contaminación no han sido atendidos a plenitud por el Estado en años, por lo que pobladores de las comunidades de Fernando Rosas y Arutam piden una solución inmediata para el problema de la contaminación por crudo presente en la quebrada Shifeco y el río Morona, debido a la actividad en la estación desde hace más de tres décadas.
Los ríos se encuentran contaminados de bitumen proveniente del oleoducto. Foto: Agencia
En estos años, decenas de delegaciones han emprendido su viaje a Lima para hacer oír sus demandas y exigir una solución definitiva para la emergencia ambiental que viene afectando a sus comunidades.
El pasado 04 de mayo, sostuvieron una reunión con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Heydi Araujo, coordinadora de gestión de conflictos socioambientales del OEFA, afirmó que el cronograma de remediación de los daños ocasionados por las filtraciones de crudo ya ha sido exigido a Petroperú y que OEFA se compromete a hacer seguimiento para que se cumpla.
Más adelante, en la reunión sostenida con Marco Arana, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, se analizó el estado de emergencia en el que se encuentran las comunidades afectadas por derrames y filtraciones de petróleo a lo largo de todo el Oleoducto Norperuano.
Asimismo, Arana manifestó la necesidad de priorizar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía peruana frente a un modelo económico que es dependiente de la actividad extractiva, pero que a su vez no realiza una fiscalización ambiental adecuada en las zonas de impacto de cada proyecto.
Además, mencionó que es necesario solicitar que se realicen informes sobre las condiciones del ducto, las poblaciones aledañas a estaciones a lo largo de él, e incluir en el informe sobre derrames de petróleo, que ya existe, el tema de las filtraciones y su impacto en la población.
Por otro lado, en la reunión sostenida con Omar Trujillo, director ejecutivo de la Dirección de Pueblos Indígenas del MINSA, se analizaron las demandas de salud de las comunidades afectadas, y se acordó implementar un anexo de Puesto de Salud en la comunidad Fernando Rosas.
Finalmente, en la reunión sostenida con representantes del Ministerio de Energía y Minas y de Petroperú, la estatal aceptó su responsabilidad respecto a la contaminación del agua de la quebrada y el río por crudo y se comprometió a priorizar la remediación de los daños y a dotar de una bomba de agua y de tanques a la comunidad para que las familias de Fernando Rosas y Arutam puedan abastecerse de agua limpia.
Nuevas concesiones
A pesar de la posición de 110 comunidades indígenas de prohibir concesiones petroleras en su territorio, la empresa Geopark, socia de Petroperú, actual concesionaria del lote, está a la espera de que el Estado apruebe el Estudio de Impacto Ambiental para iniciar sus operaciones a fines de este año; mientras que Petroperú busca financiamiento para la ampliación del Oleoducto Nor Peruano que conecte el lote a la Estación de Bombeo 5.
Tanto la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), que congrega a 45 comunidades, como el Gobierno Territorial Autónomo (GTA) de la Nación Wampís, que congrega a 65 comunidades, han expresado su rechazo contundente a la actividad petrolera mediante un pronunciamiento.
“Los Wampis y Achuar somos conscientes de que el desarrollo que el mundo debe promover no consiste en continuar insistiendo en la quema de combustibles fósiles en nombre de progreso, sino en incentivar la aplicación de tecnologías alternativas”, señalan.
Este rechazo de la población se sustenta en las nefastas consecuencias que ha tenido la actividad en el Lote 192 (ex 1AB), en Loreto, para los pueblos indígenas, quienes han sufrido la contaminación en sus territorios durante casi cincuenta años.
Los pueblos Achuar y Wampís son conscientes de lo inefectivas que son las políticas y normas ambientales en Perú, que han permitido que las empresas como Pluspetrol no cumplan con los mínimos estándares de buenas prácticas ambientales y, además, evadan sus responsabilidades de remediación.
https://www.elciudadano.cl/pueblos/video-petroperu-acusa-a-indigenas-de-cortar-un-oleoducto-en-la-amazonia/11/29/
https://www.elciudadano.cl/medio-ambiente/peru-pueblos-originarios-denunciaran-a-la-empresa-estatal-petroperu-por-derrame-en-amazonia/02/05/
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