El establishment dominante estuvo activo durante el 2014 (la estructura chilena de poder financiero, económico, político y mediático) cuya hegemonía, sin embargo, da signos de deterioro. Digámoslo de otra manera: si buena parte de la actividad del Duopolio que organiza la vida política postdictadura busca edificar consensos, éstos se buscan en torno a un presente cada vez más complejo y conflictivo, pero sin que exista consenso en torno al pasado, ni menos pueda haberlo acerca del futuro.
El año pasó marcado por provocaciones y afrentas directas a la “common decency” (a la ética de la decencia común del pueblo trabajador y del ciudadano honesto de la que hablaba George Orwell en sus obras de filosofía política). Así como también a las expectativas de la gran mayoría social y ciudadana del país que mira la política practicada por el duopolio con desconfianza y desapego. Pues una buena parte de los ciudadanos es practicante del “éxodo”, o de la fuga del sistema político actual. Actitud que se expresa en los altos porcentajes de rechazo a los partidos políticos, al parlamento y al Gobierno en las encuestas.
Es evidente que los chilenos ponen en duda la capacidad de estas instituciones de la llamada “transición” de representarlos.
Nada extraño entonces que los círculos empresariales dispuestos a utilizar el chantaje burdo de la “desaceleración económica”, en un mundo dominado por el “egoísmo liberal” (G. Orwell nuevamente), se dedicaran a contratar renegados y encantadores de serpientes para que les cantaran la tonada que el maestro Pangloss le enseñaba a Cándido: “todo anda como en el mejor de los mundos posibles”(*). Para qué hablar de la crisis ecológica (**), de responsabilidad directa del capitalismo y de su modo depredador de producción que amenaza con provocar en el futuro próximo una catástrofe climática en la que el litoral chileno y su población serán los primeros perjudicados. Ni de los bajos salarios, ni del aumento de las desigualdades sociales, pese a la retórica de las reformas graduales.
Encerrados y víctimas de su propio discurso dogmático y avinagrado, los neoliberales del Duopolio consideran que el mercado y los privados unidos proporcionarán las claves para resolver esos desafíos. Justificación que va contra todos los datos de la experiencia y la realidad.
Algunas provocaciones fueron y son más evidentes que otras
El homenaje de la UDI a su líder político y espiritual, el dictador Augusto Pinochet, en el recinto parlamentario de propiedad de todos los chilenos, fue una de las más llamativas. Algo así como ver los neo-nazis levantando la mano derecha y vocifereando ¡Heil Führer! en el Bundestag alemán. Cosa que no ha sucedido ni sucederá en el parlamento germano porque su Constitución política no permite hacer la apología de un régimen de barbarie. Fue una espectacular entrada de la UDI a la cofradía de las extremas derechas europeas.
Los parlamentarios del partido de extrema derecha y ultra neoliberal en lo económico aceptaron de buen grado llevar escrito en la frente el calificativo de cómplices activos en las violaciones a los DD.HH y crímenes de lesa humanidad de la Dictadura que el ex Presidente S. Piñera trató de modificar por el más “light” de “cómplices pasivos”. De esa manera poco estética, la UDI puso en relieve su carácter de partido fascista. No en lo que se refiere a querer ser un partido de masas (no lo será nunca), sino en la adopción de una postura ideológica asumida con respecto al pasado que la marca en el presente y la condena a futuro. En lo inmediato, el partido pinochetista, está determinado por un prosaico cálculo político: capturar para representar a ese sector recalcitrante y nostálgico de chilenos que apoyó activamente a la dictadura y cuyos vástagos heredan sin cuestionar la ideología del individualismo posesivo junto con una galería repleta de fantasmas autoritarios y oligárquicos del pasado (los que se declaran “gremialistas” en la Pontificia Universidad Católica, por ejemplo). Mantener atado e ese sector de recalcitrantes para alejarlo de RN y la DC. Y desde ahí hacer política con la Nueva Mayoría para enfrentar las tentativas de cambio del régimen postdictadura.
En la práctica se trata de perpetuar rituales y relatos que avalan los métodos de signo fascista. La UDI debe haber sacado cuentas en votos y en subvenciones de las empresas afines (como el grupo Penta) y medido el apoyo de las instituciones sostenedoras de valores y principios de orden. El partido de Jaime Guzmán, con esta movida agresiva, se despojó de todo atisbo de dignidad democrática. Su fin es consolidar una base electoral de cuño antidemocrático en el mercado político. Es la lectura que ellos deben hacer de algunas formaciones europeas, pero sin asidero por el momento en la sociedad chilena.
Y hablando de afrenta, la relación de naturaleza corrupta (y de fraude al fisco) entre el grupo Penta y políticos serviles puede ser considerada como tal, no obstante, una manifestación natural de la política binominal. Sucede cuando la política está dominada por el dinero concentrado en manos de una oligarquía plutocrática. Vale la redundancia. Lo de Penta fue una revelación que debe repetirse en otras empresas con otros clanes políticos. Es contra esa política y ese tipo de políticos y no contra la otra política, la de las prácticas democráticas asambleísticas, ni contra los liderazgos colectivos salidos de los movimientos sociales que los ciudadanos acumulan agravio.
Obvio, es una afrenta a la ciudadanía trabajadora el aumento de la dieta de los diputados en $500.000 mensuales (que los coloca en el 5% de altos ingresos del país) en un cuadro donde la gran mayoría de los asalariados ganan menos de esa suma por mes. Es, desde cualquier ángulo de análisis una provocación. Una ofensa al valor de la igualdad social en un país donde la desigualdad es una evidencia y un factor de conflicto social. El interés pecuniario que guía las decisiones de los parlamentarios les pasará la cuenta. La ciudadanía procesa y registra la información que circula por los medios y las redes sociales donde se fragua una nueva ciudadanía empoderada que no sale necesariamente a la calle, pero que simpatiza con quienes lo hacen.
Habrá que insistir en lo que es de Perogrullo: que “ser miembro de la clase política es algo siempre transitorio y tal cualidad no permite ganar más que el salario medio del país” (Boaventura de Sousa Santos).
Cabe señalar que la absolución por la justicia de Martín Larraín fue y es motivo de indignación ciudadana. Es una afrenta a la noción de Justicia. No es un problema personal. Es evidente que en un Estado de Derecho, cuando éste funciona, la justicia no protege a los poderosos. El delito de huída que va aparejado con el de no socorro a persona en situación de peligro con intención de escapar —sin detener su vehículo— de la responsabilidad civil o criminal, existe en todas las legislaciones y es severa con todos los ciudadanos. En algunos casos la pena por estos delitos, en caso de deceso en accidente es la prisión perpetua.
Y en el plano del derecho a la educación, una de las últimas provocaciones al sentido y a la decencia común es la decisión de los directivos y propietarios de las universidades privadas de subir los aranceles y matrículas en el nuevo contexto político-cultural de lucha por el derecho social al acceso a una educación pública gratuita instalado desde el 2011.
Los argumentos de uno de los más acérrimos defensores del “capitalismo académico” o del modelo mercantil educativo como el rector de la UDP, Carlos Peña, responsabiliza al Gobierno de Bachelet de lo que él llama el “mal infinito”. Peña no ha cesado de provocar al movimiento estudiantil que hoy tiene más razón que nunca para levantarse del letargo anual, retomar las banderas de las luchas estudiantiles pasadas y plantearse la estatización pura y simple de las universidades privadas y la gratuidad. Es lo que la mayoría de la población exige. Además de luchar por democratizar la universidad mediante la elección de las autoridades universitarias. Se puede hacer. Después de meses de lucha estudiantil, seguir pagando aranceles fijados según el mercado sería un retroceso para una causa noble.
¿Y los beneficios extraordinarios de los grandes grupos económicos que tienen por causa la explotación del trabajo asalariado, el saqueo de la naturaleza, la captura de las cotizaciones previsionales y de salud, los intereses del crédito usurero junto con la movilidad y fuga de capitales a los paraísos fiscales para no pagar tributos, no deben ser considerados como una provocación a una sociedad que busca redistribuir la riqueza socialmente producida y privadamente acaparada junto con dotarse de derechos para garantizar necesidades sociales fundamentales insatisfechas?
“Los bancos han ganado este año más de $2.000.000.000.000—más de 3.200 millones de dólares— y la rentabilidad sobre el patrimonio antes de impuestos llega a 20,13% (hace 12 meses fue 17,46%)” afirma el economista Gonzalo Durán, que explica: “En las Isapres, las ganancias suben un 51% respecto a igual período 2013 y el superintendente de la cartera las califica como “las más cuantiosas de la década“, […] “las AFP siguen generando ingentes sumas de utilidades para sus accionistas. En los primeros 9 meses acumulan $244.882.000.000 y cinco de las seis AFP aumentan sus ganancias en un 16%”. Y en el retail, las noticias también son positivas sostiene Durán: “Walmart, el gigante supermercadista tuvo ganancias de $213.000.000.000, lo que es un 16% más a igual período 2013”. Para Cencosud Chile, por su parte, “la venta en locales equivalentes sube un 4,4% a igual período 2013”, escribe el economista de Fundación Sol.
Y eso que lo anterior ocurre en medio de una coyuntura de “desacelaración económica”, según el discurso del chantaje de las organizaciones patronales.
Debe ser también considerado una afrenta a los principios democráticos el no respeto a las promesas de campaña y la manera opaca como la Nueva Mayoría, transa, pacta y llega a consensos en las comisiones parlamentarias donde opera la disuasión por el chantaje entre los partidos con cola de paja, para que las cosas queden en la casta-nostra. Los acuerdos de cocina aprobados por el Gobierno de Bachelet y sus ministros para impedir una reforma tributaria progresiva, las concesiones a los sostenedores privados en educación representados por la DC, la postergación de una ley laboral sindical que permita la negociación colectiva plena, según los acuerdos internacionales con la OIT (Organización Internacional del Trabajo de la Naciones Unidas) y que equilibre la relación desigual entre el Capital y el Trabajo, son dardos arteros a un proyecto de vida democrática y a los anhelos ciudadanos.
Es en ese cuadro de provocaciones y ofensas al buen vivir ciudadano que se manifiestan las huelgas de los profesores y los trabajadores del retail y otras más silenciadas por los medios tradicionales. Estas son un viento de resistencia y esperanza en una sociedad bloqueada por el sistema político y la concentración extrema de la riqueza. Las luchas sindicales, al utilizar el método de la huelga y de la solidaridad de clase, sobrepasan la cúpula del corporatismo sindical. La CUT ha demostrado supeditarse a los intereses de Estado. Las luchas sindicales para mejorar las condiciones de vida y de trabajo cuestionan una “democracia de clase”, es decir, un régimen cuya organización política está concebida y explícitamente desarrollada bajo la perspectiva de favorecer a una clase determinada: la clase de los dueños de la riqueza y del poder.
Los trabajadores en lucha por mejorar sus condiciones concretas de existencia contra la explotación del trabajo asalariado ponen en relieve la importancia de generar una dinámica unitaria en las luchas sindicales. El potencial de transformación social se refleja en la voluntad de recuperación de derechos sociales básicos ante el fracaso de las elites políticas de corte social-liberal y de las cúpulas sindicales cooptadas por el Gobierno de Bachelet.
¿No fueron acaso las huelgas de los trabajadores forestales el 2006 las precursoras de las luchas que comenzarían a marcar el ritmo de los movimientos sociales de los pingüinos-secundarios, de los ciudadanos de Magallanes y de Aysén y de los universitarios-secundarios el 2011?
La experiencia de estos hitos repentinos permanecen en la consciencia colectiva como acontecimientos constituyentes creados por los mismos ciudadanos-trabajadores puesto que quiebran la normalidad aparente y develan las relaciones de fuerza y poder que atraviesan la sociedad entera.
Por lo mismo, llama la atención que distinguidos representantes de la sociología académica crítica ignoren el potencial de transformación social que representan las formas de lucha y las demandas de los trabajadores. Aquellos evitan referirse a la lucha de clases como realidad social. Sólo atinan a mencionar la “acción colectiva” y los “movimientos sociales” en términos definidos por el sociólogo francés Alain Touraine, cuya concepción de los movimientos sociales busca tendenciosamente diluir a la clase trabajadora (su “centralidad”) y negarle al movimiento sindical su autonomía ante el Estado y los partidos y por ende su potencial de transformación social.
¿No se le hace una concesión intelectual mayor a las fuerzas políticas del consenso neoliberal cuando se invisibilizan, sin mencionar, las luchas de la clase trabajadora ni tampoco se consideran el método de la huelga y la forma sindicato como factores determinantes de un proceso de cambios? Sobre todo cuando sabemos que la reforma a la cual se niega con amenazas la clase empresarial es la reforma del código laboral heredado directamente de la Dictadura de los Chicago Boys y mantenido intacto por la Concertación.
¿Qué perspectiva para el 2015: Reformitas graduales o ruptura constituyente?
La Constitución que impera hoy en Chile no fue obra de un nuevo poder constituyente ciudadano. Las reformas que se le hicieron con el presidente Lagos no fueron sustanciales. Mantuvieron su carácter neoliberal. En la Constitución del 80 de Guzmán y Ortúzar la defensa de propiedad privada, la omnipresencia del determinismo mercado y la “libertad” de empresa son los ejes del orden institucional. Se trata de la propiedad privada en general, para así justificar la defensa de la gran propiedad privada de los medios de producción en manos de una ínfima minoría social u oligarquía que responde directamente a la dinámica del capitalismo global, sus empresas multinacionales, los holdings financieros y bancarios y sus instituciones de “gobernanza”; las verdaderas y únicas vencedoras de la Guerra Fría que hoy hacen la ley en el mundo después de “la caída de los muros”.
En Chile ha habido un consenso constitucional que en los primeros años dio lugar a una estigmatización de cualquier forma de disenso y propagó un ethos y una cultura política cuyo objetivo era moldear demócratas cínicos, resignados y disciplinados ante una democracia de baja intensidad que no ha sido el resultado de una ruptura con la Constitución y que bajo la hegemonía neoliberal ha ido conduciendo a una creciente desafección ciudadana hacia la política institucional y partidaria. Ahí estamos.
Un sistema que ha generado una cultura política que, afortunadamente, se ha visto impugnada desde el 2006-2011 por las nuevas generaciones, protagonistas de una repolitización ciudadana, en medio de una crisis de la representación del capitalo-parlamentarismo. Pese al reflujo circunstancial de este año, un nuevo ciclo político ciudadano de luchas sociales sigue abierto. Este coincide con la constatación pública de la corrupción que corroe al establishment y con la existencia, pese a los niveles de consumo casi masivo, de una sociedad desigual, precarizada y endeudada. Y de una economía bajo control total de los grandes grupos económicos imbricados a (penetrados y no dependientes) las grandes multinacionales extractivas, financiero-bancarias, educativas, súper cadenas del comercio al detalle, de la energía de la agro exportación y de la pesca.
Hay urgencia por tanto para instalar el 2015 un horizonte común. Una perspectiva de ruptura democrática que abra camino a procesos constituyentes democratizadores en todas las esferas.
Trabajar en pos de una alianza amplia, de una multitud creadora compuesta de pueblo trabajador, estudiantes y organizaciones afines en coherencia con la exigencia de democracia y del derecho a decidir, para hacer realidad la aspiración al proceso constituyente propio, y no subalterno y supeditado a las reformas constitucionales hechas en un parlamento desprovisto de legitimidad democrática y que actúa por la inercia de su propios intereses. Quizás consigamos juntar las fuerzas necesarias frente al adversario común, el establishment actual o bloque dominante. Debemos, por tanto, el 2015 apostar por una nueva Constitución que rompa también con los dictados de “los mercados” y de la gran empresa; blinde derechos sociales y bienes comunes y siente las bases de otra democracia y de otro país.
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(*) “Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes”, Candide, Voltaire
(**) La creencia del neoliberalismo en un crecimiento infinito es insostenible desde el punto de vista de la preservación de los equilibrios naturales del planeta. El Capitalismo es un enemigo del clima y el calentamiento global es ya una crisis de proporciones catastróficas. Según Naomi Klein, es una oportunidad para cambiar el mundo, la economía del desastre y el modelo social de consumo y endeudamiento. Ver: http://g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=20309