Rousseff «indignada»

«Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño», declaró Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto.

La mandataria afirmó que no existe ningún «ilícito» en su gestión y aseguró que se trata de «acusaciones inconsistentes».

Además, en clara alusión a Cunha acusado de haber ocultado cuentas con dinero de sobornos en Suiza, Rousseff dijo: «no tengo cuentas en el exterior».

Cunha acogió favorablemente un pedido de juicio político con fines de destitución por irregularidades fiscales contra la presidenta Rousseff.

El jefe de Diputados anunció su decisión pocas horas después de que la bancada paralamentaria del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) resolviera votar a favor de que se abra un proceso de destitución en su contra.

Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra la base aliada del gobierno, se ha transformado en el principal impulsor de la destitución de Rousseff.

El proceso contra el titular de la Diputados será votado la semana que viene en el Consejo de Etica de la Cámara Baja, se basa en acusaciones contra el legislador de nexos con la red de corrupción que operó en Petrobras, y en que mantuvo cuentas secretas en Suiza por millones de dólares en las que depositó el dinero fruto de los sobornos obtenidos en la petrolera estatal.

Poco después de que se tomara esta decisión en su contra, el político del PMDB acogió el pedido de destitución de la presidenta presentado por dos renombrados juristas, Hélio Bicudo, uno de los fundadores del PT que luego se apartó de esa fuerza, y Miguel Reale Junior, ex ministro de Justicia durante el gobierno del opositor ex presidente Fernando Henrique Cardoso.

Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo que lamenta dar inicio a un proceso que será responsabilidad de la Cámara de Diputados y que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar en algún momento.

El cuestionado legislador agregó que el juicio político es un proceso que de cualquier forma tenía que ser enfrentado por el país, que no podía aplazarse por más tiempo, y destacó que Brasil cuenta con un Congreso «soberano» para hacerse cargo.

«Lamento profundamente lo que está ocurriendo y no tengo ninguna felicidad con el acto que estoy practicando. Espero que el país pase por este proceso», aseguró.

El presidente de los Diputados dijo que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato en enero pasado.

«Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año», aseguró.

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados «delitos de responsabilidad», lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.

La petición aceptada hoy por Cunha argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.

Agregó que el inicio oficial del juicio contra un jefe de Estado depende de que una comisión que la Cámara de Diputados creará esta misma semana con miembros de todas las bancadas en número proporcional al que tienen en el cuerpo, que deberá pronunciarse sobre el mérito de la acusación.

Esa Comisión tendrá 10 sesiones legislativas para llegar a la desición de aceptar o rechazar el inicio del proceso contra la presidenta y, en caso de aprobar la acusación comunicársela a la mandataria.

Según la Constitución la acusación de juicio político contra la presidenta debe ser admitida, por último, por los dos tercios de la Cámara de Diputados, es decir 342 votos positivos de un total de 513 miembros del cuerpo.

Por tratarse de un supuesto delito de «responsabilidad» la acusación, si es aceptado el proceso por la mayoría especial de la Cámara Baja, estará a cargo del Senado de Brasil, en donde la decisión final también se debe aprobar por dos tercios del cuerpo, es decir 54 de los 81 senadores que integran el Senado.

Fuente: Telam