Sergio Grez: «¿Por qué tiene que haber un órgano que controle lo que discute la ciudadanía?

Mañana iniciará de forma oficial la fase de educación cívica y constitucional que dará paso al proceso participativo de diálogos ciudadanos a partir del cual se obtendrá el documento base para crear un proyecto de Nueva Constitución. Unos debates que, según explicó la presidenta Bachelet el pasado mes de septiembre, serán supervisados por un Consejo de Observadores, los miembros del cual han sido revelados esta semana.

FOTO: PABLO VERA/AGENCIAUNO

¿A quién representa este grupo heterogéneo de personalidades tan diversas que agrupa desde empresarios o músicos hasta abogados y futbolistas? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Cómo se desempeñarán?

Son preguntas esenciales que se han planteado públicamente en los últimos días. Sin embargo, parece que aún están por resolver. Ni siquiera los propios miembros del Consejo saben en qué consistirá su rol durante la primera fase del plan anunciado para cumplir una de las grandes promesas de campaña de la presidenta.

“No hay nada claro todavía sobre nuestra función. Se están viendo las fechas y armando las pautas de a poco”, indicó a este medio Ruth Olate, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintrapac) y una de las integrantes del organismo. Tampoco el empresario Roberto Fantuzzi, otro de los miembros además de presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas y Servicios, pudo aclarar más que la voluntad de ser un “órgano facilitador” y que garantice “transparencia”.

Cuestiones clave, como los temas que se discutirán o las metodologías de participación, siguen en el aire y, tal y como indicó a este medio el historiador y miembro del Foro por una Asamblea Constituyente, Sergio Grez, “da la impresión de que se ha pensado para tener que operar en función de un plan que un jefe de orquestra les entregará”.

¿A quién representan?

“Estará integrado por representantes de la sociedad civil, nombrados por la presidenta Bachelet y su misión será velar para que los Diálogos Ciudadanos se realicen de manera libre, transparente y sin presiones”. Así es definido el Consejo de Observadores en el glosario de 8 conceptos del proceso para la Nueva Constitución expuesto en la web del Gobierno.

Sin embargo, según el presidente del nuevo órgano y militante de la DC, Patricio Zapata, los miembros de esta comisión “no somos un ente representativo de la sociedad chilena porque la representación está en el Congreso Nacional, en los alcaldes, y en las organizaciones sociales”. En la reunión que sostuvo ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Nuñez, Zapata definió su tarea de “garante de este proceso participativo” como “un componente más”, al lado de la prensa, la Contraloría General, los Tribunales y el Congreso.

Contradicciones en los discursos oficiales, desinformación hacia la ciudadanía y desconocimiento de los actores implicados, ponen en duda –de nuevo– el rigor y la credibilidad de un proceso que fue calificado por la presidenta de “libre, transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo”. Pero ¿cuán transparente puede ser si de partida no se explicó, por ejemplo, cómo fueron elegidos los observadores? ¿Qué criterios se utilizaron? ¿Qué hay detrás de cada una de las designaciones?

Para el historiador Sergio Grez, este Consejo “no es vinculante y no emana de la soberanía popular expresada en elecciones sino de un nombramiento a dedo por parte del Ejecutivo, de los círculos más cercanos a la presidenta”. Grez señaló a este periódico que el grupo elegido “no es representativo de la sociedad civil, por distintas razones. Sólo son 15 personas y además no cuenta con la representación de mujeres –sólo hay 3–, funcionarios, trabajadores, estudiantes, movimientos regionalistas, campesinos, pescadores artesanales, etc.”. El experto echó en falta los movimientos sociales “más dinámicos de los últimos años, aquellos que han comenzado a cambiar la fisonomía política del país, y que han empujado un necesario cambio constitucional y el cambio de modelo de economía y de sociedad”.

En este sentido, criticó que “no se agregó ni un solo representante de los movimientos pro AC que se han desarrollado en los últimos años”, algo que considera parte de la estrategia de la propuesta presidencial  “que bien sabemos no apunta a impulsar un proceso constituyente verdaderamente democrático y representativo”, dijo. En el sentido contrario, aseguró con “preocupación y desagrado” que “la derecha y el gran empresariado están sobrerepresentados en el Consejo”.

Según el historiador, esta comisión “se inscribe en una continuidad perfecta de lo que ha sido la tradición de cuoteos entre las fuerzas del duopolio político para dar la impresión de supuesta representatividad social y política”.

“¿Por qué tiene que haber un órgano no generado democráticamente que controle lo que discute la ciudadanía? ¿Por qué no se deja a los ciudadanos y ciudadanas que a través de sus organizaciones sociales decidan por ellos mismos cuáles son los temas que les interesa discutir?”, preguntó retóricamente Grez. E interpeló nuevamente: ¿Es porque hay temor a que la democracia se ejerza plenamente? ¿O porque se considera a los pueblos que viven en la República de Chile como menores de edad políticamente?”.

La designación del Consejo de Observadores de esta semana dejó entrever cómo parte este Proceso Constituyente y, por lo visto, las “garantías de transparencia y equidad” son las primeras que pincharon. Todo indica que las opciones realmente democráticas y transformadoras como la AC no tendrán espacio real en este proceso.

Sin embargo, el desafío de la nueva Carta Fundamental es demasiado grande y trascendente para abandonar la cancha antes de empezar. Buscar las grietas –habrá dos convocatorias electorales en el camino– y exigir garantías democráticas, participativas e inclusivas reales es la única opción. No hacerlo sería, por lo menos, una irresponsabilidad.

Meritxell Freixas