Piñeragate 2.0: dinero, coimas y mentiras

Sebastián Piñera Echeñique, conocido familiarmente como Tatán, es un “exitoso” empresario, inversionista y politiquero. Aunque estudió economía en la Universidad Católica y “postgrado” en Harvard, nada le quita su fama de Berlusconi chileno. Se vanagloria de haber estado contra Pinochet en el Plebiscito de 1988, pero se enriqueció bajo la dictadura. De 1990 a 1998 fue senador por su partido, Renovación Nacional; en 2005, candidato a la presidencia derrotado por Bachelet, y en 2010, se “compró” la banda presidencial. Tatán se ha visto envuelto en múltiples escándalos y oscuros episodios.

“Piñera fundó su patrimonio vinculado a personeros como Carlos Massad, Raúl Sáez, Álvaro Donoso, y las familias Calaf y Nieto, cercanos al freísmo y a los técnicos y profesionales demócrata cristianos que colaboraron con Pinochet en sus primeros años”, dice el periodista Manuel Salazar, autor del libro Sebastián Piñera, biografía no autorizada.

En 1976, Piñera prestó asesoría en macroeconomía al dictador boliviano Hugo Banzer, cobrando US$ 50 mil: “¿Cómo se transformaron en sus primeros US$ 200 millones? Él no quiere que esto se transparente pues aparecen sus vínculos con la dictadura”, agrega Salazar.

Vínculos que ha intentado negar o esconder. Dos años después, Massad formó Ingeniería Financiera y Comercial Ltda. Instalaron el sistema de tarjetas de crédito y se asociaron con los bancos de Talca y Concepción, creando Bancard S.A. Piñera fue gerente del Banco de Talca y director de Bancard.
Allí inició la acumulación originaria de su fortuna y poder.

Tras el escándalo y defraude del Banco de Talca, Piñera ocupó la gerencia general de Citicorp-Santiago, un banco de inversión formado por Citibank y el Banco Santiago, entonces controlado por el grupo Cruzat.

Allí creó equipos de ejecutivos jóvenes, la mayoría ingenieros y economistas de la Universidad Católica, con postgrados en el extranjero. De esta forma, Piñera y sus golden boys se vincularon a los más importantes grupos económicos, y hoy siguen en puestos claves en holdings, bancos, financieras y la casta política.

COIMAS DE LAN

Recientemente, el fiscal argentino Ramiro González presentó cargos contra Piñera y el ejecutivo de LATAM, Ignacio Cueto, por “pago de coimas”: US$ 1,15 millones. Fueron imputados, además, el ex ministro de Transporte del gobierno de Kirchner, Ricardo Jaime, y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. LATAM reconoce pagos a una Consultora de Manuel Vásquez. Se trata de “coimas al gobierno”, destinadas a obtener la promulgación de un decreto que le permitiría a LAN operar a pesar de ser ilegal.

En conferencia de prensa, Piñera señaló: “No he tenido ninguna participación ni responsabilidad en los hechos mencionados. Pienso que esta denuncia o es muy irresponsable o es muy mal intencionada”. El ex presidente intentó explicar una a una las investigaciones en su contra en Argentina, EEUU y Chile. Señaló que en Argentina la indagación se cerró “sin que se me incluya ni asigne responsabilidad alguna”. Sobre el caso en EEUU, dijo: “También está cerrado… No hubo infracción por parte de LAN a las normas que prohíben el cohecho, pero el registro de los pagos no se efectuó conforme a la normativa de la SCPA, que exige a las empresas realizar y mantener registros contables precisos, además de un sistema adecuado de controles internos. Por esta investigación, tampoco se me asigna ninguna participación ni responsabilidad”. Y sobre la indagatoria en Chile, aseveró: “La única participación, al igual como todos los directores de la época, fue declarar como testigo a comienzos de 2014”. Pero reconoció que en 2005 se reunió con Kirchner y su secretario de transporte: “Nos recibió en la Casa Rosada, en forma pública”. Consultado sobre una segunda reunión, su negativa rápidamente se vio enfrentada por la realidad y se vio obligado a desmentir sus propias palabras.

En 2006, Piñera se volvió a reunir con el ex ministro Jaime y participó en tertulias similares con autoridades en Perú, Colombia y Ecuador.

“Piñera está imputado ya que era dueño de LAN al momento de los ilícitos, mientras que Jaime, quien recibió el dinero de la empresa, fue el encargado de autorizar a la aerolínea a volar en Argentina”, dijo a la prensa el fiscal.

El caso de las coimas se destapó en 2010 pues se dieron a conocer conversaciones por emails de Vásquez.

En los documentos, se detalla el pago de una comisión por parte de una empresa de LAN con sede en EEUU: Atlantic Aviation Investment, que supera el millón de dólares por una consultoría que nunca se realizó por Controles y Auditorías Especiales de Argentina (CAESA). Sin embargo, maniobras del gobierno argentino hicieron que esas pruebas fueran anuladas y el juicio cerrado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission investigaron a LATAM por la consultoría fantasma, luego que Jaime oficializara la autorización a LAN Argentina para operar. Recientemente, LATAM reconoció a la autoridad bursátil estadounidense el pago irregular, siendo multada en US$ 22 millones. En su momento, LAN señaló que el dinero fue a parar a los sindicatos argentinos contrarios a la llegada de LAN Argentina, pero las coimas eran para autoridades del gobierno.

“La remuneración de CAESA: US$ 1,15 millones, divididos en tres cuotas de 300 mil y una de 250 mil. CAESA envió la primera factura, identificada con el número 27. Luego llegaron la 30 y la 31. Los depósitos se hicieron en el Wachovia Bank, 3442 Orange Avenue NE, Roanoke, cuenta 8779-9038, cuyos titulares eran Vázquez y Marta Domínguez (esposa de Vázquez). Se facturaban ‘servicios de consultoría prestados según contrato firmado entre las dos empresas’. Meses antes, el decreto 1012, firmado por Kirchner, por el jefe de gabinete, Alberto Fernández, y por los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Felisa Miceli, había resuelto uno de los problemas más grandes que tenía LAN en el país. La norma prorrogó la emergencia aerocomercial y autorizó subir las tarifas. El artículo 10°, destrabó uno de los escollos que frenaban la expansión de LAN. Meses más tarde, la compañía de LAN contrataba los servicios de CAESA. Diez años después, Jaime está preso en el penal de Ezeiza y Vázquez tiene prisión domiciliaria. Se les imputa haber facturado coimas para la compra de material rodante a España y Portugal. La empresa que facturó las coimas fue CAESA, la misma que facturó la auditoría a LAN. Las facturas cuestionadas son las 39, 40 y 41, vecinas de aquellas que terminaron por implicar a LAN en una investigación que se cerró con el pago de US$ 21,5 millones en EEUU”, publicó La Nación de Argentina.

Según el periodista argentino Federico Rivas, “el 26 de julio, LATAM -heredera de LAN-, admitió ante el Departamento de Justicia de EEUU y la Securities and Exchange Commission que desvió dinero a favor de altos funcionarios a cambio de la habilitación para volar. Pagó por ello 22 millones de dólares de multa, sin suponer que el mea culpa tendría repercusiones judiciales en Argentina. Piñera dejó de ser director de LAN en 2007, pero recién vendió sus acciones en 2010, luego de asumir como presidente. Junto con Piñera, el fiscal pidió que se investigue a quien era presidente de la compañía en 2006: Ignacio Cueto. También puso en la lista al ex ministro De Vido, al ex secretario Ricardo Jaime y a Manuel Vázquez, asesor de Jaime que fue artífice de la maniobra y que también está preso”.

LAN pagó US$ 1,15 millones a Vázquez, dinero que ingresó a la cuenta bancaria de CAESA, a cambio de un informe sobre “rutas existentes en Argentina y en el mercado regional tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible”. El informe nunca se realizó.

La Segunda informó que el fiscal chileno Andrés Montes viajó a Argentina en 2014 para interrogar a ex autoridades kirchneristas investigadas. En nuestro país, la investigación se había cerrado en 2011.
“Piñera aprovechaba cada contacto bilateral con Cristina Fernández para plantear los reclamos de la línea aérea LAN en la Argentina. Era el principal accionista de LAN y aunque había colocado esas acciones en un fideicomiso, seguía gestionando a favor de la compañía chileno-estadounidense”, escribió el periodista Horacio Verbitsky.

LA CIA Y EL BANCO DE TALCA

En 2009 La Nación Domingo publicó que documentos de la CIA e informes del Departamento de Comunicaciones de la Embajada de EEUU en Santiago señalaban que el padre de Sebastián, José Piñera Carvallo, fue desde 1965 colaborador de la agencia. También reveló que su hermano José, Ministro del Trabajo y de Minería del dictador, también fue colaborador directo y analista financiero de la CIA.

“Los mismos documentos informan que la constitución de empresas de papel por parte del Grupo Calaf y créditos fraudulentos obtenidos por ellas desde el Banco de Talca (cuyo gerente general era Piñera) habrían correspondido a operaciones de lavado de activos, en las que estaban involucradas, además, otras empresas”, publicó el periódico.

Días antes, El Siglo reveló que documentos de la CIA probaban la proximidad de Piñera con el dictador y lo vinculaban con el origen de su fortuna, difundiendo facsímiles de dichos documentos.

Uno de ellos, clasificado con la clave WSA/Was/3215B, analiza los antecedentes de Piñera y señala que estuvo involucrado “en lavado de activos, constitución de empresas ficticias, cohecho y asociación ilícita, actos todos relacionados con la intervención y liquidación del Banco de Talca, en 1982”.

A fines de 1981 el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Se encontraba en cesación de pagos, con obligaciones vencidas a favor del Banco Central por alrededor de US$ 38 millones.

La causa judicial se originó a partir de una querella presentada por el liquidador del banco, quien actuó en representación de la Superintendencia, en contra de los socios controladores y quienes resultaran responsables. El Segundo Juzgado del Crimen emitió en mayo de 1982 una orden de investigar, que dio inicio a la causa rol Nº 99.971-6.

“A Piñera se le imputó la calidad de autor de dos infracciones a la Ley General de Bancos. Primero al artículo 26, que sanciona a los directores y gerentes de bancos y garantes de una institución financiera, que entre otras conductas incurran en la genérica de simular la situación de la entidad; y en segundo lugar, al artículo 26 bis, que sanciona a quienes con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la Superintendencia, alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas. Según los querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al momento de su intervención a los US$ 40 millones. La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución financiera sumaban US$ 250 millones. En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de US$ 200 millones prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo.

En agosto de 1982 el entonces ministro de la Corte de Apelaciones Luis Correa Bulo declaró reo a Sebastián Piñera y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, quienes ya se encontraban recluidos.

Piñera eludió la detención manteniéndose oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo. El recurso fue presentado el 3 de septiembre de 1982 y el día 8 la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones lo rechazó. Pero, el 20 de septiembre, una sala de la Suprema lo acogió. El proceso judicial que siguió a la intervención del Banco de Talca, al igual que lo ocurrido con otros bancos e instituciones financieras en 1981 y en los años siguientes, fueron ocultados por la mayoría de los medios de prensa en la dictadura militar, y también bajo la democracia. Incluso, varios de ellos desaparecieron físicamente de los tribunales o del Archivo Judicial, como aparentemente es el caso del proceso por las irregularidades en el Banco de Talca. No obstante, en este último caso, en 2009, empezaron a aparecer algunas piezas del proceso.

Según El Siglo los documentos de la CIA revelaron “un papel hasta hoy desconocido de la Embajada de EEUU en la fuga de la justicia que emprendió Piñera”: James Theberge, entonces Embajador de EEUU en Chile, cabildeó con el presidente de la Corte Suprema para evitar su detención. Más aún, señala que se realizó una operación de inteligencia para sacarlo del país durante el tiempo en que tuvo la orden de aprehensión. Mónica Madariaga, Ministra de Justicia y Educación durante la dictadura y prima del dictador, reveló poco antes de morir, que la “presionaron para que no se procesara a Piñera por el caso del Banco de Talca”. El propio ex magistrado Correa Bulo reconoció a La Nación Domingo que dictó “una orden de aprehensión contra Piñera por delitos económicos”, admitiendo que Madariaga lo llamó “para pedirme que Piñera no fuera detenido ni procesado”.