De los casos de fraude en 22 municipios que investiga la justicia y que están entre los $200 millones y $100 mil millones, la oposición concentra el 95% de la suma total de los montos cuestionados.
De acuerdo con la lista que manejan el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), las investigaciones involucran a más de la mitad de las municipalidades e incluso el número de causas abiertas supera el número total de municipios del país.
Si se toman los 35 casos con los montos cuestionados más altos, los partidos Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), están involucrados en 30 de 35, es decir, más del 75% de los casos.
Según un reportaje publicado por El Desconcierto, en los primeros lugares de la lista, encabezada por la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, figuran Cathy Barriga (Maipú), Nora Cuevas (San Bernardo), Daniela Peñaloza (Las Condes), Graciela Ortúzar (Lampa), Raúl Torrealba (Vitacura), Rodrigo Delgado (Estación Central), Luis Berwart (San Fernando), Juan Ramón Godoy (Rancagua) y Juan Galdames (Rinconada).
De los 22 municipios del país que están siendo investigados por casos de corrupción y desvío de dinero por montos superiores a los $200 millones, 17 corresponden a autoridades municipales de la UDI o RN, lo que equivale a cerca del 77% de los casos con las sumas más abultadas, alcanzando una suma superior a los $173 mil millones.
Si se añade el caso de los alcaldes que fueron electos como independiente, pero que se encuentran ligados a Chile Vamos, la cifra supera $180 mil millones, lo que se traduce en un 98% del total de montos más cuantiosos que el Ministerio Público está investigando.
Reginato lidera lista de los fraudes más abultados
Las causas judiciales con los montos más abultados pertenecen a la gestión de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI).
Una auditoría forense a los estados financieros de la Municipalidad, de junio 2016 a junio de 2021, dio cuenta de millonarias irregularidades en la administración a cargo de Reginato, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo de arriendos, entre otras anomalías, que generaron “pérdidas” para la municipalidad por más de 100 mil millones de pesos.
Dentro de los activos faltantes, la auditoría reveló un incremento injustificado de montos por arriendo de inmuebles destinados a Seguridad Ciudadana y la administración Deporte y Recreación, respaldados con decretos alcaldicios, pero sin una justificación concreta del incremento.
Además, el informe decretó la falta de más de 1.000 bienes del inventario municipal, entre ellos tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal.
Por otro lado, se descubrió que el municipio pagó un monto total de $22.979 millones en horas extraordinarias (cerca de $4.600 millones anuales), con una altísima frecuencia.
Asimismo, respecto a la gestión de cobranzas, se halló que hubo una baja en la recaudación en los años 2018 y 2019, por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza aplicadas, lo que impacta en una masa importante de acreencias que el municipio no ha podido ingresar a las arcas, por un total aproximado de $65.699.800.
En segundo lugar figura la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI), quien está formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, con más de $31 mil millones cuestionados en su administración entre 2016 y 2021.
Asimismo, figura el caso la exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI), quien enfrenta querellas por fraude al fisco y arriesga hasta 15 años de presidio, por $9 mil millones cuestionados durante su gestión que finalizó en 2020.
El alcalde de San Bernardo, Cristopher White, presentó una querella criminal contra la exjefa comunal y exdiputada UDI, Nora Cuevas, por los delitos de fraude al Fisco, malversación de recursos públicos y desfalco.
Según la acusación presentada ante la Fiscalía local, la entonces jefa comunal y el funcionario de Viñaspre Parvex, Jorge Antonio Ruiz, no utilizaron más de $9 mil millones de fondos destinados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), montos cuyo destino no han detallado ni han reintegrado.
El presunto delito apunta a Cuevas y a Ruiz por su calidad de expresidenta y de secretario general de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna respectivamente.
La acción judicial denuncia que el dinero fue utilizado con fines distintos al que estaba destinado originalmente, delitos por los que las otrora autoridades municipales arriesgan 15 años de cárcel.
El documento presentado ante el Ministerio Público está basado en el Informe de Investigación Especial N° 904 de 21 de septiembre de 2017, emitido por la Contraloría General de la República y la Querella del Consejo de Defensa del Estado.
En 2018 el Ministerio Público abrió una investigación en contra de Graciela Ortúzar (RN), quien ejerció como jefa comunal de Lampa desde el 2008 hasta el 2021, por presuntas faltas a la probidad administrativa, malversación de fondos públicos y apropiación indebida de cotizaciones previsionales.
La Municipalidad de Lampa interpuso una querella en contra de la exedil, debido a una deuda de 1.500 millones de pesos por no pago de las cotizaciones a profesores y funcionarios de la salud, la cual habría aumentado a seis mil millones debido a los impuestos.
Serían cerca de mil profesores y funcionarios de la salud a quienes se les descontó el dinero correspondiente a sus cotizaciones entre los años 2008 y 2021, pero ni en sus fondos de pensiones ni cotizaciones aparecían los depósitos que debía hacer el municipio.
El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (RN) está imputado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.
Según las indagatorias, no se pudo acreditar gastos por un total de $1.414.488.629 que fueron destinados a entidades como Vitasalud, Vitaemprende, Vitadeportes y el Consejo Local de Deportes.
Cabe destacar, que todos los casos que están siendo investigados por el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, entre otros, involucran a autoridades que estuvieron en el cargo a partir del año 2015, es decir, posterior a la creación del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, más conocido como “Comisión Engel”, que en febrero de 2025 cumplirá una década.
Sigue leyendo: