A dónde irán a parar los millonarios recursos para el Proceso Constituyente

Mientras la ciudadanía espera con extrema paciencia que la Presidenta de la Republica dé a conocer el mecanismo y los instrumentos del proceso constituyente –a estas alturas ya con ribetes del cuento del lobo–, una glosa que se incorpora por primera vez al Presupuesto de la Nación promete convertirse en protagonista de la contingencia política.

El ítem está incluido en el proyecto de ley que acaba de ser ingresado por el ministro de Hacienda a la Cámara de Diputados, para su primer trámite constitucional. En efecto, para 2016 los ministerios Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Secretaría General de Gobierno (Segegob) –el primero encargado de la agenda legislativa del Ejecutivo, y el segundo de la vocería de Gobierno– destinarán, de ser aprobado por el Congreso, 2 mil 346 millones de pesos a la implementación del llamado ‘proceso constituyente’, cuya fecha de inicio está pronta a ser anunciada por la Presidenta Bachelet.

El nuevo ítem presupuestario, denominado “Estudio para una nueva Constitución”, asciende a 2 mil 346 millones 996 mil pesos, y se desglosa en $1.247 millones para la Segpres y $1.100 millones para la Segegob, según El Mercurio.

El ministerio Secretaría General de la Presidencia explica que la cifra solicitada ‘puede suponer tanto la contratación de expertos en el área, como estudios vinculados y servicios asociados al proceso participativo nacional, y que el detalle será explicado por Hacienda en la tramitación’.

Respecto al gasto que implica el proceso constituyente –prometido para septiembre por Michelle Bachelet, y luego postergado para octubre a instancias cupulares de la Nueva Mayoría–, la Segpres sostiene que ‘con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal que demande la ejecución de este programa. El gasto en personal será de $764.396.000 para financiar un número de hasta 219 persona’.

Por su parte, la Segegob, cuyo presupuesto 2016 se estima en 4 mil 339 millones de pesos, de los cuales $1.100 millones irán a ‘estudios y sondeos de opinión (que) podrán ser cargados a ese ítem, y que sus resultados deberán ser proporcionados a quien lo solicite, salvo que la autoridad ministerial los defina como parte de un análisis estratégico’, consigna El Mercurio.

Los sospechosos de siempre

En un país como Chile, donde ya resulta tan familiar y tan frecuente ver muertos cargando adobes, cabe preguntarse si semejante presupuesto será necesario para que, al cabo, el Gobierno arribe a la previsible conclusión de que la tarea de formular una nueva Carta Fundamental, ha sido, es y será privativa del Congreso, dando de paso una bofetada a toda la ciudadanía que anhela con la inocencia de un niño ser considerada en la construcción de un texto que la afecta de la mañana a la noche, desde que nace hasta que muere.

¿Por qué en esta oportunidad tendrían quedar fuera de ese festín ditirámbico del dinero público, aquellos siempre prestos a estirar la mano para recibir algo más jugoso que un simple estipendio?

Desde ya los ciudadanos debiesen contar con la certeza de que esos más de 2 mil millones de pesos tendrán un buen uso, y que ellos podrán pedir explicaciones de su real destino. Sin embargo, la frase en relación a ‘estudios y sondeos’ referidos al proceso constituyente inhibe con antelación la facultad escrutadora ciudadana: ‘salvo que la autoridad ministerial los defina como parte de un análisis estratégico’.

El proyecto de ley señala ‘la glosa puede suponer tanto la contratación de expertos en el área, como estudios vinculados y servicios asociados al proceso participativo nacional’, acciones que quedan sin explicación respecto a la cómo se calificará la competencia de los expertos, ni cuáles ni cuántos estudios resulten indispensable, lo que, con todo derecho, da pie a la mayor desconfianza ciudadana posible.

Que se diga que ‘con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal que demande la ejecución de este programa. El gasto en personal será de $764.396.000 para financiar un número de hasta 219 persona’, no hace sino sembrar la incertidumbre pública. ¿Qué justifica que un tercio de la glosa se destine a sueldos de hasta 219 personas?, ¿serán, una vez más, los partidos políticos los que vean en el mentado presupuesto para estudios una oportunidad para ubicar a sus huestes?, ¿el concepto ‘todo tipo de gastos’ no será demasiado amplio e interpretable?

Habrá que ver si, de aprobarse el ítem presupuestario, los que califiquen como ‘estudiosos’ aptos y habilitados para abocarse al proceso constituyente, no sean los mismos de siempre, pues, no sería extraño ver estirando la manito a los Correa (Imaginacción), los Tironi, Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, y demás think tank de diverso cuyo.

Ojalá que los 2 mil 300 millones no se conviertan en un nuevo insumo del viejo consenso, donde todos tocan y todos son felices, desde moros a cristianos. El deber del gobierno es despejar esa sospecha. La ciudadanía así lo espera.