A pesar de las renuncias, declaraciones y consejos asesores, Bachelet no ha exigido la anulación del negocio

Desde el destape del caso Caval la mirada se ha concentrado en la reunión sostenida entre el hijo de la Presidenta, su esposa y Andróniko Luksic. El escándalo que derivó en la renuncia de Dávalos de la Moneda, una investigación a la sociedad y tibias declaraciones de la Presidenta no han logrado calmar las exigencias y cuestionamientos ciudadanos que fuertemente han apuntado a que a pesar de todas las medidas, Caval recibirá un millonario pago a raíz de un ilegítimo negocio.

A pesar de las renuncias, declaraciones y consejos asesores, Bachelet no ha exigido la anulación del negocio

Autor: Jimena Colombo

La semana pasada la empresa Silca -sociedad que compró los terrenos en Machalí a Caval- presentó una querella con el objetivo de dejar sin efecto el contrato de compra de los terrenos a la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. Este fin de semana el Juzgado de Garantía de Rancagua declaró admisible esta querella presentada por el dueño de Silca, Hugo Silva.La notaria donde se llevó a cabo la compra-venta tiene retenido el documento por 2 mil millones de pesos como pago a los fundos de Machalí. Además, el proceso de inscripción está detenido a la espera de que esta transacción quede sin efecto.

Cabe señalar que desde que se destapó el caso Caval, ha quedado en evidencia el tráfico de influencia a partir de la reunión entre Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y Andróniko Luksic, cita tras la cual se aprobó el crédito por 6.500 millones de pesos, monto destinado a comprar los terrenos de los fundos en Machalí que luego fueron vendidos a Silca. Además de evidenciarse el nexo del hijo de Bachelet con Luksic, la deferencia que el mismo empresario dijo tener con Dávalos,  la forma en que el matrimonio Dávalos-Compagnon realizó el millonario negocio depertó en la ciudadanía un profundo rechazo a aquellas prácticas que finalmente quedan reservadas para las cúpulas poderosas.

Tras la renuncia de Sebastián Dávalos de su cargo como director en el Área Socio-cultural de la Presidencia y luego de las declaraciones de la misma Presidenta, emitidas semanas después del destape del caso, lo que quedó pendiente y ha sido demanda recurrente en las redes sociales y en la opinión popular, es que el desembolso de los millones no se concrete. A través de imágenes, memes, columnas de opinión, encuestas y otros, el descontento de la ciudadanía ha apuntado a que finalmente la empresa de la nuera de la Presidenta desembolsó una millonaria suma de dinero producto de la transacción, que a su vez se concretó gracias a  un préstamo que a ningún otro chileno se le concedería y donde sin duda pesó la posición,  el apellido y ser el hijo de la Presidenta.

memePor otra parte, pese a la insistencia del Gobierno en desmarcarse del escándalo y señalar que el Nueragate no ha impactado la evaluación de la imagen de la Presidenta, los dardos de la ciudadanía también han apuntado a la nula determinación que Bachelet ha tomado respecto del caso. Más allá de sus tibias declaraciones con respecto al actuar de su hijo y la formación del Consejo Asesor Presidencial que creará un marco regulador para la relación entre la política y los negocios, Michelle Bachelet no ha tomado cartas en el asunto para que la sociedad cuyo 50% pertenece a su nuera devuelva el dinero que generó un negocio a todas luces irregular, que por una parte contó con un favor de uno de los más cuestionados empresarios del país (que tarde o temprano será cobrado) y por otra parte se levantó a partir de la especulación de los suelos.
El rechazo a la figura de Sebastián Dávalos y el impacto negativo a la figura de la Mandataria han sido producto de que la sensación que queda tras este caso, es que a pesar de los fríos mea  culpa y a pesar de los consejos asesores que pretenden blanquear la imagen de quienes han hecho de la política y los negocios una sola institución y forma de gobernar, Caval se salió con la suya y el dinero recaudado a partir de una gestión privilegiada no ha sido detenida o deslegitimada ni por los propios involucrados ni por la Presidenta.

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