Un fiscal federal brasileño acusó al periodista estadounidense Glenn Greenwald por la presunta comisión de delitos cibernéticos, es respuesta a la serie de historias publicadas en The Intercept que sacó a la luz pública mensajes de texto de fiscales, magistrados y del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, relacionados con la Operación Lava Lato, que sacudió la política brasileña y empaño la imagen de ese grupo de trabajo “anticorrupción”.
La denuncia penal presentada este martes abriría la puerta a nuevos procesos judiciales -precisa The Intercept– y alega que Greenwald «asistió, alentó y guió directamente» a las personas que, según los informes, obtuvieron acceso a los chats en línea utilizados por los fiscales y otras personas involucradas en la investigación de la Operación Lava Jato.
Los abusos cometidos por Sergio Moro, cuando se desempeñó como juez de la Operación Lava Jato, fueron fundamentales para los reportajes conocidos como el “Archivo Secreto de Brasil”.
Los artículos ponen en duda la imparcialidad de Moro y de algunos fiscales que trabajaron en la investigación de corrupción que llevó a varias poderosas figuras políticas y comerciales a prisión.
Ahora, la acusación irá ante un juez, quien deberá decidir si aprueba o rechaza la solicitud de cargos.
The Intercept responde de inmediato
Tras conocerse la noticia, tanto The Intercept como Greenwald denuncian que la acusación es “un ataque a la prensa libre de Brasil”, en línea con los recientes abusos del gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
“El Gobierno de Bolsonaro ha dejado en claro reiteradamente que no cree en las libertades de prensa básicas. La denuncia penal contra el editor y cofundador de The Intercept, Glenn Greenwald, es el último ejemplo de periodistas que enfrentan serias amenazas en Brasil», publicó en un comunicado el medio.
Asimismo, agrega que desde la empresa “estamos horrorizados de que el Ministerio Público de Brasil haya decidido presentar un cargo tan descaradamente motivado políticamente contra Greenwald, en aparente represalia por los informes críticos de The Intercept sobre los abusos cometidos por el Ministro de Justicia y varios fiscales federales».
Igualmente, el medio considera todo «un intento de criminalizar, no solo nuestro periodismo sino también el de las docenas de socios que colaboraron con nuestro personal en más de 95 historias basadas en los archivos».
«No hay democracia sin una prensa libre, y los defensores de la prensa en todas partes deberían estar profundamente preocupados por el último movimiento autoritario de Bolsonaro», añade el texto.
Greenwald se declara inocente
Por su parte, Greenwald negó los cargos en su declaración, citando una investigación previa de la Policía Federal de Brasil que concluyó que no había cometido ningún delito.
«Hace menos de dos meses, la Policía Federal, al examinar la misma evidencia citada por el Ministerio Público, declaró explícitamente que no solo nunca cometí delito alguno, sino que ejercí una extrema precaución como periodista para ni siquiera acercarme a ninguna participación» en los hechos, se puede leer en el comunicado del periodista.
Greenwald destaca que, incluso, la Policía Federal bajo el mando del ministro Sergio Moro dejó muy clara su posición: “No hice nada más que mi trabajo como periodista, éticamente y dentro de la ley«.
“No nos dejaremos intimidar por estos tiránicos intentos de silenciar a los periodistas. Ahora mismo estoy trabajando en nuevos informes y continuaré haciéndolo», apuntó el estadounidense.
El periodista aseguró que fue metódico en sus tratos con la fuente que le dio los chats filtrados, consciente de las lecciones que aprendió en el caso Snowden. «Lo único que no pude hacer es dar instrucciones (…) Eso es cruzar una línea. Fui muy cuidadoso«, declaró.
La acusación del fiscal
El fiscal federal que presentó la denuncia penal, Wellington Divino Marques de Oliveira, quien trabaja en el Ministerio de Justicia pero con “independencia” fiscal, argumentó que Greenwald había «ayudado, alentado y guiado directamente al grupo criminal, actuando como garante del grupo y obteniendo ventaja financiera con la conducta aquí descrita».
De acuerdo con The New York Times, el fiscal sostiene que Greenwald alentó a los piratas informáticos a eliminar los archivos que ya habían sido compartidos con The Intercept, para así «cubrir sus huellas».
«Greenwald se comunicaba con los piratas informáticos mientras supervisaba activamente los chats privados en Telegram. La denuncia acusó a otras seis personas, incluidas cuatro que fueron detenidas el año pasado en relación con la piratería de teléfonos celulares», reseña un artículo del Times.
En 2019, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes emitió una orden judicial que prohíbe a la Policía Federal investigar el papel de Greenwald en la difusión de los mensajes pirateados.
No obstante, los fiscales alegaron que cumplieron con esa orden hasta que encontraron mensajes de audio que, presuntamente, implican a Greenwald en actividades delictivas.
En diciembre pasado, este mismo fiscal acusó al presidente del Colegio de Abogados de Brasil de difamación, por «hacer comentarios despectivos» sobre Moro. Sin embargo, un juez federal desestimó el caso, dictaminando que el argumento de Oliveira no tenía una base legal sólida.
Algunas impresiones
Thiago Bottino, experto legal de la Universidad Fundação Getúlio Vargas, en Río de Janeiro, enfatizó al Times que los fiscales no han descrito evidencia que sugiera que Greenwald violó la ley. «No hay nada en la acusación que demuestre que ayudó o guió» a los piratas informáticos, apuntó.
Asimismo, recordó que que la jurisprudencia de Brasil brinda a los periodistas amplias protecciones. «No se puede castigar a un periodista por divulgar un documento que se obtuvo por medios criminales», aseveró.
Por su parte, Gleisi Hoffman, presidenta del Partido de los Trabajadores, considera que se trata de un claro abuso de poder. «Quieren un estado policial, con más farsas, ilegalidades y actos arbitrarios», escribió en su cuenta Twitter.
El Comité para la Protección de los Periodistas también rechazó la denuncia. «Acusar a periodistas de actividades delictivas basadas en interacciones con fuentes envía un mensaje escalofriante a quienes trabajan en historias delicadas, en un momento en que los medios brasileños están cada vez más bajo el ataque de funcionarios de su propio gobierno«, señaló Natalie Southwick, encargada de monitorizar la libertad de prensa en América Latina.
Archivo Secreto de Brasil
La Operación Lava Jato procesó a reconocidas firmas de construcción y políticos brasileños por hechos de corrupción. Una de sus acciones más controvertidas fue la de procesar al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), a quien encarcelaron y sacaron de la contienda electoral en las presidenciales de 2018, a pesar de liderar todas las encuestas.
Tras ello, Bolsonaro ganó los comicios y rápidamente nombró a Moro, el juez que condenó a Lula, como su Ministro de Justicia.
Después del informe publicado por Greenwald, la Corte Suprema de Brasil liberó a Lula sobre la base de un argumento procesal, una reprensión punzante del trabajo de Moro.
El Archivo Secreto de Brasil se basó en materiales previamente no divulgados y proporcionó una visión sin precedentes de la investigación anticorrupción.
Los reportajes develaron acciones de supuestos fiscales apolíticos para garantizar que el Partido de los Trabajadores -de Lula- no ganara las elecciones; la colaboración prohibida entre los fiscales y el juez Moro; y el enriquecimiento personal de los fiscales, entre muchas otras revelaciones publicadas en inglés y portugués.
Por otro lado, Bolsonaro ha sugerido previamente que le gustaría deportar a Greenwald y amenazó con encarcelar al periodista por su trabajo. En ese momento, The Intercept condenó la amenaza mediante un comunicado y reiteró que Greenwald y demás reporteros del medio disfrutan de la protecciones a la prensa libre que establece la Constitución brasileña.
Greenwald en Brasil
El estadounidense se mudó a Brasil en 2005 después de conocer a David Miranda, un brasileño con el que luego se casó y que se convirtió en congresista federal el año pasado.
Años atrás,en 2013, el periodista se hizo ampliamente conocido por su papel en la publicación de documentos clasificados de seguridad nacional de Estados Unidos, filtrados por el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de ese país, Edward Snowden.
En 2016 cofundó The Intercept Brasil. Y ya en 2019, Greenwald expresó su preocupación de que las autoridades pudieran acusarlo penalmente como represalia por los informes basados en los mensajes filtrados. Así lo manifestó tras enterarse que funcionarios federales estaban investigando sus finanzas.
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