La Contraloría General de la República descartó que existiera alguna ilegalidad en el acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y calificó de vinculantes los compromisos ahí asumidos.
En aquellos compromisos se encuentran impulsar y aprobar el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la filiación y adopción homoparental, entre otras leyes y políticas públicas contra la homofobia y la transfobia.
En ese sentido, la Contraloría rechazó un recurso presentado por los diputados José Antonio Kast, Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, quienes alegaron que el ASA y sus contenidos eran ilegales, al igual que la firma de los ministros que sellaron el acuerdo con el Movilh. Junto con ello, dictaminó que “los tratados internacionales forman parte de la preceptiva que en el desempeño de sus funciones los entes públicos deben observar”.
Contraloría General de la República
Además, explicó que los acuerdos alcanzados en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como ocurre con el ASA firmado por el Estado y el Movilh, constituyen la aplicación de un medio de solución de controversias implantado bajo la jurisdicción de un organismo internacional.
El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, se mostró conforme por el actuar de la entidad contralora. “Estamos muy satisfechos con este pronunciamiento de la Contraloría, pues corta de raíz las intenciones de cualquier autoridad por desconocer el carácter vinculante del acuerdo y su legalidad. Es claro que, sea cual sea el Gobierno de turno, a todos los poderes del Estado les corresponde contribuir al más fiel cumplimiento del acuerdo en el marco de un trabajo conjunto y coordinado con el movimiento LGBTI, les guste o no”, aseguró.
Cabe recordar que el ASA fue firmado por la CIDH, el Movilh y los entonces ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de la Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz; de Justicia, Javiera Blanco; de Educación, Adriana DelPiano; de Salud, Carmen Castillo, y de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual.
El Ciudadano
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