Acuerdo entre Movilh y Gobierno podría agilizar matrimonio igualitario y adopción en parejas del mismo sexo

El matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo son dos de los anhelos que todavía mantienen muchos homosexuales en Chile. Sin embargo, las probabilidades de ambos de llegar a ser una realidad han aumentado considerablemente, debido a las negociaciones entre el Gobierno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para que este último se desista de una importante demanda contra el Estado chileno a cambio de que el Ejecutivo impulse esas dos importantes transformaciones.

El 2012 el Movilh presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado chileno por denegación de matrimonio a tres parejas del mismo sexo. En ese contexto, en el marco de la vista a Chile de la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, realizada en diciembre del año pasado, la organización presidida por Rolando Jiménez hizo una propuesta de “solución amistosa”, la cual hoy está en avanzado proceso de negociación entre las partes, y que consiste en el retiro de la demanda desde el Movilh y la firma de una serie de compromisos por parte del Ejecutivo.

Sin restar relevancia a otros puntos, desde el Movilh plantean que hay dos requerimientos que son claves para lograr el acuerdo: El envío de un proyecto sobre Matrimonio Igualitario y la posibilidad de que parejas del mismo sexo puedan adoptar. “Ese es el tema eje desde el cual se posibilita articular la salida amistosa: el matrimonio igualitario con adopción. O sea, matrimonio para las parejas del mismo sexo sin adopción no es igualitario. Por lo tanto, es una cuestión intransable”, sostiene Jiménez.

El presidente del Movilh explicó que han estado en una mesa de trabajo con varios ministerios –Justicia, Segpres, Educación y Relaciones Exteriores, entre otros- a los cuales le han planteado sus demandas para concretar la llamada “solución amistosa”. “Estamos discutiendo una ley de identidad de género, estamos discutiendo ya en la nueva ley de adopción la posibilidad de que las parejas del mismo sexo que hayan suscrito unión civil (AUC) puedan adoptar”, explica, y agrega: “Hemos avanzado bastante en términos de un acuerdo general y habían algunas diferencias con algunos plazos, pero eso se está concordando y ha ido avanzando bien en los últimos días, y falta la ratificación de un par de ministerios respecto de los compromisos asumidos y estaríamos en tierra derecha”.

Rolando Jiménez, presidente de Movilh

Los anuncios del gobierno

Por su parte, en voz de Marcelo Díaz el Gobierno dio nuevas luces sobre el matrimonio igualitario, declarando que “en el marco de una demanda presentada contra Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos hemos comprometido a que hacia el último trimestre de 2017 luego vamos a concluir un debate en la elaboración de un proyecto de ley”.

El Ejecutivo también se ha mostrado a favor de la posibilidad de que parejas que contraigan el Acuerdo de Unión Civil (AUC) puedan adoptar. “La ministra (Javiera Blanco) señaló estar de acuerdo con esta idea y explicó que de ser consultado el Gobierno sobre la materia emitirá un pronunciamiento favorable”, declaró en junio de este año el Movilh, tras una reunión con la entonces titular de Justicia.

Las otras demandas

Junto a esas demandas están las de “medidas de no repetición” de los perjuicios causados a las parejas que dieron origen al caso denunciado ante la CIDH, la promoción de la Ley de Identidad de Género, la penalización de la “incitación al odio” como agravante en casos de discriminación, el lanzamiento por parte del Ministerio de Educación de una política nacional de educación sexual, derechos humanos y diversidad en colegios públicos, y la derogación de los artículos 365 y 373 del Código Penal.

Respecto a estos últimos, se cuestiona que el primero de ellos da un trato distinto a las parejas homosexuales y heterosexuales cuando se trata de penalizar una relación sexual con un menor de edad del mismo sexo. El segundo es el relativo a las penas que deben enfrentar los que “de cualquier modo” realicen “ofensas” al “pudor y las buenas costumbres”.

“Hay cosas que están avanzadas por la vía legislativa, pero este acuerdo general le daría un impulso sin ninguna duda a toda esta legislación que paralelamente ya nosotros estamos trabajando”, sostiene Rolando Jiménez, quien asegura: “En el plazo de dos o tres semanas debiéramos tener claridad respecto de si tenemos acuerdo o no”.

Por Daniel Labbé Yáñez