Admiten querella por cohecho contra Orpis

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada por Fundación Ciudadano Inteligente en contra de Jaime Orpis, senador por la Región de Arica y Parinacota. La acción judicial fue presentada contra el parlamentario y demás personas que resulten responsables por el delito de cohecho.

Según detalla el contenido de la querella, entre los años 2010 y 2013, Jaime Orpis habría recibido mensualmente la suma de 2 millones de pesos por parte de la empresa Corpesca, del grupo Angellini. El dinero recaudado habría sido utilizado por Orpis con el fin de financiar su campaña política de 2009 para obtener la reelección en el cargo de senador.

En el mismo documento se describe que estos pagos habrían sido realizados mientras Jaime Orpis pertenecía a la Comisión de Pesca del Senado durante la discusión de la Ley de Pesca, instancia en la que el senador habría votado reiteradamente a favor de indicaciones que favorecían a Corpesca.

Al respecto, el Director Ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Pablo Collada declaró: “En el caso del senador Orpis tenemos muchas razones para creer que este caso va más allá de una falta de carácter tributario. Aquí está en juego una falta a la fe pública y a la probidad”.

Además, desde la fundación reiteraron su llamado a que la ciudadanía se haga parte de este proceso: “Es necesario que la ciudadanía se involucre activamente por una justicia en la que se respete el debido proceso y la igualdad ante la ley. Nuestra premisa es caiga quien caiga, ya no vamos a ser espectadores”, expresó Collada.

Cabe recordar que la ONG también es querellante en el caso Penta.

En mayo de este año el senador de la UDI por Tarapacá envió una carta a El Mercurio, donde reconoció su participación en un esquema de financiamiento irregular. «Se generalizó una manera irregular de financiamiento, del que lamentablemente no pudimos abstraernos», admitió en esa ocasión.

«Reconozco que solicité apoyo para el financiamiento de campañas políticas y desmiento categóricamente que ello haya influido en la manera en que he votado o actuado en mi vida parlamentaria», recalcó el parlamentario, negando de esta manera que haya incurrido en el delito de cohecho, como intenta probar la acción penal recientemente admitida.

A fines de julio el Fiscal Nacional Sabas Chahuán declaró secreta la investigación del caso Corpesca, amparado en un artículo del Código Penal que permite perseguir el lavado de dinero.